Han sido meses convulsos en España. Por primera vez en cuarenta años de vida democrática, tuvo éxito una moción de censura contra un gobierno. El Partido Popular (PP), presidido por Mariano Rajoy, se vio perjudicado por la sentencia del caso Gürtel, que reveló la trama de corrupción en la que estaba implicada la formación política.
El líder de la oposición, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, logró el apoyo de 180 diputados de una coalición variopinta –el PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos– con lo que aseguró la mayoría necesaria para forzar la dimisión del gobierno. Rajoy reacio a aceptar la posibilidad de que fuera destituido –pensó que Sánchez no tendría los votos suficientes– se negó a dimitir y al final tuvo que dejar el poder de la peor manera, permitiendo que su acérrimo rival político llegara a la presidencia sin elecciones de por medio.
La primera decisión de Sánchez, el anuncio del gabinete socialista fue motivo de reconocimiento en España y en Europa. Es un grupo paritario (trece hombres y trece mujeres), con figuras experimentadas del socialismo como Carmen Calvo –la vicepresidenta– y Josep Borrell –el ministro de Asuntos Exteriores– o reconocidas en su campo como el astronauta Pedro Duque –quien está a cargo del recién formado ministerio de Ciencia–. Se ha recalcado que en el equipo hay personajes que hasta hace unas semanas desempeñaban cargos equivalentes en el plano regional, como las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Sanidad, Carmen Montón. Sánchez ha enfatizado la orientación europeísta de los nuevos ministros.
El nuevo gobierno fijó como parte de su mandato "atender las urgencias sociales y convocar a elecciones". Sin embargo, ha tenido que matizar estas prioridades. En cuanto a la primera, ha anunciado que los presupuestos generales del Estado se aprobaran como los presentó el PP, con la promesa de que los presupuestos de 2019 serán más generosos con los servicios sociales. En cuanto a la segunda, no parece haber prisa en adelantar comicios; se barajan varias fechas.
Otro aspecto fundamental que deberá encarar el gobierno nacional es la relación con la comunidad de Cataluña. Sánchez ha anunciado que privilegiará el diálogo, en parte como ha sido su posición en el conflicto desde octubre pasado y en parte para satisfacer las exigencias de Unidos Podemos. Sin embargo, el presidente de la Generalidad catalana, Joaquim "Quim" Torra, ha dicho que no se puede condicionar el diálogo.
Es claro que Sánchez tendrá fuertes dificultades para gobernar en minoría. El PP ya anunció que será implacable. Si bien sigue siendo la primera fuerza en las Cortes, los populares están en crisis por la sucesión de Rajoy y deben emprender la reconstrucción del partido. Ciudadanos ha dicho que será una oposición constructiva, pero ha urgido a Sánchez a acordar una fecha para las elecciones y a no hacer concesiones a los independentistas catalanes. Por el lado de la izquierda, Podemos, aliado y rival del PSOE, se siente traicionado por haber quedado al margen del nuevo gobierno. No se sabe cómo reaccionarán frente a diversas votaciones los partidos nacionalistas de las comunidades autónomas, que fueron clave en la moción de censura y que han sido piezas fundamentales para la gobernabilidad del país.
La moción de censura ha traído cierto aire de renovación a la vida parlamentaria española que parecía estática con un PP confiado en que era la primera fuerza y que podía avanzar su programa sin atender reclamos de buena parte de la ciudadanía. A diferencia de su predecesor, Sánchez parece más empático con las necesidades del ciudadano promedio –el país está en riesgo de otra recesión–, más conciliador en el conflicto catalán y más sensible a los problemas de la Unión Europea (UE) –con el gesto humanitario de recibir a más de seiscientos inmigrantes subsaharianos, después de que las autoridades italianas los rechazaran–.
Sin embargo, el gobierno entrante tiene una debilidad de origen, carece de la legitimidad de las urnas; el propio presidente Sánchez no tiene un escaño. Además, hay investigaciones en curso sobre el desvío de recursos de dos gobiernos socialistas en Andalucía y una acusación contra el nuevo ministro de cultura, Máxim Huerta, por fraude fiscal, quien ayer tuvo que dimitir. La posición minoritaria del PSOE lo hace depender de la buena voluntad de la oposición, la cual es poca en estas circunstancias. Los cálculos de los líderes políticos apuntan más bien a que este gobierno de Sánchez será un periodo de transición, en el que se buscará mantener la estabilidad económica, el respaldo de la UE y aminorar los costos sociales de las reformas.