El pasado 1 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de la plataforma digital CompraNet. Con esta decisión, los diputados de Morena que aprobaron por mayoría la iniciativa del gobierno eliminan con la destrucción de la plataforma millones de contratos de obra pública, de adquisición de insumos, de contratación de servicios.
Borran estos legisladores “promotores de la transparencia y la rendición de cuentas” 15 años de información almacenada, de expedientes y récords de empresas y de obras.
En síntesis, este gobierno elimina toda prueba o evidencia de los contratos que se otorgaron durante las últimas dos administraciones y un poco más.
Si algún día soñamos con saber cuánto terminó costando y a quién le contrataron el Tren Maya, qué empresas —muchas de ellas de militares de alto rango— se beneficiaron con la proveeduría de materiales, la concesión de tramos, la construcción de estaciones y tantos segmentos más de la enorme obra pública, nunca estaremos en posibilidades de saber.
De la misma forma, cualquier ciudadano que quisiera realizar una investigación de los contratos otorgados para la refinería Dos Bocas o para la construcción del AIFA, la desaparición de CompraNet destruye por completo los registros, los expedientes, las facturas, los pagos, los números de cuenta y titulares de las empresas receptoras de recursos.
Se trata del mayor crimen contra la transparencia y la rendición de cuentas.
Ya habían eliminado el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), ya los ciudadanos no teníamos forma de solicitar información confidencial a las dependencias públicas, y que con base en la ley, el INAI los obligaba a entregar la información.
Quedaba CompraNet, el registro de toda adquisición del gobierno federal.
Ahora lo cancelan, provocando un enorme daño al país, porque se destruyen los expedientes y contratos de 2.6 millones de proveedores del gobierno federal en más de tres sexenios.
Fue por años un instrumento esencial para detectar corruptelas de los partidos que han llegado a la Presidencia, sus sociedades y prestanombres para lavar dinero y recibir, incesantemente, beneficios económicos por contratos de largo plazo.
El gobierno actual tiende una sombra sobre la cuestionada actuación del gobierno anterior, especialmente del Ejército, los hijos y parientes del expresidente López Obrador.
Están destruyendo el archivo. No podremos saber quiénes recibieron concesiones, contratos, pagos o transferencias de oficinas y dependencias gubernamentales.
La iniciativa pretende sustituir CompraNet con una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que es una réplica de la que se instaló en la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), que resultó un fracaso rotundo.
El llamado Tianguis Digital no ha podido transparentar un solo contrato entre el 2018 y el 2025.
El llamado gobierno de izquierda resultó a la postre más oscurantista que sus antecesores.
Al PRI y al PAN tampoco les gustaba entregar cuentas o transparentar contratos, pero la ley los obligaba al requerir ingresar en la plataforma todo contrato otorgado, su victoria en concursos de licitación —también eliminados por AMLO— y los datos precisos de la o las empresas que se harían cargo de cumplir el contrato.
Pero ahora con Morena en el poder, arrasan con todo y le arrebatan al multicitado, sobado y manoseado “pueblo” la posibilidad de saber quién se está gastando su dinero y en qué.
Pasará a la historia como Claudia “la oscura” porque en su administración —y apenas iniciamos— se destruyeron los dos instrumentos democráticos esenciales para la rendición de cuentas: el INAI y CompraNet.
Las empresas de los amigos o socios de Andy López Beltrán recibieron contratos para el Tren Maya —como es ampliamente sabido—, ¿por qué montos, para qué tareas?
¿Qué generales son dueños, directores o accionistas de empresas que participaron en el AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Interoceánico?
¿Cuántos de los muchos familiares del señor Octavio Romero Oropeza —exdirector de Pemex— recibieron contratos, encomiendas, asesorías o simples honorarios de la paraestatal por instrucciones del director?
¿Cómo están los múltiples contratos del señor Bartlett, su hijo e incluso su pareja sentimental, quienes han vendido servicios y proyectos al gobierno federal desde hace más de una década?
No sabremos nada. El gobierno los encubre, protege y desaparece todo rastro de cualquier posible operación ilícita, transferencia indebida o potenciales delitos.
Morena y la presidenta —la iniciativa viene de Palacio Nacional— tienden un velo encubridor sobre todos sus colaboradores del 2018 para acá y de paso sobre los anteriores.
Ojalá un recurso de la Suprema Corte, esa que está a punto de desaparecer como otra operación de control, sumisión y encubrimiento, pudiera detener la destrucción de los archivos de la plataforma de compras y adquisiciones del gobierno federal.
A estas alturas, se ve improbable.
Así que, borrados los récords, todos son inocentes y nadie tiene nunca más que preocuparse, salvo la rumorología y los excesos visibles, porque no habrá pruebas que demuestren corrupción. Borrón y cuenta nueva. Los ladrones quedaron limpios de polvo y paja. ¡A darle otra vez!