¿Nuestra democracia vale lo que cuesta? Uno de los objetivos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es modificar el marco legal para reducir los excesivos recursos públicos que se destinan a la burocracia partidista y electoral.
Una de las primeras reacciones de las posiciones críticas al tetrateísmo ha sido defender los recursos públicos para los partidos políticos con un doble objetivo: evitar que busquen financiamiento ilícito y mejorar las condiciones de equidad en la competencia electoral.
Comparto dos perlas, dos golondrinas que no hacen verano, pero casi. En las elecciones de 1997 se hizo famosa la frase de un candidato a legislador por el PRI en Ciudad de México, exgobernador que fue derrotado (con otros 70 candidatos en ese tsunami que provocó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas): “campaña que no me deja un rancho y una camioneta, no es campaña”. Quince años después, un representante de casilla voluntario en Michoacán abandonó su partido de origen porque el PAN le ofreció mil pesos mensuales por tres meses si los representaba. Aceptó con cierto titubeo, pero llegó el PRI y le dio 2 mil pesos con la condición de mantenerse como representante panista, pero sin presentarse el día de la elección. No dudó, se embolsó 5 mil pesitos por no hacer nada. Se necesitan más de 170 mil representantes de casilla por partido en elección federal.
Como resultado de la denominada Primera Cumbre Ciudadana de 2012, cerca de 350 representantes de organizaciones civiles incluyeron la reducción de los recursos públicos a los partidos políticos en sus demandas. En 2017, Dante Delgado (MC) y Enrique Ochoa (PRI), con el aval del INE, propusieron devolver prerrogativas partidistas para ayudar a damnificados de los sismos, pero no hubo marco legal que lo hiciera posible. En 2018, Morena retomó la idea de disminuir las prerrogativas financieras a los partidos políticos.
En el presupuesto para 2025, año sin elecciones, la mayor cantidad de recursos corresponde a las prerrogativas partidistas con un monto de 7 mil 354 millones de pesos, pero en 2024 ascendieron a 10 mil millones de pesos. El segundo monto es para el Registro Federal Electoral (RFE), responsable del padrón y el listado de electores, que alcanzó 1 mil 223 millones de pesos. Enunciamos algunas ideas para reducir gastos sin poner en riesgo la calidad de la elección.
1. Ampliar la vigencia de la credencial de elector y focalizar recursos hacia la revisión técnica de inconsistencias. Si la identificación dura más, su reposición cuesta menos.
2. Transparentar los convenios con las instituciones bancarias y otros organismos que recurren a los biométricos y base de datos del RFE para corroborar la identidad de usuarios y clientes, transfiriéndoles costos que se destinen al mantenimiento del propio registro.
3. Eliminar de la nómina del RFE a las oficinas que los partidos políticos mantienen con cargo a la administración. El autor del padrón electoral y del listado nominal les paga salario y viáticos a sus vigilantes. Los partidos podrían designar técnicos con cargo a sus propios recursos.
4. De paso, eliminar las nóminas a cargo del INE de los representantes de partido ante el Consejo General y sus gastos de oficina.
5. Disminuir a la mitad las prerrogativas para gastos ordinarios de los partidos y obligarlos a formalizar la contratación de sus trabajadores ante el IMSS.
6. Reducir en un 40 por ciento las prerrogativas para gastos de campaña a partir de acciones como proscribir la propaganda en vía pública. Es cierto que candidatas y candidatos que no se ven en espectaculares, bardas y paradas de autobús se ponen nerviosos, pero está comprobado que son gastos que no dan votos, irritan a la ciudadanía y contaminan. Los países occidentales con democracia representativa consolidada no permiten la propaganda en la infraestructura urbana. Este gasto asciende en promedio al 20.4 por ciento de los gastos de campaña.
7. Proscribir intermediarios y sobreprecios en utilitarios. Los partidos gastaron el 22.8 por ciento de su presupuesto de campaña en utilitarios (mochilas, camisetas y gorras) comprados en muchas ocasiones a intermediarios vinculados a las dirigencias partidistas o a empresas de ocasión con sobreprecios que convierten en retornos.
8. Bancarizar todos los pagos de estructura de movilización y representación partidista ante casillas. Hay que poner el cascabel al rastro del dinero.
9. Establecer mecanismos para asegurar el cobro de multas y anular la asignación de curules según la gravedad de las faltas para evitar que a los partidos les resulte rentable infringir las normas.
Lecturas sugeridas: ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? de Adam Przeworski (S. XXI).
Political finance in the digital age. Towards Evidence-Based Reforms de Wouter Wolfs (IDEA).
Gracias, LGCH.