Anuncia la Secretaría de Hacienda que hará una colocación de deuda para financiar un rescate parcial de Pemex. Según entiendo, el dinero que se levante en el mercado se invertirá en bonos del Tesoro estadounidense, contra los cuales Pemex podrá conseguir recursos en el sistema financiero. Puesto que en teoría el gobierno incrementa su deuda, pero también sus activos (los bonos), no es un incremento neto. Pemex puede obtener recursos que le permitan pagar a sus proveedores (que no cobran desde hace meses), y si obtiene ingresos por estas operaciones, se depositan en el fideicomiso que administrará este fondo.
Esta operación permite que las cifras de deuda (y de requerimientos financieros del sector público) no se muevan. Los pagos pendientes de Pemex, que no están ahí, no se suman al monto que, como hemos comentado, ya es problemático. Todo esto, claro, porque se supone que Pemex irá pagando al fideicomiso.
Entiendo que la emisión será cercana a 10 mil millones de dólares, que cubren la mitad de lo que Pemex debe, de forma que lo único que ocurrirá es que muchas empresas al borde de la quiebra reciban algo de oxígeno. Es posible que ya algunas de ellas no logren recuperarse, pero no se debe olvidar que otras dejaron de prestar servicios, y apenas con esto podrían volver a operar. La caída de producción de crudo, me parece, no es ajena a esto.
Sin embargo, es importante recordar que la verdadera deuda con proveedores es del doble de lo dicho, porque Pemex ha impedido que se ingresen facturas a su sistema desde hace meses. Es decir, esta operación puede reducir cerca de la cuarta parte de las cuentas por pagar. A eso hay que sumar vencimientos importantes para 2026, por lo que hay que considerar esta operación como una prueba. Si funciona, Hacienda tendría que repetirla en varias ocasiones.
Lo que se está intentando es resolver el problema de flujo de efectivo de Pemex sin que el gobierno asuma formalmente la deuda de la empresa. En el fondo, es un tecnicismo, y para algunas agencias calificadoras es ya un hecho la garantía soberana, es decir, que la deuda de Pemex tendrá que ser pagada por el gobierno en el futuro.
Para estas agencias, es muy probable que esta operación no les parezca problemática. Otras tal vez empiecen a considerar ya ese apoyo implícito.
El problema de fondo, sin embargo, no se resuelve con esta operación. Va a ser muy importante para las empresas que están siendo ahorcadas por Pemex, y eso es buena noticia. Tal vez tenga algo de impacto en la producción de crudo, como decíamos, cuando los proveedores se sientan confiados de que cobrarán por sus servicios. Pero si la causa de las dificultades financieras de Pemex no se ataca, habrá que estar emitiendo cada seis meses.
El origen del problema es la necedad de querer refinar. Debido a las condiciones materiales de las refinerías, y al oneroso contrato laboral, se pierde dinero en cantidades industriales. Cuando la reforma de 2013, se estimó que podrían eliminar las pérdidas con una utilización cercana a 45% de la capacidad instalada, y así se usaron desde 2017.
El gobierno de López Obrador decidió elevar ese nivel, regresando a las pérdidas multimillonarias. Por otra parte, en la búsqueda de incrementar la producción, volvieron a utilizar pozos que estaban cerrados por incosteables.
Si no hay una revisión a fondo, sin anteojeras ideológicas ni necedades patrioteras, no habrá maniobra financiera que alcance. Eso, me parece, es lo que en realidad están esperando las calificadoras: que además del salvavidas, Pemex aprenda a nadar.