Sobremesa

El IMSS acaba de contagiar al ISSSTE

En nuestro sistema de salud, que sigue a años luz de ser como el de Dinamarca, hay una constante más confiable que las vacunas contra la influenza, y esa es que los contratos siempre regresan a las mismas manos.

Güisquito en las rocas

En nuestro sistema de salud, que sigue a años luz de ser como el de Dinamarca, hay una constante más confiable que las vacunas contra la influenza, y esa es –inhale y exhale– que los contratos siempre regresan a las mismas manos, aunque esas manos ya hayan sido sancionadas, inhabilitadas o sorprendidas defraudando al Estado.

Y como en la ‘4T’ de lengua se comen un taco, déjenme contarles que hoy –redoble de tambores– CBH+ Especialistas en Innovación Médica, Integral FMS Consulting Business y Corporativo Giormar están de vuelta. Sí, las mismas que ya habían fallado. Las mismas que dejaron anestesiados a los pacientes… y al sentido común.

La historia arranca con un triángulo (de negocios, no de amor, ¡aunque sí hubo amors!) entre Samantha Bárcenas, Julio Huacuja y Adrián Cervantes.

(Especial)

Cervantes, exesposo de Bárcenas, era proveedor del IMSS a través de su empresa Casa Plarre. Pero ella, junto con Huacuja (dueño de Giormar y de Integral FMS), maniobraron para arrebatarle el contrato de anestesia. ¡Así como lo están leyendo!

En diciembre de 2024, lograron lo impensable: el IMSS, del impresentable Zoé Robledo, les entregó el servicio, y en cuestión de semanas –literal, eh– comenzaron los problemas. Falta de personal, equipo sin calibrar e irregularidades técnicas.

¿El resultado? Caos. Cirugías suspendidas, médicos sin anestesia y un IMSS improvisando entre quejas y demandas.

Por lo que no les quedó de otra en el IMSS que, meses después, rescindirles el contrato y, sin pudor alguno y con el cinismo que los caracteriza, regresárselo a Casa Plarre, reconociendo que el cambio había sido un error.

Pero en la ‘4T’, ya lo sabemos, los errores no se castigan: se reciclan.

Fuerte a pico de botella

Cuando la Función Pública inhabilitó a Giormar en 2020 por incumplir entregas de medicamentos y equipo médico al ISSSTE (y antes, en 2015, por algo más grave, que fue cobrar implantes en pacientes fallecidos y falsificar firmas de médicos), uno habría pensado que eso bastaba para mantenerlos lejos de los contratos públicos.

(Especial)

Pero no. Samantha y Julio encontraron el antídoto perfecto: el amparo judicial. Una píldora mágica que cura todo, desde los incumplimientos hasta la falta de ética.

Gracias a una seguidilla de suspensiones, Giormar revivió. Así pues, las sanciones que debieron mantenerlos fuera del sistema por 45 meses quedaron en pausa, y hoy pueden volver a firmar contratos con dependencias federales, estatales y municipales.

(Especial)

Y ahí están, otra vez en la fila, listas para cobrar por servicios de ortopedia, con un contrato del ISSSTE valuado en 1,200 millones de pesos, sin licitación desde 2021 y entregado por adjudicación directa gracias a Omar Butrón, que reparte concesiones como recetas. Sí, pasaron del IMSS al ISSSTE del porro de Batres.

(Especial)
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Pero Giormar no es nuevo en esto, ¡eh!

Desde el sexenio de EPN, forma parte del círculo dorado de las adjudicaciones en el ISSSTE y la Sedena. Su especialidad son los llamados “servicios integrales”, esos contratos millonarios que prometen resolver todo (de anestesia a ortopedia) y terminan dejando hospitales sin insumos y al Estado con facturas infladas.

Durante la administración del neoliberal Peña, Giormar y CBH+ también aparecieron entre los proveedores de la Sanidad Militar, beneficiadas por adjudicaciones en anestesia, hemodinamia y bancos de sangre.

Los mismos nombres, los mismos vínculos, los mismos apellidos… sólo cambiaron las dependencias.

Mientras tanto, la red de corrupción médica se mantiene intacta, disfrazada de especialización, amparada en jueces y protegida por funcionarios que no se atreven a cortar el flujo de contratos.

De hecho, este caso evidencia que las suspensiones de los jueces funcionan mejor que un desfibrilador, reviviendo a cualquier contratista caído en desgracia.

El caso CBH+, Giormar y compañía no es una excepción. Es el síntoma.

Trago doble a pico de botella

La enfermedad del sistema de salud no se llama desabasto, se llama impunidad contractual.Los mismos nombres reaparecen cada sexenio con nuevas razones sociales, nuevos aliados y los mismos vicios.

Y las dependencias, lejos de inmunizarse, se contagian otra vez de su propio descuido.

¿Anestesia? No, esto ya requiere cirugía mayor.

Porque mientras los contratos se reciclan y los amparos hacen milagros, los hospitales siguen esperando insumos y los pacientes, atención.

Y esto, en cualquier país serio, se investiga. Aquí, se vuelve a adjudicar.

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