Si creían que sólo la CNBV está destruida, déjenme adelantarles que el sistema de supervisión financiera del país en la ‘4T’ está en ruinas. Mientras la atención pública se concentró en señalar responsabilidades políticas a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum y al hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las irregularidades del sector asegurador pasaron inadvertidas, exponiendo un patrón preocupante de supervisión laxa por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
La tragedia evidenció una cadena de responsabilidades que se extendía más allá de los errores de construcción. Grupo Carso enfrentó señalamientos como constructor responsable de los defectos estructurales, mientras que GMX y StarRe fueron cuestionadas por no proporcionar cobertura adecuada a la administración capitalina ni a las víctimas del siniestro.
Tras ocho meses de batalla legal, las partes alcanzaron un acuerdo para cubrir únicamente de manera parcial los daños, estableciendo pagos fraccionados a lo largo de varios años. La CNSF no sólo avaló públicamente este arreglo, sino que lo celebró como ejemplo exitoso de resolución de conflictos, sin sanción alguna a las empresas o supervisores por sus deliberadas omisiones.
A pesar de que tanto GMX como StarRe admitieron públicamente haber incumplido sus obligaciones legales y regulatorias, ninguna institución enfrentó sanciones. El esquema de “abonos chiquitos” aprobado por la CNSF envió una señal preocupante al mercado sobre las consecuencias reales del incumplimiento normativo en el sector asegurador mexicano.
El caso Martha Patricia Ramírez Velasco resulta particularmente inquietante. Su trayectoria profesional dentro de la CNSF presenta coincidencias temporales sospechosas en relación con el manejo del caso StarRe. Ramírez Velasco ocupó inicialmente el cargo de responsable del área de Intermediarios y Registros, desde donde ejercía supervisión directa sobre StarRe.
Fuerte doble
Pues durante el periodo crítico en que StarRe enfrentaba cuestionamientos por el colapso de la Línea 12, Ramírez Velasco fue promovida a directora de Sanciones y Recursos. En este periodo específico, StarRe no enfrentó sanciones administrativas significativas, a pesar de las irregularidades documentadas. Actualmente ocupa el puesto de directora general Jurídica Consultiva y de Intermediarios, área responsable de publicar información financiera de las entidades reguladas.
Casualmente… ok no, este ascenso profesional coincide con la ausencia de sanciones contra StarRe, lo cual plantea serias interrogantes sobre conflictos de interés y deficiencias estructurales en la distribución de responsabilidades supervisoras dentro de la CNSF.
Mientras el debate público señala a figuras políticas de alto perfil, la realidad es que la responsabilidad primaria de supervisión correspondía específicamente a la CNSF y, particularmente, a funcionarios como Martha Patricia Ramírez Velasco, quien tenía las facultades legales y técnicas para exigir el cumplimiento normativo de primera mano.
El comportamiento posterior de StarRe refuerza estas preocupaciones. La empresa liquidó activos significativos, vendiendo sus oficinas en avenida Altavista por 80 millones de pesos, mientras Gerardo Velasco, socio mayoritario, estableció su residencia en San Diego, California, sugiriendo una estrategia de distanciamiento geográfico que complica futuras acciones de supervisión.
Así pues, y mientras las víctimas del colapso y sus familias lidian con las consecuencias humanas y económicas de la tragedia, los actores del sector asegurador que fallaron operan con impunidad. Simultáneamente, los funcionarios regulatorios responsables de prevenir estas situaciones han experimentado avances en sus carreras, creando incentivos perversos que socavan la credibilidad del sistema de supervisión financiera.
Por no dejar…
La pregunta que permanece sin respuesta es ¿quién asumirá finalmente la responsabilidad por las vidas humanas perdidas, mientras los verdaderos responsables continúan operando sin consecuencias efectivas?
Ah, y la fiscal Ernestina Godoy, quien fungió como abogada de Slim, no como fiscal del pueblo bueno y sabio y afectado, hoy es la consejera jurídica de la Presidencia. Así las cosas en la ‘4T’.
Ah, y Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, a pesar de ser un usurpador de puesto y por ende de funciones, acosador sexual y laboral y un misógino, sigue despachando como si nada y tres instituciones financieras están en la mira de EU.
¿Cuántos suicidados más?
Así de crudo, el pasado sábado Delfino San Juan, médico residente de ISSSTE de Tláhuac, intentó tirarse del helipuerto, y hasta ayer que lo documenté en redes sociales no había recibido atención psiquiátrica alguna. ¿Cuántos residentes más suicidados para que hagan algo, IMSS, ISSSTE, Zoé Robledo, Martí Batres, Kershenobich como titular de la Salud? Repito, en la ‘4T’ la falta de medicina está matando a los pacientes, y la violencia institucional a los médicos residentes.