La decisión convertida en reforma legislativa para eliminar a la Suprema Corte de Justicia y establecer candados a la libertad y autonomía de los jueces, fue concebida y propuesta por López Obrador en febrero del 2024.
Lo que muchos entendimos como la venganza política perfecta para destruir a un poder autónomo y coptarlo bajo el control y dominio de la 4T, fue resultado de fallos adversos al gobierno anterior.
Hay varios de estos fallos a lo largo de la administración de AMLO. Desde la construcción del Tren Maya sin calificación ambiental (por la evidente destrucción de la selva peninsular y el daño criminal al sistema de ríos subterráneos más grande del mundo), la Ley de Industria Eléctrica (LIE), y muchos otros que, en el camino, pretendieron frenar desde el ejercicio de la ley y la Constitución proyectos de ley e iniciativas violatorias del derecho.
López Obrador no sólo pasó por alto una serie de fallos en contra de sus obras e iniciativas, sino que decidió, como dictador disfrazado de demócrata, eliminar el contrapeso del Poder Judicial Federal.
Anunció y presentó una reforma de elección ampliamente controversial que heredó a su sucesora.
La reforma fue aprobada por sus bancadas sobrerrepresentadas en el Congreso y estamos a días de que esa elección se cumpla como una auténtica desgracia para la justicia en México.
Claudia Sheinbaum pasará a la historia como la ejecutora de esa elección que, en el fondo, encubre sometimiento y control.
No solo crearán un Tribunal de Disciplina Judicial, como un suprapoder que sancione y castigue a jueces cuyos fallos sean adversos, molestos o desagradables al poder. ¿Dónde, entonces, la autonomía de los juzgadores?
Sino que además, en esta entelequía absurda de la “sabiduría del pueblo”, se hace creer que serán los votantes (muchos o muy probablemente pocos) los que elijan a las y los juzgadores. Enorme falsedad, porque desde la elaboración de las listas y la preselección de los candidatos, los partidos, el gobierno, el Congreso y otros muchos poderes fácticos han elegido ya a quienes estarán en los cargos del Poder Judicial.
Y la tragedia para el país es que ahora tendremos a sindicatos, empresas, bancos, cárteles y muchas otras organizaciones dueñas de jueces y magistrados, ministras muy orondas que presumen independencia, cuando les faltan méritos académicos y profesionales para ocupar las sillas que les regalaron.
Andrés y Claudia son los destructores de un Poder Judicial con enormes problemas, con nepotismo, corrupción y miles de deficiencias, para convertirlo en el mismo poder —los procesos no cambian, sólo las personas— sin el conocimiento, la experiencia y el dominio jurídico de su ejercicio.
Como ha sucedido en los gobiernos de la 4T —especialmente el primero—, centenas de improvisados, incapaces, individuos rebosantes en complejos y resentimientos, llegarán a juzgados, tribunales y hasta la Corte.
La reforma judicial que estableció la elección como constitucional no mejora los procesos y, peor aún, no toca ni con el pétalo de una rosa a las fiscalías del país.
Más del 94% de los expedientes que preparan las fiscalías —las supuestas defensorías del pueblo— son deficientes, incompletos, carentes de evidencias y con pobres sistemas de investigación.
La acusación repetida por los morenistas en contra de los jueces y magistrados por liberar a criminales, emitir fallos y dictámenes contra el Estado, contra el SAT, contra el gobierno, obedece a expedientes mal armados, investigaciones improvisadas y débiles como un castillo de naipes.
Los jueces, buenos o malos —es irrelevante—, desechan o devuelven los casos porque los expedientes y las carpetas de investigación son preparados por personal inexperto, incapaz y, además, corrupto.
Una auténtica reforma judicial que mucha falta hubiera hecho para mejorar la impartición de justicia en México se hizo sobre la venganza política del rencoroso que nos gobernó. ¿Qué justificación tiene la actual presidenta?
El pueblo no es sabio porque no le interesa, no se informa y no tiene el menor conocimiento técnico para elegir a unas juzgadoras de otras. Está medido; el nivel de desconocimiento supera el 50%, además de haber diseñado una elección enormemente compleja, difícil de entender, de procesar, de contabilizar.
El despliegue de funcionarios y operadores del gobierno para salvar o maquillar la tragedia judicial del próximo domingo es gigantesco, con enorme dispendio para convencer a la ciudadanía de un despropósito dañino a la patria.
La presidenta presume de democrática una elección de jueces y magistrados que “responderán al pueblo”, otra falacia que se acerca más al circo romano donde se repartían panes a la multitud para elevar los niveles de satisfacción. Los jueces, doctora, deben obedecer a la ley, no al pueblo ni a los votantes o electores.
La justicia no es un asunto de mayorías que levantan la mano o del tirano imperial que inclina el dedo para condenar a un infeliz. La justicia es un tema del Estado de derecho que tanto ofende y molesta a este gobierno.