El pasado martes, el presidente López Obrador convocó a su evento matutino a los 23 gobernadores morenistas del país. 22 estatales y un jefe de Gobierno capitalino.
Con bombo y orquesta, anunciaron en la pobre y desacreditada voz de Jorge Alcocer —secretario federal de Salud— la presentación del Acuerdo de Federalización de Servicios de Salud.
Un poco de contexto para comprender la trascendencia del proyecto.
El Seguro Popular, que otorgaba cobertura de servicios de salud a población abierta, con un eficiente sistema de financiamiento para aquellos mexicanos que no contaban con cobertura institucional: IMSS, ISSSTE, institutos de salud de los estados o de las Fuerzas Armadas, fue cancelado por este gobierno en 2019.
En total, el Seguro Popular otorgó cobertura a 53 millones de mexicanos en casi 14 años de existencia.
A la llega de este gobierno, el presidente decidió cancelarlo, retirar esos fondos y dedicarlos a otros fines, como los programas sociales.
Se creó el Insabi cuya corta vida —poco más de dos años— probó inutilidad e ineficiencia, puesto que no hacía realmente nada: no brindaba servicios, ni tampoco financiamiento para cobertura. Un total despropósito.
Con el impacto de la pandemia y la saturación desbordada de los servicios públicos de salud, este gobierno provocó el desastre absoluto del Sistema Nacional de Salud Pública, desprotegiendo a millones de mexicanos, estrangulando presupuestos de dependencias, además de provocar desabasto criminal de medicamentos, inexistencia de insumos hospitalarios, retraso semestral o mayor de cirugías y procedimientos.
La conclusión, el derrumbe de un sistema de salud pública con muchas imperfecciones previas, innegable, con demostrados desvíos por corrupción en estados y municipios, pero que le daba atención de primero, segundo y hasta tercer piso a la mayoría de la población sin cobertura.
Uno de los claros efectos medibles, a simple vista, es la proliferación de los consultorios de farmacias. La población, en búsqueda de atención, se volcó hacia los servicios privados, ofrecidos por farmacias particulares y cadenas de almacenes (Walmart), que detectaron con eficiencia la creciente necesidad y oportunidad de servicios de atención médica.
Según el INEGI y la encuesta del Coneval, la cobertura de servicios de salud con gasto de bolsillo —es decir, pagado por el ciudadano— ha crecido en más de un 40 por ciento en los últimos cuatro años. Las famosas pensiones del presidente, se ocupan hoy en pagar a farmacias y médicos generales para tratamientos y consultas, que el Sistema de Salud Pública dejó de ofrecer.
Este martes el presidente creó una más de sus pantallas y escenificaciones, que sumó, además, la abyección vergonzosa de los gobernadores.
En un acto de autoridad, les hizo firmar un documento en el cual le entregan a la Federación y al IMSS-Bienestar, el control y la administración de los institutos de salud pública de los estados. Es decir, los hospitales, clínicas e instalaciones médicas que operaban los gobiernos estatales, ahora serán “coordinados”, dijo el impresentable Alcocer, por el IMSS desde la capital, con un “modelo de administración de insumos”. Léase, recortes presupuestales y “ahorros” para sustraer recursos y controlar esas instalaciones.
AMLO proyecta la falsa expectativa de que el desastre en la salud pública —no del todo reconocida— quedará resuelta con este falso programa de federalización.
Y es falso, porque en los hechos sucede lo contrario: se trata de un despojo de las instalaciones médicas, clínicas y hospitalarias de 23 entidades federativas, para controlarlas desde el gobierno federal. Es decir, centraliza, no federaliza: no entrega a los estados ni fondos, ni recursos ni presupuesto ni instalaciones. Se los quita.
Y le hace creer al país —o a quien se lo quiera creer— que con esta medida soluciona la cobertura que, de acuerdo con el Coneval y el INEGI, se ha reducido a 30 millones de mexicanos sin atención médica.
Un timo, un engaño, una auténtica representación de opereta a la que, abyectos y sumisos, los 23 gobernadores morenistas se formaron serviles para acatar.
Con esto, presumimos, ya no serán necesarios futuros secretarios de Salud en los estados de la República, puesto que no tendrán nada que operar ni administrar; vamos, ni fondos siquiera.
La tragedia del abandono a millones de mexicanos en servicios de salud, especialmente durante la pandemia, provocó —lo saben las universidades y los expertos— la muerte de casi 770 mil mexicanos, cuando el gobierno sólo reconoce la mitad. Y eso sólo se refiere al Covid. Ya aparecerán estudios que apuntan a la desgracia sanitaria generalizada por la debacle del sistema.
No hay mejora alguna en los servicios médicos de salud pública, al contrario. Se registrará —como ya sucedió con el IMSS— una saturación creciente, retrasos mortales en cirugías y tratamientos, salas de espera abarrotadas con mexicanos en espera interminable por una consulta y un medicamento, que no llega.