El lunes vimos que la tendencia de la economía mexicana apunta a un estancamiento, a menos que algo inusual ocurra. Decíamos que la causa principal es la baja inversión, porque aunque en los últimos dos o tres años haya crecido, no alcanza a compensar lo ocurrido desde la cancelación del aeropuerto, seguida por el confinamiento sin apoyo del gobierno. Con todo y las cifras que esta columna ha disputado desde hace más de dos años, el rezago es de casi un año perdido.
La inversión depende de dos variables: el rendimiento y el riesgo. Todos quisiéramos invertir sin riesgo y con gran rendimiento, pero eso no existe. La gran demanda de milagros es lo que sostiene la industria del fraude, por cierto. El piso de referencia para el rendimiento es la deuda del gobierno, que los economistas llaman “riesgo cero”. No porque lo sea, sino porque todo lo demás es un poco más riesgoso que prestarle al gobierno. En las últimas semanas, esta idea ha sufrido, conforme el gobierno menos riesgoso del mundo deja de serlo, gracias a las locuras del ‘rey’ Donald. Hoy, los bonos del Tesoro de ese país pagan 4.5% anual en un plazo de 10 años. Es un rendimiento muy elevado, que pone el piso para todo lo demás.
Para México, a ese 4.5 hay que sumarle 1.5 puntos que son el riesgo asociado a nuestro país. Este dato también viene de los mercados, y es resultado de las creencias de los que ahí invierten. Digamos entonces que nuestro piso es de 6%. Por eso, el Banco de México tiene margen para reducir su tasa de referencia, y posiblemente terminar el año en 7%. Estos rendimientos se obtienen sin riesgo, sin trabajar, nomás prestando al gobierno.
Una inversión productiva tiene que pagar al menos eso mismo, y compensar los riesgos. El riesgo es algo que puede medirse (razonablemente) y por lo tanto traducirse en un rendimiento adicional esperado: una cierta probabilidad de que lo que produzca la inversión se venda a buen precio, o llegue a un mercado muy competido y se tenga que castigar ese precio; la probabilidad de que haya gastos no previstos, como pago de piso o seguridad privada; la probabilidad de que aparezcan grupos “sociales” exigiendo compensación por supuesto sufrimiento; o de plano la probabilidad de que el gobierno decida prohibir lo que se produce, o imponerle un impuesto especial, o expropiar la inversión.
La probabilidad de estos últimos gastos no previstos es hoy muy superior a lo que había sido en los años de la democracia. En esos años, se podía enfrentar al gobierno haciendo uso de la ley, y se podía ganar. Ahora es imposible. En consecuencia, o se incrementa el riesgo, o desde el inicio se acepta el costo adicional, negociando con funcionarios, líderes y criminales. Para los que tienen algunos años, es lo que se hacía antes de 1994. Treinta años después, esto es inaceptable para empresas de países ricos, porque se los prohíbe su propia ley. Recientemente, el ‘rey’ Donald también está cambiando eso, para que sus empresas puedan corromper en todo el mundo, pero ya veremos.
El resultado de lo anterior es que habrá menos inversión, y la que haya exigirá mayores rendimientos. El resultado final serán menores salarios reales. Es el costo de destruir al Poder Judicial.
Además de esto, una inversión productiva requiere insumos, destacadamente energía y mano de obra. También gracias al sexenio pasado no tenemos energía disponible, especialmente eléctrica, que ahora es la más requerida. La mano de obra que tenemos es buena para ensamblar, y poco más que eso. Tenemos lo que construyó el viejo régimen, una sociedad mediocre que le permitiera sobrevivir, y que ha sido lo que le permitió regresar, ahora en versión farsa.
No mate al mensajero. Es lo que hay.