Todos los días suceden en Estados Unidos hechos que parecieran escapados de una serie de realidad distópica, posapocalíptica o de franca ficción que, tristemente, luego se convierten en realidad.
Tal vez desde fuera, no hemos alcanzado a comprender la profunda transformación en proceso —y debiera decir— en conflicto en esa sociedad.
Porque no se trata solo de un solo hombre, Trump y sus extravagancias, sus arrebatos clasistas, antiinmigrantes, nacionalistas y reduccionistas.
Se trata de un auténtico movimiento de unidad o sintonía ideológica que pretende regresar a los Estados Unidos a un país de indiscutible mayoría blanca, anglosajona, conservadora, religiosa. Una realidad tolerante con los migrantes, siempre en posiciones de servicio, de atención, de roles primarios por su actividad económica —levantar las cosechas de muchos productos o millones de empleos en el sector servicios—, pero en la base de la pirámide laboral.
Esos empleos que precisamente los americanos rechazan desde hace décadas.
Esta transformación está teniendo matices muy preocupantes para la que alguna día fue la democracia más sólida del planeta.
El presidente hace uso de poderes ejecutivos para desplegar la Guardia Nacional, atribución que, hipotéticamente, solo correspondería a un gobernador estatal o al ejecutivo en casos de invasión extranjera y amenazas serias a la seguridad nacional.
Lo hizo en junio en California en contra de las protestas contra las redadas antimigrantes, pasando por encima del gobernador Gavin Newsom.
Un juez federal emitió una orden para detener e impedir las detenciones —a su juicio ilegales— y otra en contra de la intervención de la Guardia Nacional. Trump sistemáticamente atropella dichos mandatos de juez y pasa por encima de todo. Ayer lunes desplegó la Guardia Nacional en Washington DC, bajo el argumento de un crimen e inseguridad desbordados.
Pero violó también la continuidad de las detenciones a inmigrantes y la deportación continua de personas indocumentadas.
Estados Unidos fue un país que respetó la ley de forma prácticamente ejemplar, donde el respeto al aparato de justicia era inapelable.
El presidente Trump enfrenta hoy dos juicios federales de alto perfil, además de otros varios por temas menores. Uno por el uso y despliegue de la Guardia Nacional, interpuesto por el gobernador de California; y otro por la expulsión de inmigrantes sin antecedentes criminales ni riesgo alguno contra la seguridad nacional.
Estados Unidos abandona el Estado de derecho como columna vertebral de su sistema.
Abandona también el esfuerzo de equilibrio electoral libre y objetivo al rediseñar el mapa distrital en varios estados. La consigna es disminuir o dispersar el peso de los votantes demócratas, para concentrar municipios y condados principalmente republicanos.
Pero suceden múltiples hechos, menores, desapercibidos, que construyen en conjunto una atmósfera descompuesta, ilegal, retardataria en materia democrática.
Derechos y garantías gradualmente eliminados; libertades antes respetadas, ahora acotadas, perseguidas y disminuidas.
Trump despidió hace un par de semanas a la responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales, cuya función es básica para conocer el empleo, la ocupación, la inflación, el acceso a servicios, etcétera.
Como en México sin INAI, Estados Unidos perderá la facultad de tener información precisa, objetiva, confiable.
Durante la última década, este movimiento ultraconservador se dedicó a colocar a jueces y magistrados conservadores (o abiertamente republicanos) en múltiples juzgados y tribunales para impulsar una justicia blanca y anglosajona.
Los aranceles de Trump no son más que un instrumento de extorsión y chantaje a las economías del mundo, para otorgarle una serie de beneficios por encima del derecho.
Un país cerrado, aislacionista, con economía de mercado blindada a las mercancías de otros países, con cortes y tribunales sesgados, que inclinan sus fallos para favorecer a una minoría.
Los oligarcas al poder, la quita de impuestos a los ricos, la desaparición gradual de programas sociales, muros en las fronteras, acoso y persecución a sus vecinos. ¿Eres mi socio o mi subordinado?
Tal vez la economía interna, el gasto de los hogares, la inflación pueden ser el último contrapeso al poder autoritario del presidente. Claramente, no es el Congreso, está a punto de dejar de ser la Corte, los gobernadores demócratas amotinados en juicios federales que tardarán años, y el mundo rendido a sus tarifas y aranceles ilegales que destruyen el sistema comercial global.
Las democracias caen, autodestruyen sus mecanismos de pluralidad y libertades, para concentrar el poder en unos cuantos “iluminados” que afirman tener la respuesta para corregir todos los problemas.
Es el fin de un ciclo histórico que apunta al recrudecimiento del autoritarismo déspota que se vale de militares en ciudades y capitales.
Es la involución americana, que privilegia el pasado industrial de superpotencia hegemónica, en contra de un mundo multipolar de negocios y comunicaciones globales.