Café con piquete
Para variar y no perder la costumbre, una política pública que pudiera parecer bien intencionada se viene abajo por la infinita codicia de funcionarios y empresarios abusivos que siguen aprovechando el terreno fértil de la corrupción en la ‘4T’.
Toca ahora el turno –¡abusados!– del programa Mercado, Comunidad y Abasto (Mercomuna) que ha implementado el gobierno de Clara Brugada para distribuir vales que pueden canjearse en tiendas y mercados en colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de la capital.
Resulta que han empezado a circular en colonias populares capitalinas vales falsos de este programa, que entrega dos mil pesos a familias de menores recursos en denominaciones de 50 y 100 pesos. No sabemos cuánto de ese dinero simplemente no existe y no podrá ser utilizado por los supuestos beneficiarios o cobrado por quienes los acepten en pago, pero sí conocemos el origen de esta historia.
Fuerte doble
Les cuento que el gobierno de la CDMX realizó la licitación pública nacional LPN-SAPCI-001-2025 para la impresión de un total de 440 mil fajillas de vales entregables el 18 de agosto, 4 de septiembre, 9 de octubre y 13 de noviembre de este mismo año. Cada fajilla cubre mil pesos, conformados por nueve vales de 100 pesos y dos más de 50 pesos cada uno.
Hasta aquí todo bien, porque las bases de licitación establecieron claramente severas medidas de seguridad en los documentos valor que, después veremos, fueron olímpicamente ignoradas por… ¿quién?
El contrato fue otorgado a la empresa Previsión del Trabajo (Previvale), encabezada por José Antonio García León, con experiencia previa en la empresa Sí Vale, vendida al grupo francés Groupe Up, y quien después se integró a la Fintech Broxel, que, por cierto, operaba hasta el año pasado el programa Mercomuna.
El punto es que –siéntense bien por favor– hasta este 2025 Previvale no tenía experiencia en la impresión de vales de papel (como lo demandan claramente las bases de la licitación). Su labor previa acreditaba la expedición de vales electrónicos, pero, a la llegada de García León, se “estrenó” engañando (¿o acaso coludiéndose?) con funcionarios públicos de la CDMX y logrando el contrato para entregar documentos falsificables que no cumplen con ocho de 14 medidas de seguridad solicitadas por el gobierno capitalino.
A pico de botella
El empresario de Previvale quiere hacerle creer a todo el mundo que un documento notarial respalda la seguridad requerida en papeles que, materialmente, son dinero en efectivo. Imagínense ustedes al Banco de México emitiendo papel moneda que pueda fotocopiarse y recortarse para hacerse pasar por bueno. ¡Pues así está la cosa con estos vales!
Porque, al deslindarse de estos papelitos que ya circulan por las colonias capitalinas, la empresa Broxel mostró tres peritajes realizados por empresas especializadas en documentoscopía, que demuestran que los vales vigentes de Mercomuna no cumplen con estándares mínimos como marcas especiales de seguridad a la luz negra; papel de seguridad de 90 g con “marca de agua exclusiva”; fibrillas ópticas; tinta de alta seguridad incolora; tinta termocromática; secuencia de puntos que impiden una fotocopia de alta resolución; tintas fugitivas al borrado; algoritmo alfanumérico de alta seguridad, encriptado, y códigos QR con información cifrada y seguridad de llaves.
Los peritajes fueron entregados ya a la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la CDMX, promoventes de la licitación y operadora del programa Mercomuna.
Redoble de tambores
Ojalá que hagan caso, porque lo que está en juego es la credibilidad del programa y, al menos, 440 millones de pesos, el valor de los vales auténticos, que ahora vemos son fácilmente falsificables por el incumplimiento técnico del empresario José Antonio García León, el nuevo #LordFalso, quien, por supuesto, jura y perjura que cumple íntegramente con los requisitos de seguridad, a pesar de los dictámenes especializados que tengo en mi poder.
Conviene a Clara Brugada y a Tomás Pliego Calvo porque –parafraseando a su patroncito macuspano– “lo que no suena lógico, suena a metálico”.
Se encienden alarmas
En otra perla de las contrataciones públicas, empresas de mantenimiento denuncian al IMSS y al Infonavit, así como a las firmas Armot, Retimar y Aseo Privado Institucional, propiedad de José Juan Reyes Domínguez, por no inscribir debidamente a 14 mil personas que laboran externamente para IMSS Bienestar, ISSSTE, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Hacienda y el Metrobús de la CDMX, con quienes tiene vigentes contratos por más de cuatro mil millones de pesos.
