Ojalá este fuera un artículo técnico sobre la red de transmisión eléctrica de México, país guadalupano alicaído por la pobreza energética, debido a dos agencias estatales que durante casi un siglo han invertido por debajo de las necesidades del país en el sector.
Ojalá, como lo sugirió el error de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, estuviéramos hablando de megabytes y no de megavatios. Y ojalá las cosas fueran como las plantean los funcionarios y entusiastas del régimen actual que nos prometen electricidad abundante y suficiente para el desarrollo del país si se aprueba su reforma eléctrica, una involución del marco jurídico para preservar un sistema de control político y económico de México a través del abasto de energéticos, en este caso la electricidad.
Nuestro desarrollo podría haber sido mayor en los últimos 50 años, si no hubiéramos tenido una red eléctrica insuficiente para las necesidades de la población y la industria. Históricamente la red eléctrica sirve para extraer una renta de las empresas y entregarla a los hogares. El sindicato y los burócratas a cargo de la empresa se llevaban su tajada.
La reforma de 2012 trató de romper esos poderes. Trató de propiciar la competencia en la generación eléctrica, y preservar el monopolio público solamente en los segmentos de transmisión y distribución eléctrica. Esto resultaría más rentable en el largo plazo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, la CFE necesitaba una transformación interna. Requería menos personal del que tenía. Necesitaba automatizar procesos. Las empresas eléctricas en el mundo lo hacen. Reducen su plantilla laboral, automatizan procesos, sacan de su actividad cosas que no son parte de su negocio principal. La CFE nunca fue una empresa de clase mundial, como nos quería hacer sentir su eslogan de hace algunos años. Era una de las agencias estatales que menos dinero perdía, pero nunca fue una empresa realmente eficiente.
Hoy, desde el gobierno, tratan de vendernos que 2012 fue una traición. Han construido un mito alrededor de las energías renovables. A pesar de que ofrecen los mejores costos al sistema, alegan que en realidad requieren un subsidio público. Mienten confundiendo términos como intermitencia e inestabilidad. Hacen comparaciones con los sistemas de despacho españoles, que son muy distintos a los mexicanos. Satanizan a grandes consumidores que han hecho inversiones para generar su propia electricidad a partir de renovables, con el argumento que no pagan suficiente por transmisión y distribución de esa electricidad.
La reforma de 2012 fue eficaz en enfrentar a esos poderes corporativos a la competencia. No lo fue tanto en propiciar el cambio en la CFE y que ésta se concentrara en los tramos monopólicos que le correspondían legalmente. Creímos que el presidente López Obrador entendía las implicaciones en el TMEC de revertir esa reforma eléctrica, sobre todo en lo concerniente a la protección de las inversiones de ciudadanos estadounidenses y canadienses. Llevamos un par de años oyendo al gobierno mexicano decirnos que la conversación con Estados Unidos es un “diálogo respetuoso” respecto a la reforma eléctrica, pero nuestro régimen, fiel a la lógica y actuación de su líder, no ha movido un centímetro ni una coma su postura.
Es esperanzador que los partidos de oposición pusieron sobre la mesa una reforma alternativa. La propuesta opositora es más sensata que la que está planteando el gobierno. También es motivo de optimismo que la Corte ha tomado decisiones valientes. Ayer, respecto al plazo injustificado de una década para que los servidores públicos se contraten en el sector privado. Hoy, los jueces decidieron respecto a las capacidades discrecionales del Ejecutivo para disponer de los subejercicios de gasto, declarándolas inconstitucionales porque el Poder Legislativo no puede renunciar a la potestad de decidir el destino de los recursos públicos. Ojalá la Corte se pronuncie por la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica, y su incompatibilidad con el TMEC.
El poder, como las espadas y cuchillos, pierde filo. Eventualmente necesita renovarse. Los siguientes dos años y fracción serán claves para que México recupere la fuerza de la división de poderes y las instituciones. No podemos seguir con monopolios eléctricos, antidemocráticos o de pensamiento. Que la alta tensión rebosada sea en las líneas eléctricas, no en la política ni entre los ciudadanos.