La locura persecutoria antiinmigrante estalló este fin de semana en Los Ángeles.
La cifra no es precisa aún, pero cientos, tal vez miles de manifestantes salieron a las calles a protestar por las redadas federales en contra de indocumentados.
Entiéndase bien: son ciudadanos de origen mexicano —la mayoría de ellos—, trabajadores, contribuyentes en Estados Unidos que carecen de documentos (visas laborales o permisos de trabajo temporal) para residir y trabajar en ese país.
No son criminales, no son delincuentes, ni tampoco son personas que se conviertan en agentes sociales nocivos para la comunidad. Son personas que están buscando desde hace años una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familias.
Pero Trump y su gobierno han decidido expulsarlos a toda costa. Su ofensiva contra California al enviar a la Guardia Nacional cuestiona profundamente las facultades legales del gobierno federal por encima del estatal. Según la ley y la costumbre política, es el gobernador quien solicita al presidente de la Unión Americana el apoyo de militares para controlar situaciones de seguridad interna de alto riesgo y con posibles acciones que puedan escapar al control de las autoridades locales.
Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, presentó ayer, con ayuda del procurador de justicia del estado, una demanda federal en contra de Donald Trump por carecer de facultades constitucionales al ordenar la entrada de la Guardia Nacional, sin el acuerdo, concurso o consulta del gobernador.
Algo que no sucedía desde las revueltas de los años 60 por las comunidades afroamericanas y la lucha por los derechos civiles en aquella década.
Ciertamente existe un debate jurídico que decidirán las cortes, muy probablemente, la Suprema Corte de Justicia. Pero subyace un conflicto mucho más profundo entre aquellos segmentos políticos de los Estados Unidos, que rechazan la idea y el procedimiento de la deportación generalizada de inmigrantes, con grave costo a la economía americana, pero sobre todo, con profundas consecuencias en materia de derechos humanos, civiles y migratorios.
Ya se había anticipado esta ola de deportaciones desde el inicio de la administración Trump en enero pasado. Lo anunció y lo dejó ver con algunos operativos en Texas, Arizona y Nuevo México.
Ahora el golpe fue contra California, considerada junto con las ciudades de Nueva York y Chicago, estado santuario, de protección y no persecución a inmigrantes.
Pero fue el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) quien inició operativos y redadas en sitios de trabajo, en fábricas y empresas desde el jueves.
El reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señala que hasta el día de ayer lunes, 42 ciudadanos de origen mexicano (37 hombres y 5 mujeres) fueron detenidos y entregados para procesos de deportación inmediata. De hecho, para el día de hoy, más de 5 ya fueron expulsados.
La ola conservadora representada por Trump y la cúpula republicana están convencidas de lo que llaman “el daño al modelo de vida americano” que producen los inmigrantes. Graves insultos y calificativos pronunciados por Trump han recibido los trabajadores indocumentados. Para nadie es un secreto su desprecio y aversión a ordenar o proponer un sistema global de visas y permisos de trabajo que beneficie a ambos países.
Para México, en la complicada coyuntura actual con demasiados frentes abiertos en materia comercial y de seguridad, la identificación de mexicanos con la bandera nacional en plenas marchas sólo complica y agrega elementos de tensión a la relación bilateral.
Las redadas y protestas en Los Ángeles expresan el conservadurismo antinmigrante norteamericano. Este se enfrenta a visiones más liberales, tolerantes e incluyentes dentro de la propia Unión, muchas de las cuales reconocen el enorme valor y contribución de los trabajadores inmigrantes al poderío económico de California y otros estados.
Por años se ha discutido un programa global de permisos y visas; desde la administración Obama estuvo sobre la mesa una reforma migratoria completa, que los republicanos bloquearon sistemáticamente en el Congreso.
Mientras que los cruces fronterizos han caído drásticamente, las remesas han recibido un gravamen fiscal (3.5%) que sin duda afectará a miles de familias mexicanas. Representa globalmente cerca de 4 mil millones de dólares sobre la base de los envíos realizados en 2024. Una cifra importante.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la Cumbre del G7 en Canadá, donde existen altas probabilidades de un diálogo con Donald Trump. Podría ser una buena oportunidad para abordar estos temas.
De cualquier forma, la corriente antimigratoria prevalecerá en Estados Unidos, con Donald Trump, y aún después de él. Es la representación del pensamiento más rancio, excluyente, conservador y religioso de las comunidades anglosajonas y evangélicas de los Estados Unidos.