Ahora resulta que nadie es responsable. Que la selección precipitada, a contracorriente, improvisada para llenar un requisito irreflexivo es del Congreso en su conjunto —Fuenteovejuna— y no de sus líderes en el Senado y la Cámara, que empujaron a toda prisa a los comités.
Hoy descubren que se “colaron” abogados y tinterillos, sin experiencia judicial y con vínculos a grupos criminales y narcotraficantes, en las listas aprobadas por ambas cámaras para ir a las boletas. Y le exigen al INE un filtro del que el Instituto no es responsable.
¿Dónde estaban los envalentonados morenistas del Congreso que defendieron una elección desastrosa para eliminar al Poder Judicial federal? ¿Dónde estaban los que debían revisar eso que llaman “idoneidad” para ocupar dichos cargos?
Aunque Noroña, en su largo rosario de victimización, del que él nunca es responsable de nada pese a ser el líder del Senado, afirma que se fueron algunos, pero que no pasa nada: “se corrige y ya”.
Tanto que se los dijeron los partidos de oposición, los críticos de una elección irreflexiva, autoritaria, ilegal al desaparecer a un poder completo por el capricho político de un grupo, aparecen ya desde ahora los múltiples errores de una elección fallida.
No se revisaron los perfiles; no se establecieron filtros para prevenir figuras impulsadas por muchos grupos de la sociedad. Porque todos sabemos que los empresarios impulsaron a aspirantes y candidatos, que los sindicatos, los partidos mismos, los funcionarios del gobierno y los gobernadores quieren tener a sus jueces “de cabecera”.
Aquellos dizque juzgadores, que estarán al servicio de grupos políticos, económicos y gremiales.
Es una falacia el argumento pueril de la presidenta al afirmar “que será un poder más democrático que nunca”, cuando hoy saltan a la vista los impulsados por el narco, por el crimen organizado, por las múltiples mafias existentes en este país.
Entonces, ¿dónde está la sorpresa? La elección es y será un desastre, porque arrojará a un grupo de juzgadores no solamente inexpertos y muy probablemente sin preparación suficiente, sino sobre todo porque, en su conjunto, no será un poder autónomo, independiente y libre.
Buena parte de las y los nuevos juzgadores serán personas ligadas o vinculadas a Morena, a sus funcionarios, a sus directivos y a sus líderes a nivel nacional o estatal. Un poder a modo, tal y como quería AMLO y como Claudia Sheinbaum, trágicamente para la historia de México, le concedió.
¿Cuántos años tardaremos en corregir esta grave desviación? Podrán pasar décadas, afirman juristas y académicos.
Algunas voces pragmáticas que han evidenciado estas desviaciones de litigantes en favor del narco señalan: es tiempo de una contrarreforma, que los legisladores reconozcan su error y redacten una mejor ley para este propósito.
Con toda honestidad, no lo veo. No son capaces de reconocer que cometieron errores graves en la integración de los comités y en los filtros apresurados para la selección de candidatos.
Peor aún, el Tribunal Electoral, tristemente sometido también al Poder Ejecutivo, pasó por encima de la ley y otorgó la facultad a funcionarios del gobierno para hacer promoción al proceso electoral judicial.
Veremos, en la costumbre de este país, a senadores, diputados y gobernadores dilapidando recursos en actos de campaña —ninguna herramienta más eficiente para desviar fondos públicos a cuentas privadas— para impulsar el proceso y, de paso, a algunos favoritos.
No hay límites en la ambición morenista de controlar toda oficina pública e instalar un régimen autocrático, autoritario y esencialmente antidemocrático.
Harán todo lo posible por empujar a la gente a las casillas, cuya respuesta será más bien simbólica. Tendremos un nuevo Poder Judicial en septiembre, integrado con personas al servicio de políticos de toda calaña, estatura y filiación.
“Se nos colaron unos malosos”, dicen chocarronamente en el Senado, sin la menor seriedad ni responsabilidad para asumir la gravedad de los hechos.
Tendremos jueces, magistrados y ministros con simpatías políticas y partidistas como el nefasto Arturo Zaldívar —traidor a su gremio, traidor a la ley— y tristemente no jurídicas. El debate no estará en la interpretación de la ley, en posturas liberales o conservadoras, sino en qué tan cínicos y abiertos serán para favorecer a grupos y entidades.
La reforma judicial y la elección tienen ya consecuencias, aunque aún no se realizan los comicios. La inversión privada sigue contraída a sus niveles más bajos de los últimos años, porque prevalece la desconfianza.
Me decía un empresario de larga trayectoria: “Cuando entiendes que con una firma un presidente puede disponer de tus bienes, de la empresa que has construido por años, de tu propio patrimonio sin la defensa de una ley universal e imparcial, será difícil que se reconstruya la confianza y se incremente la inversión”.