Conforme se acerca la elección de jueces, magistrados y ministros queda más claro el tamaño del problema en que nos ha metido el grupo que tiene el control del poder político en México, merced a un golpe de Estado, fraguado precisamente con miembros del Tribunal Electoral, que validaron una mayoría capaz de modificar nuestro acuerdo básico, la Constitución, sin argumentar, negociar o discutir.
Las elecciones se ganan con dinero, básicamente. Ayuda el carisma individual, la fortaleza del equipo, la presencia de un partido, pero al final se necesita dinero en abundancia. El dinero lo tienen tres grupos: los ricos, el gobierno y los criminales. Grupos con amplias intersecciones, como se sabe. Por eso los partidos de izquierda, que creen en un gobierno grande, siempre han favorecido que haya financiamiento público, porque de ahí obtienen el dinero para ganar elecciones. Por eso quienes llegan al poder, en particular si tienen esa orientación, hacen uso de los recursos públicos para ganar las siguientes elecciones.
Así ocurrió con López Obrador, como sabemos. Su carisma y el show del desafuero le dieron una base social nada despreciable, tal vez 20% de los votos, que sin embargo no alcanzaba para ganar. Por eso recurrió a financiamiento inconfesable, como ahora sabemos. Los criminales arrepentidos, testigos protegidos en Estados Unidos, han declarado que recibía, desde 2006, recursos provenientes del crimen. Los dichos de un criminal no deberían ser atendidos, pero esos dichos fueron la evidencia con la que se condenó a García Luna, de manera que habrá que considerarlos también en este caso.
Una vez en el poder, López Obrador utilizó el erario para las siguientes elecciones. En 2021 también contó con colaboración del crimen, como fue evidente en las elecciones de los gobernadores de Sonora, Sinaloa y Michoacán. Pero para 2024 tuvo que multiplicar esos recursos, de manera que procedió a incrementar la deuda del gobierno en 10 puntos del PIB, que ahora nos tienen en una posición muy vulnerable.
Si eso ocurrió con elecciones en un marco realmente democrático, cuando los ciudadanos entendían lo que se elegía y sabían cómo votar, cuando eran ellos quienes contaban los votos, es fácil imaginar lo que ocurrirá en poco más de un mes, con boletas inescrutables, listas de desconocidos y conteo de los votos en lo oscurito, lejos de los ciudadanos.
El compromiso de los poderes para depurar las listas, según parece, no se cumplió, y quienes asistan a votar es posible que elijan a criminales, corruptos o incapaces, sin saberlo. No es que en las elecciones tradicionales eso no pase, es que aquí tanto la probabilidad de que ocurra, como su impacto, es mucho mayor.
Aunque se reemplaza sólo una parte del Poder Judicial, la destrucción ha ocurrido con la totalidad. Incluso Hacienda se ha robado los recursos de los fideicomisos que garantizaban prestaciones y retiros de jueces y magistrados. La carrera judicial ya no tiene sentido. Los mecanismos de promoción, control interno y las evaluaciones estarán en manos de un tribunal inquisitorial. Muy rápidamente sólo quedarán ahí quienes no tengan alternativa, quienes sean corruptos o quienes trabajen para otros patrones (es decir, ricos y criminales). Esto mismo ocurrió hace seis años, cuando se quiso prohibir a los funcionarios moverse a trabajar en otras partes, y aquí lo comentamos. En aquel entonces, la Corte detuvo la insensatez. Ahora, la insensatez acaba con la Corte.
Si el grupo en el poder fuese monolítico, lo que ocurre con el Poder Judicial sería la confirmación de una dictadura. En la situación actual, lo que se ratifica es el caos. Me parece que la única manera que tenemos de reaccionar es no asistiendo a votar. Un bajo porcentaje de asistencia mostraría la ilegitimidad de todo este proceso.
En cualquier caso, votar en México ya no tiene sentido. En el actual, resulta dañino.