Ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Se utilizó, entre otras cosas, para respaldar a Adán Augusto López, quien como gobernador de Tabasco puso en la Secretaría de Seguridad a Hernán Bermúdez, quien es acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora. La acusación proviene del gobierno actual de Tabasco, encabezado por Javier May, también de Morena. A esta sesión no acudió Ricardo Monreal. Da la impresión de que hay fracturas en el grupo hegemónico.
En su edición de esta semana, The Economist dedica un artículo a los programas de reparto de efectivo que este grupo ha utilizado como instrumento para mantenerse en el poder. Así lo dice la revista, que como usted sabe, es la más prestigiosa del mundo en su género. Con detalle, The Economist revisa el costo que ha tenido para los más pobres la destrucción de verdaderos programas sociales, como Progresa-Prospera, y enfatiza que la política social actual tiene como fin comprar votos.
Desde hace tiempo hemos documentado cómo se ha utilizado el dinero público para beneficio del grupo hegemónico. No es sólo que sus miembros sean flagrantemente corruptos, sino que han hipotecado las finanzas públicas para mantenerse en el poder.
Desde mediados de 2021, financiaron los tres años de campaña de Claudia Sheinbaum, como fue evidente para sus competidores internos, los ya mencionados Adán Augusto y Monreal; desde mediados de 2022, se inflaron los datos de inversión con carretadas de dinero tirado a la basura en Dos Bocas y el Tren Maya; desde mediados de 2023, se amplió el número de beneficiarios del reparto de efectivo y se incrementó el monto entregado, creando una burbuja de consumo que, sumado a lo anterior, daba la impresión de que las cosas estaban bien. Claro que para los dudosos, no faltó dinero el mismo día de la elección, ni operadores que los acarrearan.
Una parte importante de esa burbuja de consumo fue el incremento exagerado del salario mínimo. Como lo hemos comentado desde 2016, cuando empezó la discusión de este tema, era perfectamente posible duplicar el salario mínimo de entonces. Apenas un puñado de personas ganaba menos de eso, de forma que era nada más reconocer la realidad. Eso se alcanzó a mediados de 2022, y desde entonces los aumentos debieron ser significativamente menores a los aplicados. Pero los empresarios no tuvieron el coraje de impedirlos.
El costo de esos incrementos exagerados empieza a reflejarse en el empleo desde 2024. Para junio de 2025, último dato disponible, se han perdido 10 mil empresas de un solo trabajador; más de 16 mil microempresas con dos a cinco empleados; poco más de tres mil pequeñas con hasta 50 trabajadores. Las empresas más grandes, de 51 a 250 trabajadores, y de 251 a 500, tampoco han mejorado. Las primeras alcanzaron a crecer hasta octubre pasado, pero desde entonces se han perdido más de mil 300; las segundas nunca se recuperaron del primer año de gobierno de López Obrador, y en los últimos 10 meses han cerrado 68, una caída de 1%.
Se presionó en exceso a las empresas, aunque las muy grandes puedan sobrevivir a ello. Se borraron tres décadas de finanzas públicas sanas. Todo fue para mantener el poder y para expulsar a cualquiera que intentara enfrentarlos. Es decir que no sólo se han robado recursos, como es público, se robaron también la capacidad del Estado y el margen de maniobra de las empresas.
Para evitar castigo, eliminaron órganos autónomos, Poder Judicial, y amenazan de forma continua a los críticos.
Y todo para tener que cuidarse ahora de los golpes internos. Insisto, son excluyentes, indisciplinados e incompetentes.