En las últimas semanas, la presión del gobierno de Estados Unidos sobre México, en el tema de seguridad, se ha incrementado notoriamente. Como ya muchos colegas han comentado, circula la versión de una lista de políticos que, de acuerdo con el gobierno vecino, estarían involucrados con el crimen organizado, y por lo tanto son sujetos de represalias.
A esta luz se lee el retiro de visas del alcalde de Matamoros y la gobernadora de Baja California. Si bien un alcalde o gobernador del sur del país podrían desempeñar perfectamente su encargo sin tener visa, eso es imposible en la frontera con Estados Unidos. No creo que la gobernadora pueda mantenerse en el cargo en estas circunstancias.
Por otra parte, el enfrentamiento entre los grupos de El Chapo y El Mayo no sólo no termina, sino que parece extenderse a otras entidades, y hay rumores de alineamiento de otros grupos en este conflicto. Más allá de ello, es evidente el deterioro en la aplicación de la ley en prácticamente todo el territorio nacional, aprovechado por diferentes grupos para extorsionar, despojar, o simplemente destruir. En nada ayuda la demolición del Poder Judicial, como podrá imaginar. Esos grupos tendrán ahora sus propios jueces, magistrados y ministros.
Hace algunos días, el general secretario afirmó que las Fuerzas Armadas pueden acabar con los grupos criminales, que ninguno es más poderoso que el Ejército. Eso no es tan claro. Tal vez puedan, pero sólo en un enfrentamiento generalizado, que es para lo que el Ejército sirve. En la vida diaria, el gobierno simplemente no tiene el control.
Usted recordará que Weber definía al Estado como “el monopolio de la violencia legítima”. En México eso no existe. Lo que tenemos es un oligopolio de violentos en proceso de legitimación. En ese mercado, el Ejército tal vez pueda actuar como pagador de última instancia, en una guerra civil, pero no estoy seguro de ello. En las tres ocasiones anteriores en que el Ejército ha tenido que hacerlo, en las tres desapareció. En la primera, convertido en Trigarante; en la segunda, reemplazado por los Liberales; en la tercera, derrotado y desaparecido con los Tratados de Teoloyucan, hace 110 años y medio. ¿Cuarta… transformación?
El Ejército (y la Marina) deberían tener como objetivo defender al país de enemigos externos. Se puede entender su apoyo a la seguridad civil (policía, ministerios), en tanto los grupos criminales actúan como actores no estatales que amenazan la seguridad nacional. No hay manera de entender su actuación como constructores, promotores de turismo, encargados de salud pública, u otras tantas actividades absurdas que han ocupado los últimos años. Tengo dudas de que puedan ahora cumplir razonablemente alguna de las tres funciones.
Como ocurre con la economía, en la que el gobierno no puede cambiar curso porque el sexenio pasado dejó muy vulnerables a las finanzas públicas, ocurre con la seguridad. No es sólo la promoción de abrazos del gobierno anterior, sino la transformación de las Fuerzas Armadas en una máquina de hacer dinero. Lo que no había corrompido el crimen, lo ha hecho el acceso al presupuesto.
Convendría retirar a los militares de las actividades que no les corresponden, y concentrarlos en la defensa del territorio, hoy amenazado más por los grupos criminales que por actores externos. Convendría fortalecer la fuerza pública civil, eliminando la Guardia Nacional como brazo de la Defensa. Convendría limpiar la nómina pública de topos del crimen, en el Congreso, el gobierno federal y las gubernaturas, de entrada. Son tres pasos indispensables, a los que los colegas expertos en el tema seguramente agregarán otras medidas más específicas. Pero creo que los tres mencionados son urgentes.
Convendría, para ello, que se asumiera el poder en pleno.