En los años ochenta el politólogo Joseph Nye Jr. acuñó el término poder blando (soft power), referido a la capacidad de un país de influir en otros sin recurrir a la presión coercitiva lo que implica en términos prácticos que los países proyecten valores, ideales y cultura fomentando la buena voluntad y fortaleciendo alianzas.
El enfoque mostrado por la administración Trump 2.0 hacia las instituciones internacionales y la cooperación y el desarrollo ha venido marcando un cambio drástico del rol estadounidense en el ámbito internacional con implicaciones directas en el concepto de poder blando y la justicia global.
Recientemente, la Barra Internacional de Abogados (International Bar Association, IBA) dio a conocer un documento en el que representantes de alto nivel que formaron parte de administraciones anteriores en EU discutieron el enfoque de la administración Trump en temas como la existencia y funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Corte Penal Internacional (CPI) y distintos tratados e instrumentos internacionales tradicionalmente apoyados por el gobierno americano.
Cabe recordar que USAID es una agencia federal de EU que fue creada en 1961 para administrar la mayor parte de la ayuda exterior no militar del país enfocándose en el desarrollo económico, la asistencia humanitaria, la salud, la educación y la democracia, con actividades en más de cien países para promover la estabilidad, combatir la pobreza y responder a situaciones de desastre.
Por su parte, la CPI es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves como el genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cuyo tratado (el Estatuto de Roma) fue adoptado en 1998. A partir del año 2003, la CPI sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
El presidente Trump ha declarado esencialmente la guerra al orden internacional. Además de retirarse del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud, el 4 de febrero emitió una orden ejecutiva en la que ordenó revisar la participación de EU en organizaciones y tratados internacionales señalando cuáles se consideran contrarios a los intereses de su país.
El análisis dado a conocer por la IBA refiere un claro desmantelamiento de la arquitectura de derechos humanos y justicia global bajo la administración estadounidense.
Muchas de las oficinas funcionales que se vienen desmantelando en el gobierno de EU brindaban opiniones y asesoría expertas en temas de derechos humanos, trata de personas y otros, afectándose en los hechos la implementación de proyectos relevantes.
A manera de ejemplo, el cierre de la USAID como agencia independiente ha llevado a un alto en proyectos que apoyaban el estado de derecho y la democracia alrededor del mundo.
Las organizaciones que dependían de programas de financiamiento diversos a cargo del gobierno estadounidense están sufriendo severamente y muchas han congelado ya iniciativas.
A pesar de que muchas encuestas muestran que el pueblo estadounidense desea un papel activo en la promoción de la democracia y los derechos humanos, el desmantelamiento de estas oficinas y programas amenaza esa visión.
El poder blando es esencial en las relaciones internacionales y EU ha alcanzado un punto de inflexión en su influencia global.
Voces críticas destacan que la administración actual ha atacado alianzas y principios democráticos, lo que puede llevar a una independencia estratégica de Europa respecto de EU y el inicio de una redefinición en el liderazgo tradicional de instituciones democráticas.
Es también destacable la aplicación de sanciones en contra de la CPI en el contexto de un desprecio por las instituciones que históricamente han defendido los derechos humanos. Cabe recordar que la administración Trump ha impuesto sanciones a funcionarios de la CPI ante la decisión de investigar acciones a cargo de fuerzas estadounidenses.
Lo cierto es que el Estado de derecho enfrenta desafíos dentro y fuera de EU y el ataque a las instituciones democráticas en territorio estadounidense está íntimamente relacionado con el asalto al derecho internacional.
Esta redefinición aparente de los valores estadounidenses puede representar una afrenta a la estructura de la democracia con repercusiones significativas para la política interna de EU y su posición en el sistema internacional.
