De 2019 a 2024, en promedio anual, la economía mexicana creció 0.9 por ciento, mientras la de Estados Unidos lo hizo a una tasa de 2.5 por ciento.
Al ser una economía con un nivel de desarrollo menor, nuestro país debería gozar de un mayor potencial de expansión económica que el de su principal socio comercial. Aunque esto no ha ocurrido en las décadas recientes, de 1990 a 2018, el crecimiento medio anual del PIB de ambas naciones fue prácticamente igual: 2.5 por ciento.
La drástica ampliación de la brecha económica de Mexico respecto a Estados Unidos durante los seis años recientes pone de manifiesto que la desventaja mexicana obedeció a causas internas. Entre éstas, destaca, sin duda, la “transformación” implantada por la administración del expresidente López Obrador, cuyas medidas generaron incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas.
Entre otros elementos, el gobierno de AMLO se caracterizó por un rompimiento de las reglas del juego, ejemplificado en las violaciones a las leyes y los contratos en el sector energético; un deterioro en la provisión y la calidad de los bienes públicos, como la seguridad, la infraestructura, la educación y la salud; un desperdicio de los recursos fiscales, exhibido en la interrupción de la edificación del NAICM, con un avance significativo, y la ejecución de proyectos mascota de dudosa rentabilidad social; así como abundantes compromisos de gasto social, que ponen en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante 2025, la situación de la economía mexicana no ha mejorado. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, en el primer trimestre de este año, el crecimiento anual del PIB fue sólo 0.6 por ciento, lo cual extendió la senda de ralentización del dinamismo económico observada en 2024, con variaciones anuales decrecientes, por debajo de 1.8 por ciento.
No es posible descartar que la incertidumbre generada por la expectativa de la imposición de aranceles de la administración del presidente Trump sobre muchos países, incluyendo México, haya influido, en algún grado, en el bajo dinamismo económico del primer trimestre. Sin embargo, el decepcionante desempeño económico de México ha antecedido, con mucho, a las medidas estadounidenses, lo cual confirma el papel preponderante de las políticas del gobierno mexicano.
Por desgracia, de septiembre a noviembre de 2024, el Congreso de la Unión de México aprobó diversas reformas constitucionales, que debilitaron aún más el marco institucional de la economía, mediante la concentración del poder en el Ejecutivo, al eliminar virtualmente el contrapeso del Poder Judicial y extinguir siete órganos autónomos. La eventualidad del uso ilimitado del poder contra los individuos pone en entredicho la seguridad de los derechos de propiedad, en detrimento de las posibilidades de crecimiento económico sostenido.
Lejos de mostrar preocupación por los potenciales efectos adversos del marco de política económica implantado por AMLO y culminado con las medidas legislativas recientes, la administración de la presidenta Sheinbaum lo ha elogiado. En su lugar, ha preferido orientar sus esfuerzos a contrarrestar el proteccionismo estadounidense con un proteccionismo mexicano.
Bajo el nombre de “Plan México”, el gobierno ha diseñado un programa de “política industrial” que busca convertir a México en una de las 10 economías más grandes del planeta. En ese plan, el gobierno ha identificado “sectores estratégicos” y ha diseñado estímulos fiscales, programas de relocalización, y planes de gasto y financiamiento, que impulsen la sustitución de importaciones con producción nacional, para atender al mercado interno.
A este enfoque de “desarrollo hacia adentro”, reminiscente, en parte, de los programas de economía cerrada implantados en México en los años setenta del siglo pasado, pertenece el anuncio de la Secretaría de Hacienda, de esta semana, sobre la intención de aumentar el contenido nacional de las compras gubernamentales y la sustitución de importaciones manufactureras, lo cual, junto con medidas de estímulo interno, presumiblemente incrementaría el crecimiento del PIB.
El Plan México adolece de las típicas limitaciones del intervencionismo estatal, como son el elevado costo de oportunidad de los recursos utilizados, la posible ineficiencia de la sustitución de importaciones, y el consecuente aumento de precios de los productos protegidos.
Con independencia de que el Plan México genere algún efecto sobre la producción y el empleo, el principal inhibidor del desarrollo económico del país no serán los aranceles del presidente Trump, sino que seguirá siendo el marco de política económica interna, cuya corrección a fondo debería ser la prioridad del gobierno mexicano.