Es el clamor generalizado en Sinaloa. Decenas de miles de ciudadanos que recorren las calles desde hace una semana con una sola demanda y petición: que se vaya el gobernador.
No se trata de un tema de simpatías o apoyos populares, ni tampoco de una movilización orquestada por la oposición —casi inexistente en ese estado—.
Las protestas son resultado de elevados niveles de insatisfacción y rechazo popular por los altos índices de crimen, delincuencia e inseguridad en Sinaloa.
Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, se ha convertido en un impresentable incapaz de dirigir las condiciones mínimas de convivencia social en la entidad.
La ciudadanía lo reclama por calles y avenidas, por plazas y ciudades, mientras que el ocurrente y dicharachero gobernador declara: “el pueblo quita, el pueblo pone”.
Pues ya le anunciaron que no lo quieren, gobernador; el mensaje es claro, inequívoco y transparente.
La debacle de Rocha comenzó hace más de año y medio, cuando pareció evidente que tenía relaciones con el poderoso Cártel de Sinaloa. No solo por los saludos, concesiones y cercanía que el propio presidente López Obrador les dispensaba, sino por su indolente actitud para coordinar esfuerzos de combate a la delincuencia.
Por meses declaró que no pasaba nada. “Todo está en orden, es la violencia natural de los malosos, pero no invade la esfera ciudadana”. Mintió.
La violencia está desbordada desde que el Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos. El complot o el detonador del viaje fue su ahijado Joaquín Guzmán hijo, el Chapito mayor, quien lo engatusó para llevarlo en avión privado a Estados Unidos.
Antes de abordar, el gobernador había convocado una reunión de negociación entre el propio Mayo y el posteriormente asesinado rector de la universidad Héctor Melesio Cuén y él mismo.
Hay amplias señales que apuntan al involucramiento de Rocha Moya con el narcotráfico, ahora en medio de la guerra entre chapitos y mayitos.
La presencia de armas, droga y alcohol irrefrenable en el estado ha producido un clima propicio para el estallamiento de una violencia incontrolable.
La presidenta Sheinbaum envió al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, a encabezar in situ y en persona la contención de la crisis en la entidad.
Mientras tanto, Rocha es protegido políticamente. La Presidencia le otorgó su respaldo, así como el partido en el poder.
Pero las consecuencias serán más graves, porque el Mayo está detenido en Estados Unidos; necesariamente confesará y compartirá información que, cuando menos, señale a Rocha Moya como negociador político con el morenismo. Tal vez, hasta como protector de grupos herederos del Chapo Guzmán.
Expertos en seguridad afirman que Rocha es un cadáver andante, porque en cuanto deje el poder, un grupo criminal o el otro le cobrarán con la vida su traición y entrega.
En la esfera política, tanto para Morena como para la presidenta Sheinbaum, Rocha se ha convertido en un lastre de consecuencias aún imprevisibles. Su conducta es indefendible, por múltiples razones: negligencia, vínculos con el narco, incapacidad operativa que han producido la condición de un Estado fallido en términos de seguridad y protección ciudadana, libertad de comercio, tránsito, expresión, etcétera. Rocha es un desastre y se tiene que ir; la pregunta es ¿cuándo?
Es muy fácil declarar por parte de la Presidenta que ella no quita ni pone gobernadores, pero qué tal jueces, ministros y magistrados. La contención de crisis encabezada por García Harfuch no podrá detener o devaluar el descontento ciudadano.
No es el único gobernador emproblemado, aunque ciertamente el mayor.
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Cuitláhuac García, Evelyn Salgado, entre otros, deberán entregar cuentas tarde o temprano, aunque el poder los proteja.
Mire usted las ironías: el presidente más señalado por corrupción y escándalos, Enrique Peña Nieto, fue el presidente que permitió e impulsó las investigaciones que encarcelaron a siete exgobernadores, dos de ellos, aun en funciones y varios de su propio partido.
López Obrador no encarceló a nadie, no hizo justicia en ningún lado; a pesar del sobado discurso del combate a la corrupción y el fin de los regímenes corruptos, todos se fueron impunes. Cero carpetas de investigación, un fiasco de promesa y de Fiscalía.
Morena protegerá a los suyos aunque le estallen en el rostro.
En algún momento, como sucede siempre, tendrá que prevalecer una decisión de daño político: es más dañino mantener a los incapaces, corruptos y criminales, o mantenerlos protegidos en cargos menores y bajo el brazo encubridor del poder.
La Presidenta tendrá que tomar esa decisión. En el primer trimestre de su administración apunta al encubrimiento, porque le preocupa gravemente la fractura y división de Morena que pueda generar movimientos de oposición. No fracturas, no fisuras, unidad total.
En unos meses, volvemos al tema y al daño de la reputación y la credibilidad.