Escribir contra la ola no resulta fácil. Esto es especialmente cierto con asuntos que son aparentemente muy claros en términos morales. Ya ocurrió cuando insistí en que las pensiones no contributivas no eran una buena idea, a pesar de ayudar a viejitos sin ingresos, porque a cambio perderíamos vacunas. Y aunque suene bonito apoyar a los ancianos, hacerlo a costa de los niños no sólo es inmoral, sino socialmente dañino.
Ahora es la pobreza. Se ha reducido notoriamente, si se mide por ingresos, y no hay duda de ello. El incremento excesivo del salario mínimo, la locura de las transferencias, y una buena época de remesas explican este fenómeno. Qué bueno que haya más familias que alcancen un ingreso suficiente para vivir con cierta tranquilidad. Pero si se trata de un espejismo, entonces ya no es tan bueno.
Como hemos platicado en muchas ocasiones, el salario mínimo pudo moverse gracias a las medidas tomadas durante el sexenio de Peña Nieto para quitarle toda la carga legal que se le acumuló en 40 años. El primer incremento se hace en 2017, y entonces afirmé que podría duplicarse de un día para otro, sin costos. Prácticamente nadie, en el sector formal, ganaba menos de dos salarios mínimos. No se hizo así, sino con incrementos que duplicaron ese nivel hacia 2022. De ahí en adelante, he sostenido, los incrementos al mínimo pueden tener efectos inflacionarios o costos en empleo. Hay evidencia de que ambas cosas están ocurriendo. El impacto total podrá medirse en un par de años.
Reducir la pobreza era la estrategia de López Obrador para perpetuarse en el poder. Lo haría repartiendo dinero, aunque a cambio los servicios públicos se vinieran abajo. Así ha sido. Para poder repartir efectivo, es decir, comprar votos, todas las demás funciones del gobierno se abandonaron, y se les quitó presupuesto. Hoy las familias tienen más dinero, pero menos salud pública, pésima educación, infraestructura en deterioro, e inseguridad permanente.
Precisamente para eso se inventó la medición multidimensional de la pobreza, para evitar que ocurriese esto. Pero ahora no es sencillo comparar, porque INEGI cambió las preguntas, y porque, en el fondo, esta medición no era tan adecuada. Ya Rodolfo de la Torre reclamó el cambio en la pregunta en materia de salud. Lo mismo ha hecho Gonzalo Hernández en el caso del acceso al agua potable. Pero este indicador nunca ha medido calidad, y creo que es evidente el derrumbe del sistema de salud, que ha obligado a los hogares a incrementar significativamente su gasto de bolsillo; debería serlo también el desastre educativo, pero eso tarda muchos años en hacerse evidente.
Se celebra la reducción de 10 puntos porcentuales en la proporción de personas en pobreza. Exactamente eso pasó durante el gobierno de López Portillo. Ya le había mostrado eso con el tema de desigualdad, que ahora se repite con la pobreza. Ocurrió entonces como ahora, un gobierno que se endeuda por encima de sus posibilidades para convencer a la población de que vivirá mejor. Cuando hay que pagar, porque siempre hay que pagar, el sueño se convierte en pesadilla.
La única forma de reducir permanentemente la pobreza es incrementando la productividad. Eso es imposible en la informalidad, y muy difícil en el sector formal. La mejor aportación que puede hacer el gobierno para ello es contar con un sistema público de salud que funcione; un sistema de educación pública orientado a la productividad; infraestructura, urbanización y transporte que reduzcan los costos diarios, y, por encima de todo, seguridad, de la vida y las propiedades. Sin esto, el dinero, como decía Emilio Tuero, es tan sólo vanidad.
Celebren como celebraron el AIFA, el tren, la refinería, la salud danesa o el detente. Es ya el último truco del merolico.