Los ganadores en las elecciones para el Ejecutivo Federal, previamente (se supondría) trazaron un plan que en el interregno de ser una fuerza política electa hasta llegar a la responsabilidad de ser gobierno va perfilándose en la transición de las demandas de la sociedad a políticas públicas.
En el poder la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un deber constitucional que dibuja lo que debería de ser el rumbo del gobierno de la república encabezado por determinada fuerza política. Con el paso de los sexenios la realidad es que el PND se ha devaluado en un ejercicio de simulación, en una carta de salutación navideña con poco o nulo peso político en el Congreso para revisar sus avances. Los PND´s en la era de la 4T han sido un ejemplo de propaganda política y no el documento programático y serio que debiera ser. La renuncia de Carlos Urzúa, primer titular de la SHCP del presidente López Obrador apuntó a esa razón y al desprecio por lo medible y la inmensa numeraria que habla de los retos y los esfuerzos.
El peso realista y concreto de diversas externalidades no previstas y de súbitos acontecimientos globales ha forzado reiteradamente a que dichos planes sufran modificaciones. Es una realidad para cualquier democracia, con independencia de su grado de desarrollo o madurez.
El surrealista aterrizaje de un pequeño Cessna en la Plaza Roja de Moscú y el desastre de la planta nuclear de Chernóbil fueron externalidades que demostraron el déficit en el famoso “paraguas nuclear”y la efectividad de los radares de la URSS. En España el atentado de Atocha modificó en horas la respuesta del electorado ibérico que castigó la mentira del oficialismo al decir que la ETA había sido la culpable del ataque terrorista y el PSOE arrebató el poder a Aznar. Ambas externalidades ejemplifican que fueron factores de cambio o ruptura a los regímenes en turno.
El parteaguas social del temblor de Ciudad de México en 1985, la caída del bloque soviético, la nueva configuración global de bloques comerciales, la crisis de Chiapas en 1994, los cobardes magnicidios del mismo fatídico año, el “efecto tequila”, la crisis global financiera del 2008, el llamado de la ONU a la transición energética, el COVID, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta el actual gobierno, fueron acontecimientos que modificaron los planes iniciales de los distintos gobiernos.
Un mundo inestable y con un pie en el tránsito a una nueva era define al gobierno de cualquier nación. En esta “era de las incertidumbres” como la definió John Kenneth Galbraith, cualquier evento impredecible puede poner en jaque en un momento inesperado a gobernados y gobernantes.
Frente al desarme de la administración pública federal que emprendió López Obrador y que ha continuado su sucesora en un “recorte con machete” con tal fuerza que ni siquiera los llamados gobiernos neoliberales lo hicieron, la acción eficaz del gobierno queda en duda. Muchos brazos técnicos fueron amputados y los mega proyectos que implican desafíos enormes de mando y administración, suponen enredos que no sólo secuestran al gobierno sino sobre todo a la ciudadanía. La presión al gasto público se suma a la estructural anemia fiscal del Estado mexicano.
No se trata de alarmar ni desear externalidades que sean fatales para el gobierno y la ciudadanía sino de apuntalar que la seguridad nacional es prevenir conflictos, pero también busca advertir externalidades que pueden convertirse en crisis emergentes con consecuencias no deseadas. Tener estrategia y prospectiva fortalecerán una respuesta adecuada para evitar o bien disminuir los riesgos.
Ante la austeridad del gasto público no es difícil imaginar que museos y centros de arte públicos de México no tengan actualizados los niveles de seguridad contra robo y desastres. Muchos de los votantes de MORENA tuvieron una temprana decepción cuando el tabasqueño, inauguró su mandato con una merma de 1000 millones de pesos al sector cultural.
Si los dos sexenios anteriores habían destinado al ramo cultural en su primer año de ejercicio un .33% y .32% del presupuesto, el nuevo Ejecutivo inició con un lejano .21%. El Presupuesto de Egresos 2022 ha destinado 1,949,87 millones de pesos al renglón de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, cifra cada vez menor y que alerta a los expertos conocedores del asunto.
El incendio de Notre Dame en París en abril de 2019 y del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro en septiembre de 2018, retratan tristes ejemplos de riesgo. ¿En México están actualizados los protocolos para evitar una catástrofe de esa naturaleza? ¿El Gobierno de la República mantiene una estructura de protección y de seguros para resguardar su milenaria herencia que lo hacen ser en una de las potencias globales en patrimonios culturales de la humanidad de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)?
Si está en riesgo el patrimonio cultural mexicano también se lesiona el artículo 4 de la Carta Magna que menciona que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”. Dicha normatividad se refiere a los bienes y servicios culturales del Estado mexicano que podrían estar en peligro no sólo de un accidente sino también de robo o acto vandálico.
El continuo desfile de piezas artísticas de diversos períodos de la historia de México que son subastados en Estados Unidos o Europa ante la nula mirada del Gobierno de la República ejemplifica la ausencia del resguardo y recuperación de tesoros nacionales. Loable son las piezas rescatadas, más por la astucia de brillantes diplomáticos mexicanos que por una política de Estado en la materia. Dichos logros palidecen cuando museos como el de Antropología, el MUNAL o el Tamayo deben de cerrar sus puertas por falta de personal de seguridad. Desde que en 1964 abrió sus puertas el Museo de Antropología, clasificado como uno de los grandes museos del mundo, jamás había cerrado sus puertas al público. ¿Qué opinión tiene la autoridad cuando en el Alcázar de Chapultepec y otros recintos de la cultura están con cartelones de quejas de falta de mantenimiento de instalaciones, rupturas sindicales o despidos injustificados? ¿Es viable la licitación pública, como lo ilustró Reforma, para que empresas privadas de seguridad reemplacen a la Policía Auxiliar de la CDMX cuando no se han presentado el número suficiente de guardias que todo indica no tienen idea de lo que resguardan?
Alertar a la autoridad y a la propia ciudadanía es un deber democrático. No se trata ni de alarmismo ni deseo de una fatalidad, sólo de preguntarnos si tenemos capacidad de Estado para disminuir externalidades que puedan vulnerar nuestro acervo y herencia cultural. En dado caso de que por desgracia sucedan ¿qué influencia e impacto en la gobernabilidad democrática podrían tener en el curso del gobierno y de toda la sociedad mexicana? El pasado acto vandálico al MUAC en Ciudad Universitaria es un aviso del riesgo de una turbamulta que puede poner en vilo otros museos y sitios artísticos. El pase de impunidad para grupos oscuros es la peor señal para actos como el que sufrió parte del Centro Cultural de Ciudad Universitaria. Frente a la llegada del Mundial 2026 donde el gobierno mexicano calcula recibir más de 5 millones de turistas ¿cómo se resguardarán los museos?
Un desastre no deseado a nuestro acervo milenario sería una cruel amputación al resplandor de 30 siglos, como lo ilustró la magna exposición en el Metropolitano de Nueva York en 1990. Sería imperdonable una externalidad bajo el pie de la irresponsabilidad gubernamental que se dice ser “progresista y de izquierda”, pero que por un lado envía a la Unesco a un personaje que no se le cuestiona ni un ápice de este tema entre la bancada oficial aun cuando viene de destruir el INSABI y de ser Subsecretario de Salud. Su único mérito, ser tabasqueño por más que haya ocupado posiciones administrativas en el INAH.
Del otro lado, la presidenta de México dice que la funcionaria internacional de origen mexicano, Gabriela Ramos, candidata a la dirección general de la Unesco para el periodo 2026-2029, “no es una persona que nosotros hayamos recomendado” al organismo, pero “se le está apoyando”. En conjunto, el gobierno mexicano exhibe la nulidad de un plan cultural, pone en evidencia un patrimonio cultural en riesgo, desconoce las luces de mexicanos como Jaime Torres Bodet que dirigió la Unesco además de mostrar una descoordinación intersecretarial en apoyo a la alta posición que una mexicana respetable busca frente a las candidaturas de Congo y Egipto para dirigir la máxima estructura cultural y educativa del planeta.
Para muchos queda en sospecha la posición mexicana ante la salida de Estados Unidos de la Unesco que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026, pero que jugará un papel determinante en la elección. Ni que decir que la propia Unesco frente al optimismo del gobierno mexicano en relación a la alfabetización, sentenció que “no otorga ni ha otorgado oficialmente ninguna distinción o reconocimiento, como una bandera blanca o la mención a un país o territorio como libre de analfabetismo” (Crónica, 24 julio, 2025, pp. 12).
Cuando México necesita la virtud de sus expresiones culturales más destacadas para frenar la pésima imagen en el exterior, cuando la cohesión social debe tener por medio de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, instrumentos para proyectar su fortaleza, priva en el Ejecutivo un ambiente burocratizado, invadido de egos y sin altura de miras para que una mexicana ocupe una posición vital. La oportunidad para parar la larga lista de candidaturas mexicanas fallidas a organismos internacionales, que si bien viene de sexenios anteriores, parece no tomarse con la seriedad del caso. La 4T da muestra de su nula imaginación argumentando la desgastada frase que la mejor política exterior es la interior en conjunto a un “humanismo mexicano” que no alcanza trazo en los PND´s, pero es más que efectivo para los corifeos de la propaganda del régimen.
En suma, desafíos internos con la presión de una externalidad que ojalá no sea de graves consecuencias para el resguardo de nuestro patrimonio cultural y artístico. En el trazo es lamentable el descuido gubernamental a una candidatura fundamental para la UNESCO. La 4T no puede olvidar las palabras elocuentes de Torres Bodet cuando mencionó en su discurso durante la inauguración del Museo Nacional de Antropología en 1964; “por la afirmación de lo nacional a la integración de lo universal”.
Juan-Pablo Calderón Patiño / @balajucapitan