Cada semana desde hace meses, Washington emite nuevos ataques, revisiones, cancelaciones y exigencias hacia y en contra de México.
Más allá de la guerra arancelaria, global y generalizada al mundo entero, el presidente Trump quiere someter a nuestro país en una especie de satélite complaciente y obediente.
Bajo el argumento de la seguridad nacional, impuso una serie de medidas fronterizas y exigió al gobierno mexicano otras tantas, para reducir cruces, aceptar deportaciones y resguardar en nuestro territorio a miles de aspirantes a migrantes como un tercer país seguro.
Pero después vino el ataque a tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa, que no solo fueron multados, sino canceladas sus operaciones en Estados Unidos, que, en los hechos, representa una herida de muerte. CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señalados y estigmatizados sin elementos de prueba sólidos que acreditaran una conducta financiera ilegal.
Otra línea de hostigamiento ha sido la aviación comercial, no solo por la supervisión y exigencia —válida y sustentada— de incrementar los equipos y condiciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sino además, impulsando la ruptura de la alianza comercial entre Delta y Aeroméxico.
Ahora ha sancionado a empresas privadas en Puerto Vallarta dedicadas al Airbnb —renta de inmuebles para vacacionistas— bajo la sospecha de ligas y relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hace unos días anunció autorización abierta al Pentágono para atacar a los cárteles mexicanos, abriendo un enorme y delicado debate para el gobierno mexicano respecto a una invasión militar, una ocupación terrestre, etcétera.
La presidenta Sheinbaum lleva días respondiendo preguntas respecto a una operación militar estadounidense en suelo mexicano.
Para muchos analistas, la estrategia de Washington apunta a dos objetivos. Uno primario es debilitar a México, nuestras autoridades y gobierno, frente a la futura y muy próxima renegociación del T-MEC. Uno segundo, pero más peligroso aún, es sustentar el vínculo de políticos, autoridades y funcionarios del gobierno de México que están ligados al narcotráfico con distintos grupos criminales en diferentes regiones del país. Esto supone un grave punto de tensión entre un país y otro.
Muchos han especulado acerca de la posible solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para arrestar y entregar a sus autoridades a esos potenciales servidores públicos sospechosos en el presente o en el pasado de relación y negocios con el crimen organizado.
Hace un par de días, fueron entregados 26 prisioneros mexicanos a autoridades americanas, como un gesto de buena voluntad en la colaboración con la justicia de ese país.
Pero los alcances pretendidos son mucho mayores. Trump habla con frecuencia de tener una zona más segura y eliminar a los cárteles, y a todos aquellos que los han protegido, cobijado, informado y servido para que sus negocios prosperaran por varias décadas.
Para Claudia Sheinbaum este es un punto de quiebre. Me atrevo a afirmar que no tendría inconveniente en detener y entregar a cualquier político priista o panista que la justicia americana requiriera bajo sospecha de colaboración con el narco.
¿Pero qué pasará cuando las pruebas o las órdenes apunten a un morenista?
¿Investigan a Adán Augusto López y sus vínculos con su exsecretario de Seguridad, prófugo de la justicia?
¿Hay elementos sólidos para considerar que el gobierno anterior protegió al Cártel de Sinaloa y a la familia de El Chapo Guzmán? ¿Es solo una suposición sin sustento, por las erráticas decisiones del expresidente López Obrador?
Los extravíos y desproporciones de Trump bien lo pueden conducir a ordenar operativos “quirúrgicos” en Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Estado de México y tantas otras entidades para atacar, detener, neutralizar y eliminar a criminales.
Muchos en México podrán aplaudir que ¡por fin! habrá operativos frontales contra el crimen organizado. Pero esto es extremadamente delicado, porque incursiones extranjeras podrían provocar enormes daños entre población civil sin distinción alguna.
Trump quiere a un gobierno de México consecuente y obsequioso de sus peticiones y demandas. Sheinbaum ha manejado con extrema cautela y prudencia una compleja, áspera y voluble relación bilateral, tan crucial para México.
Todo indica que se ha establecido un acuerdo en materia de seguridad, sin anunciarlo ni nombrarlo como un plan específico (al estilo Mérida del pasado). Pero es resultado evidente que Omar García Harfuch tiene comunicación, colaboración y entendimiento.
Antier sobrevoló un dron de vigilancia sobre Valle de Bravo, otro enclave de los grupos criminales encubiertos por los políticos mexiquenses.
Nos faltan más de tres años de resistencia, de aguda diplomacia, de discurso fino y colaborativo, sin renunciar a nuestros principios ni soberanía.
Ojalá y la presidenta cuente con los asesores, expertos y diplomáticos más allá del estrecho e improvisado círculo de Morena, para ayudarla a diseñar estrategias de contención. Esto es por México, no por la grandeza de ningún partido ni gobierno.