México es el primer socio comercial de los Estados Unidos y en aras de confirmarse como su mercado más grande tan pronto como Washington dé a conocer las cifras de enero a agosto del presente año.
Lo anterior no es producto de la generación espontánea sino de la estrecha relación entre las dos economías que, además de compartir tres mil kilómetros de frontera, han compartido una plataforma comercial común durante más de treinta años.
La importancia del tratado no puede subestimarse.
Ha sido nuestra carta de presentación como socio comercial confiable y como lugar atractivo para la inversión.
Representa una tercera parte del PIB mundial y un alcance a 500 millones de personas.
Ampara el 64% del comercio total de nuestro país, el 88% de nuestras exportaciones y el 42% de nuestras importaciones.
Nuestro país es el proveedor principal de autopartes hacia el mercado estadounidense y se ha convertido también en el mayor proveedor de autos eléctricos e híbridos desplazando a Japón, Alemania y Corea del Sur.
Esta relación que con virtudes y defectos ha dado forma a la economía de nuestro país será revisada a profundidad el año entrante en un ejercicio sui generis que no tiene antecedente alguno en la historia de los tratados comerciales.
El resultado de dicha revisión es incierto con posturas optimistas, pesimistas y moderadas en cuanto a nuestra capacidad de salir airosos de un ejercicio por demás complejo que pasará por temas técnicos, comerciales y políticos. Dada la asimetría entre las economías de los tres países, Washington llevará, sin duda, la voz cantante.
El camino hacia julio de 2026 es corto en tiempo, pero vasto en retos, vicisitudes y coyunturas concretas y complejas.
El primer peldaño con rumbo al ejercicio del año entrante tendrá lugar en un par de semanas cuando se cumpla el plazo de noventa días otorgado a México en el tema arancelario, en una especie de tregua que requirió de la atención por parte de nuestro gobierno a una lista de lo que el USTR ha calificado como barreras no arancelarias impuestas por México y una serie de acciones que en opinión del gobierno en Washington configuran incumplimientos francos al tratado.
Estos irritantes fueron gestados en su mayoría durante la administración anterior y en opinión de algunos han sido solapados (y en algunos casos agravados) durante la presente administración.
En días recientes la Junta Independiente de Expertos Laborales sobre México del Congreso en Washington (IMLEB) ha manifestado su preocupación acerca de la capacidad del gobierno mexicano de alcanzar los estándares laborales exigidos por el T-MEC.
Al IMLEB le preocupan entre otros temas la reforma judicial en tanto que, conforme a los compromisos asumidos por México al amparo del tratado, fueron capacitados 68 jueces para que atendieran en forma eficiente las exigencias del tratado en materia laboral, de los cuales apenas 9 fueron electos el 1 de junio.
Estos ingredientes no abonarán en nada a un ejercicio que estará impregnado de una asimetría que será hecha valer al estilo del poder Trump 2.0.
En el plano interno en EU, a inicios del mes entrante la Corte resolverá sobre la legalidad de una buena parte de los aranceles impuestos por la administración Trump, con el riesgo de una crisis constitucional sin parangón en dicho país en el pasado reciente.
El pronóstico reservado de la resolución a cargo de la Corte lo comparte el efecto que, sin duda, tendrá en el ánimo de Washington al sentarse a revisar el tratado con sus socios comerciales más importantes.
El año entrante tendrán lugar elecciones primarias y procesos electorales estatales, locales y de medio término en los Estados Unidos que pueden verse influenciados por el estado que guarden la economía norteamericana, las políticas comerciales implementadas y su impacto en los bolsillos de los votantes.
Nuestro gobierno tiene la oportunidad de hacer lo que es correcto para México, con la complejidad que representa una incompatibilidad clara entre aquello que se requiere para atraer inversiones de valor y largo alcance y lo que ha venido implementándose durante siete años a la luz de políticas públicas propias de la Cuarta Transformación.
En resumen, se trata de revisar a fondo el rumbo en aras de hacer al país más atractivo y competitivo en el momento que más lo necesita.
La ruta a la revisión del tratado es la oportunidad precisa para hacerlo en una coyuntura en la que el país se juega a apostar al crecimiento o al decrecimiento.
Ni más ni menos.
