Por razones de seguridad mi fuente permanecerá en el anonimato, pero con documentos en mano les puedo asegurar que Javier Guerrero, quien está de la mano con el estado de Tlaxcala, sale salpicado.
La corrupción no sólo permanece enquistada en las altas esferas del IMSS, sino que ha encontrado en ciertos personajes el terreno fértil para florecer sin consecuencias.
Alma Jovita Ramírez Moctezuma, coordinadora administrativa de la Dirección de Operación y Evaluación, es uno de los ejemplos más alarmantes de cómo el poder mal ejercido se convierte en impunidad institucionalizada.
Durante meses, esta funcionaria ha protagonizado una serie de acciones que no sólo constituyen acoso laboral sistemático, sino que además rayan en el abuso de poder, la manipulación política y el desvío de recursos públicos. Desde gritos e insultos frente a subordinados, hasta presiones para presentar renuncias forzadas, su actuar ha sido violento, prepotente y absolutamente fuera de toda ética profesional.
Uno de los casos más graves ocurrió tras la incorporación de Ernesto Escamilla Jiménez, a quien impuso como “hombre de su confianza” en la División de Recursos Humanos. Pese a sus múltiples errores y deficiencias documentadas en su trabajo, la coordinadora se negó a removerlo, protegiéndolo incluso a costa del funcionamiento operativo.
“Cuando se le solicitaron cambios, la reacción fue amenazante: ‘te vas o te vas’, dejando clara la cultura del miedo que impone en su entorno”.
Fuerte doble
Para consolidar su control, Alma Jovita instruyó a su íntima amiga Gisela Trujillo Zamudio —actual encargada de la División de Recursos Humanos— a revisar exhaustivamente la correspondencia de los titulares de división, buscando errores, por mínimos que fueran, con la única finalidad de desacreditar y amedrentar a quien se cruce en su camino.
Una auténtica cacería interna para blindar su pequeño feudo.
Lo más escandaloso es que estas acciones se dan bajo el cobijo y protección de Javier Guerrero.
Y no es que no pueda despedirla, sino que no quiere hacerlo, ¿la razón? porque ella le ha limpiado el camino de irregularidades y desvíos que su antecesor dejó inconclusos, incluyendo presuntos millones mal utilizados por José Roberto Garza Méndez en las regionales. ¡Es ese el precio del silencio!
La red de favores es amplia
Con decirles que ha mandado a pintar y hacer trabajos de remodelación en el inmueble de Tokio 92, con personal administrativo de niveles 62 y que sus funciones son administrativas y no de remodelación y mantenimiento, y con el VoBo de Javier Guerrero, meten factura a cargo del erario. Así ella le cobra el favor de limpiar todo lo que se llevó el antecesor de Alma Jovita, José Roberto Garza Méndez.
A la fecha se han presentado denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Dirección Jurídica del IMSS, el Comité de Ética, y hasta Derechos Humanos del propio instituto.
¡Raquel Buenrostro, te hablan!
Pues en lugar de justicia, lo que el denunciante recibió fue una oferta de liquidación a cambio de su silencio.
En el IMSS, denunciar es una sentencia de muerte laboral. Y callar es premiado con estabilidad, ascensos... y hasta contratos por debajo de la mesa.
¿Quién se atreve a ponerle fin a este pacto de impunidad?
Y ya que hablo de Javier Guerrero, les cuento que las cosas en el IMSS Campeche están para llorar.
Pues y a raíz de mis columnas “El daño al IMSS Campeche es una herida de muerte” y “¿Quién protege a los corruptos del IMSS?”, en noviembre de 2024 presentaron una denuncia ante la FGR en Campeche, la cual tengo en mis manos, en contra de Luis Fernando Peña López y Rubén González Herrera por peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y de autoridades, tráfico de influencia, ejercicio ilícito de servicio público y asociación delictuosa en agravio del IMSS en Campeche por los trabajos del Hospital General de Zona No. 1 en Campeche que fueron pagados en su totalidad, bueno en 99.57%, y que no fueron ejecutados por la empresa, dejando a miles de familias recibiendo atención médica en condiciones precarias e insalubres.
Luego, en diciembre, se presentaron nuevas pruebas a la FGR y el Ministerio Público de la Federación determinó la procedencia y comenzó a integrar la carpeta de investigación ante el juez de distrito.
¿Y qué cree? Que el IMSS Campeche, como tercer interesado, no ha ratificado la denuncia.
Porque la jefa del Jurídico, Cecilia Romero Triste, que por órdenes de nivel central, debe darle largas al tema y así no tener que aceptar que los acusados son culpables.
Y Layda, ya saben, callando como momia, ah no, ¡durmiendo el sueño del jaguar!
Por cierto, se acuerdan que les dije que el “Inge” no es “Inge”. Pues mediante una solicitud de información al IMSS Campeche, que también tengo en mi poder y tal cual lo publiqué, Luis Fernando Peña López es un bachiller.
Alerta, ya que del nombramiento de fecha 29 de abril de 2024 tienen conocimiento tres personajes: Javier Guerrero, Borsalino González y Cecilia Marlene Romero Triste, siendo más clara, ¡ya sabemos quién se opone a que esa denuncia sea ratificada y que se haga justicia a los pacientes y sus familias! Ah, las fichas curriculares de Luis Fernando Peña López y Rubén González Herrera por indicaciones “superiores” tuvieron que ser “bajadas” de las plataformas públicas y de transparencia.
Leído lo anterior:
¿Qué tan indispensable es Javier Guerrero para Zoé en el IMSS?
¿Qué le debe Zoé a Javier Guerrero?
¿Qué tan indispensable es Zoé para Sheinbaum?
¿Qué le debe Sheinbaum a Zoé para mantenerlo a pesar de todas las pruebas de corrupción que hay en su contra y de su equipo y en agravio del erario?
O, será que en Morena y el segundo piso de la ‘4T’ ya olvidaron el: ¿no mentir, no robar y no traicionar? Ah, y repito, deberían incluir el no violar, aunque sólo sea de palabra; digo, para limpiar cara.