El caso Hernán Bermúdez ha sido el tema más discutido en las últimas dos semanas. En la anterior, el general responsable de la zona militar de Tabasco hizo público que había una orden de aprehensión en su contra. Esta semana, García Harfuch dijo que esa orden existía desde febrero. Esto significa que, durante cinco meses, no sólo no se detuvo a Bermúdez, sino que ni siquiera sabíamos que era un prófugo.
No es sorprendente, puesto que todo indica que había información de su doble papel –como secretario de seguridad en Tabasco y como líder del grupo criminal llamado La Barredora– desde hace varios años, y su jefe inmediato no la conocía, o no le hizo caso. Ese jefe era el gobernador Adán Augusto López.
Quien sí hizo caso de la información, y procedió a investigar (y por ello pudo emitirse la orden de aprehensión), fue el actual gobernador de Tabasco, Javier May, que obtuvo el cargo gracias a López Obrador, quien desestimó las propuestas de Adán Augusto para ese puesto. Éste quería mantener el control de Tabasco y Chiapas en su familia, como había ocurrido cuando él gobernaba el primer estado, y su cuñado, Rutilio Escandón, el segundo. En esas buenas épocas para Adán, su hermana era funcionaria del SAT.
Con la decisión de López Obrador, Tabasco pasó a manos de otro grupo político, y por ello sabemos ahora de Bermúdez y es más clara la causa del desastre en seguridad en Tabasco y Chiapas durante los últimos años. En otros estados es probable que tengamos fenómenos parecidos, pero nos enteraremos sólo cuando un conflicto político lo haga público.
Veo en medios dos diferentes interpretaciones de lo que ocurre. Una de ellas supone que la información salió a la luz porque López Obrador así lo decidió, y es él quien está descubriendo a Adán Augusto. Otra sostiene que es Claudia Sheinbaum quien provocó la crisis, porque estaría empezando a tomar distancia de López Obrador. En esta interpretación, el elemento clave sería la denuncia pública del jefe de zona militar, que necesariamente habría tenido el respaldo del general secretario.
Para complementar estas dos especulaciones, se agregan otros políticos que estarían también moviendo su lealtad, o estarían por recibir golpes similares. La continua presión estadounidense también se utiliza como elemento explicativo, con lo que algunos llegan a imaginar el inicio de una persecución de altos mandos de Morena y su coalición.
Esta columna sostiene desde hace tiempo que, por las características de los participantes en dicha coalición, es muy posible una fractura, e incluso una implosión. Probablemente haya quien suponga que estamos al borde de ella, pero no lo parece. Hay conflictos internos relevantes, hay grupos que se mueven en direcciones diferentes (y generan tensión), pero el aglutinador más importante sigue presente: el poder y las riquezas que lo acompañan.
Aunque, como dijo alguien, inteligencia no les sobra, los dirigentes de la coalición entienden perfectamente que una fractura podría costarles todo. No parece que las presiones externas sean tan fuertes, ni hay todavía una situación económica de emergencia. No hay razón para perder, y menos cuando faltan cinco semanas para consolidar el autoritarismo, con el “nuevo” Poder Judicial. En estas cinco semanas, además, la opinión pública estará de vacaciones, aligerando las tensiones. Es un buen tiempo para buscar equilibrios y reflejarlos en el siguiente período legislativo.
Así que esta columna mantiene la interpretación que ha propuesto desde hace tiempo, pero no considera inminente su realización. Tal vez, si Trump no logra saltar el tema Epstein y necesita una fuga hacia delante, las cosas cambien. O si el emergente mapa comercial global resulta muy desfavorable, o se termina de derrumbar Pemex. Pero, mientras eso no ocurra, no van a soltar el botín.