¿Se acuerdan de Jason Grosfeld y de sus fraudes inmobiliarios en Los Cabos? Pues resulta que eso es sólo la punta del iceberg del rosario de delitos que el ex-BlackRock ha venido cometiendo desde que, en 2014, Irongate adquirió el desarrollo Cabo Riviera, ahora conocido como Costa Palmas ¡Así como lo están leyendo!
Les cuento que, entre 2006 y 2008, un grupo de inversionistas comandado por Mariano Mariscal, Gary Jacobs y Octand Fund, compró más de 3.2 km de playa en el mar de Cortés, para construir el complejo turístico Cabo Riviera. Fue a través del programa de gobierno Procede, mediante el cual se privatizaron terrenos del ejido La Ribera y se anunció una inversión de mil mdd, fondeada por el Laredo National Bank, cuyo director eterno era, casualmente, Gary Jacobs.
Cabo Riviera, por extrañas razones, no prosperó, y en mayo de 2014, Irongate, de Jason Grosfeld, lo adquirió 53 por ciento debajo del valor real. Cerrada la operación, prometió pagarles en un año, pero no sucedió.
Así pasó de ser Cabo Riviera a Costa Palmas, y confiando en la protección de jueces del estado, las subsidiarias o filiales de Irongate comenzaron las operaciones recibiendo un cúmulo de demandas, tanto de proveedores como de tenencia de la tierra, ya que Jason Grosfeld no les pagó a los anteriores dueños.
Con decirles que han recibido demandas desde incumplimiento de contratos preliminares de fideicomisos traslativos de dominio, por varios millones de dólares, así como demandas y denuncias de hechos por no entregar obras a tiempo -como la de Amit Raizada- y por ofertar terrenos que no son de su propiedad -como fue el caso de Steve Anderson-, y también demandas en el condado de California, en EU, y que gracias a la protección de los jueces de BCS han logrado mantener el control de los daños, como si nada pasara.
Así como del juez de control José Guadalupe Luna Durán, quien se excusó para conocer del asunto de Amit Raizada -después de haber negado dos veces una orden de cateo- reconociendo una amistad de más de 15 años con uno de los abogados de Irongate, haber discutido el caso con él y darle consejos.
Y del juez José Humberto Zavala Calderón, quien el 8 de octubre de 2024 les negó a los representantes de Desarrolladora la Rivera el acceso a la carpeta de investigación de Amit Raizada, pero mágicamente el 7 de noviembre de 2024 decidió cambiar su criterio y le ordenó al MP darles acceso. Raro, ¿no?
A este juez le presentaron una queja administrativa por su indebido actuar en otro asunto relacionado con Costa Palmas y sus contratistas Alessio y Pietro Dottor.
Fuerte doble
Pues también existe un pleito añejo que comenzó en 2009 y que le pega al corazón de la marina Costa Palmas. ¡Quihúboles!
Les cuento. La familia Hermosillo Sánchez Navarro, junto con el heredero del coronel Walters, es dueña del Hotel Rancho Buena Vista, fundado en 1962, ícono de BCS. Siendo pioneros hoteleros compraron terrenos que se ubicaban en la parte de pequeña propiedad del ejido de la Ribera para que sus trabajadores, la mayoría provenientes del ejido, tuvieran un lugar de esparcimiento para ellos y su familia.
Los terrenos en comento se encontraban frente a los manglares que destruyeron los desarrolladores (por lo cual tuvieron varias denuncias), y ahora, debido al área ganada al mar, producto del asolvamiento de arena generada por los ciclones, los terrenos se encuentran en el corazón de la marina.
Éstos son propiedad de la empresa Club Campestre Buena Vista, pero se dejaron de utilizar para los fines iniciales y pasaron a formar parte de su inventario de tierra para futuros proyectos.
Así las cosas, en el año 2008, cuando se inició Cabo Riviera, Club Campestre Buena Vista buscó a Mariano Mariscal para informarle que su desarrollo estaba invadiendo terrenos de su propiedad y que estaban dispuestos a que se les pagara una indemnización razonable. Tras analizar la documentación, los Mariscal les dijeron que presentaran su demanda y que no se preocuparan, porque ellos tenían un seguro que pagaría la indemnización.
Sin embargo, la supuesta compañía de seguros nunca apareció y hasta ahora esa demanda no termina, poniendo en riesgo la viabilidad de Costa Palmas, sacando a flote las prácticas fraudulentas.
Ojo, pues la aseguradora Stewart Title Guaranty de México, filial de Stewart Title Guaranty de México en Houston, Texas, quien es la única autorizada por las autoridades financieras mexicanas para operar en ese ramo, no tiene activos en el país, sólo tiene oficinas de venta y es quien emite la mayoría de las pólizas de seguros de propiedad inmobiliaria en la península, aunque en la práctica sólo sirve de parafernalia.
Lo cual es una bomba de tiempo, pues un escándalo relacionado con la seguridad jurídica de la tierra inhibirá inversiones importantes en la zona y sembrará la duda en lo sucesivo.
El juicio sugerido por Mariano Mariscal lo inicia Héctor Fernando Hermosillo Sánchez Navarro, hijo de Héctor Hermosillo Rivera, el 7 de diciembre de 2009, y tras mil chicanadas realizadas entre Jason, Irongate y el Tribunal Colegiado de BCS, lograron un nuevo amparo para evitar tener que regresarles sus terrenos a los Sánchez Navarro el 14 de marzo de 2019.
Acto seguido, Jason anunció una inversión de 800 mdd, que supuestamente generaría cinco mil empleos directos y 10 mil indirectos, y organizó tremendo evento para iniciar la construcción del Four Season dentro de su desarrollo.
Sin embargo, el 12 de agosto de 2022, los Hermosillo Sánchez Navarro ejercitaron la acción de nulidad del título por venta de cosa ajena bajo el expediente 222/2022.
Redoble de tambores
En dicho expediente se ordenó la inscripción de la demanda en el Registro Público el título de propiedad Costa Palmas, ya se otorgó la fianza, pero los abogados de Jason Grosfeld, mediante chicanadas, han logrado posponer la inscripción; en castellano, si se inscriben los terrenos a nombre de los Hermosillo Sánchez Navarro, como jurídicamente corresponde, serán los dueños del corazón de la marina de Costa Palmas. ¡Quihúboles!
¿Hasta cuándo se les pondrá un alto a Jason Grosfeld y sus empresas?
La procu del estado ha integrado diligentemente las carpetas de investigación contra Grosfeld, sus empresas y sus empleados. Sin embargo, éstas no caminan por jueces corruptos. Ojalá la presidenta del tribunal, Claudia Jeanette Cota, les ponga un alto.
Ya que el actuar de Jason Grosfeld no sólo debe preocupar a las autoridades de BCS, a Sectur y a la propia presidenta Sheinbaum; y ahí viene Fitur.