Las redes sociales no garantizan ganar elecciones (aún), pero sin redes sociales no se triunfa.
Mayor gasto en campañas digitales no significa más eficacia. Los clics, las vistas, no son votos, pero algo ha cambiado: las campañas se libran en TikTok, Facebook, X y otras plataformas, donde la IA genera contenidos personalizados, microsegmenta audiencias y amplifica mensajes con velocidad vertiginosa.
Sin reglas claras, estos espacios son terrenos fértiles para la manipulación: desinformación viral, deepfakes que distorsionan la realidad o el uso indebido de datos personales para influir en votantes.
Facebook retrocede entre la juventud, mientras los políticos le pierden el miedo al ridículo al subir videos a TikTok: las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) moldean el debate público.
¿Hemos entrado en un “salvaje oeste” digital donde el dinero oscuro, la desinformación y la manipulación extranjera pueden operar con impunidad, amenazando la integridad de nuestras elecciones?
La evidencia es cada vez más clara: las viejas leyes, diseñadas para un mundo de carteles de lona y mítines en la plaza, ya no son suficientes para los desafíos del siglo XXI.
México se encuentra en un proceso encaminado a actualizar su marco electoral. A lo largo de décadas, se edificó un andamiaje institucional para propiciar la equidad en los medios tradicionales como la radio, la televisión y la prensa escrita.
Sin embargo, el ecosistema digital representa un reto inédito. Una de las oportunidades clave de la iniciativa de reforma electoral que se avecina es cerrar los vacíos legales que persisten en torno a las campañas digitales.
Regular al ámbito digital con espíritu de equidad, no con el fin de censurar, sino de dotarle de transparencia y trazabilidad, puede fortalecer la integridad del proceso democrático.
Se trata de establecer reglas claras para que los ciudadanos sepan quién financia un anuncio político en línea, cómo se utilizan sus datos y qué mecanismos existen para contrarrestar abusos.
La reforma podría introducir normas específicas sobre el uso de IA en campañas, exigiendo que los partidos políticos y candidatos declaren el empleo de herramientas como chatbots o generadores de imágenes sintéticas.
Estas reglas deben ser aplicables y auditables, con mecanismos para que el INE verifique el cumplimiento en tiempo real. Plataformas como Meta o Google podrían verse obligadas a etiquetar contenidos políticos patrocinados, revelando su origen y financiamiento, similar a lo que ya ocurre en la Unión Europea con la Digital Services Act.
Otro pilar fundamental es elevar la confianza ciudadana mediante una transparencia radical y rendición de cuentas. La reforma puede exigir que todos los actores involucrados, desde partidos hasta influencers y empresas tecnológicas, rindan cuentas públicas.
Imaginemos un registro nacional de campañas digitales, accesible en línea, donde se detallen gastos en publicidad algorítmica y el impacto de estas en audiencias específicas.
Esto no solo disuadiría prácticas opacas, como el astroturfing (práctica que simula un movimiento o apoyo “de base” de manera artificial, para que parezca orgánico y espontáneo), sino que empoderaría a los votantes para discernir información veraz de propaganda.
La modernización de la justicia electoral es imperativa para lidiar con la velocidad, complejidad e inmediatez del mundo digital.
La iniciativa podría habilitar remedios rápidos, como suspensiones temporales de cuentas que difundan deepfakes durante periodos electorales, o un “botón de pánico” para denuncias ciudadanas procesadas en horas, no semanas.
Además, se requiere capacitar a las autoridades electorales en tecnologías emergentes, incorporando expertos en ciberseguridad y datos para auditar algoritmos.
Más allá de la contención de riesgos, la reforma representa una oportunidad para convertir la tecnología en aliada de la inclusión y la representación sustantiva.
En México, donde persisten brechas digitales, las plataformas pueden ampliar la voz de grupos normalmente excluidos: indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades rurales.
Reglas que promuevan la accesibilidad, como subtítulos automáticos en videos políticos o algoritmos que prioricen diversidad, podrían fomentar una participación más equitativa.
La IA, por su parte, podría usarse para traducir campañas a lenguas originarias o analizar datos para identificar desigualdades en la representación, fortaleciendo así la democracia representativa.
La batalla por regular la política en la era digital no es una discusión técnica para expertos. Es, en última instancia, una lucha por transparencia, equidad y confianza, pilares sobre los que se sostiene una democracia saludable.
O tomamos las riendas ahora, o corremos el riesgo de que los clics, y no los votos, decidan nuestro futuro.
Lectura recomendada: Infocracia de Byung-Chul Han (Taurus).
Gracias LGCH.