El próximo domingo se celebrará la primera ronda de la elección popular de ministros, magistrados y jueces a nivel federal y, en algunos casos, estatal, con el fin de remplazar a aproximadamente la mitad de los actuales integrantes del Poder Judicial en México.
Este ejercicio forma parte de la reforma judicial de 2024, que, entre otros elementos, dispuso la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces y magistrados. A esta reforma se sumó la denominada “Supremacía Constitucional”, que estableció que los cambios a la Constitución no puedan ser impugnados por vía legal. Finalmente, se modificó la Ley de Amparo, disponiendo, entre otros aspectos, que las suspensiones otorgadas en estos juicios no tengan efectos generales.
Con estas modificaciones, el partido oficial anuló virtualmente la capacidad del Poder Judicial para funcionar como contrapeso de los otros dos poderes. Lejos de resolver los problemas de inequidad y corrupción judicial señalados por el expresidente López Obrador, la elección popular de juzgadores presenta el riesgo de agravarlos.
La dificultad fundamental para esperar una administración de justicia más independiente e imparcial que en el pasado proviene del mecanismo elegido para designar a los juzgadores. Incluso si el diseño electoral fuera impecable y se incluyeran únicamente candidatos capacitados, las elecciones populares conllevan el riesgo de incentivar la emisión de sentencias populares o complacientes con los votantes, en lugar de procurar una aplicación objetiva de las leyes.
Por desgracia, las condiciones de la elección próxima son peores que ese escenario hipotético. Los requisitos para postularse a cargos judiciales fueron muy elementales. Con pequeñas variantes según el puesto, los requerimientos se limitaron a contar con título de abogado, tres o cinco años de experiencia jurídica, un ensayo de tres cuartillas, cinco cartas de recomendación y poco más.
La selección de candidatos estuvo, a su vez, dominada por el partido Morena y sus aliados, ya que dos de las tres comisiones de evaluación correspondieron a las ramas Ejecutiva y Legislativa. Tras el amparo concedido por un juez para suspender la reforma judicial, el comité de la rama judicial interrumpió sus actividades, por lo que el Tribunal Electoral determinó que el Senado eligiera por sorteo a los candidatos de dicha rama.
Los candidatos seleccionados resultaron, en su mayoría, afines al partido gobernante, con credenciales jurídicas limitadas y escasa experiencia judicial. Más preocupante aún, muchos de ellos parecen tener vínculos con el crimen organizado.
Además, la elección popular de juzgadores será prácticamente inmanejable. En total, se elegirán 881 cargos federales y se renovarán 1,800 posiciones a nivel estatal. En promedio, cada persona recibirá entre cinco y nueve boletas distintas y deberá tomar entre 50 y 150 decisiones individuales. El problema se profundizará porque la mayoría de la gente desconoce el alcance de los puestos y, por lo general, le será imposible discernir entre los candidatos a ocuparlos.
Simultáneamente, la complejidad del proceso y el recorte presupuestal harán que el conteo de votos se concentre en las sedes distritales del INE. La falta de participación ciudadana, la estrategia de Morena para distribuir “guías” e impulsar el voto por ciertos candidatos, la existencia de aspirantes sin oponentes y la ausencia de un mínimo de participación requerido para validar la elección convierten el proceso en un ejercicio redundante y engañoso para la ciudadanía. La pérdida de legitimidad de estas elecciones judiciales ha socavado los cimientos de la democracia, condición indispensable para la convivencia pacífica en cualquier sociedad moderna.
Junto con las reformas judiciales previas, la elección popular de juzgadores colocará a individuos y empresas en una situación de vulnerabilidad jurídica significativamente mayor que la del sistema anterior, sin garantías de mejora en la protección de sus derechos frente a abusos del gobierno o de otras contrapartes, ni mucho menos de un combate efectivo contra la delincuencia y la corrupción.
La mayor incertidumbre en la aplicación de la justicia generará una base endeble para las decisiones económicas, inhibiendo la inversión, la expansión empresarial y la innovación. La erosión de la certeza legal fomentará, además, el desperdicio de recursos productivos en la búsqueda de favores gubernamentales. Todo ello reducirá aún más las ya menguadas posibilidades de progreso económico de mediano plazo para el país.