En palabras de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el viento mueve turbinas, comunidades y economías.
La industria permanece atenta a la publicación del reglamento en materia eléctrica y las disposiciones técnicas que complementen la reforma del sector aprobada durante la presente administración.
México está llamado a ser un actor principal en el impulso de energías limpias y la importancia de los proyectos eólicos es innegable.
Al cierre del año pasado, la capacidad total instalada de energía eólica en el planeta rebasó 1,132 GW. Al cierre del año pasado, de acuerdo con la AMDEE, México opera 74 parques eólicos distribuidos en 16 estados con una capacidad instalada de 7.7 mil MW, que operan a partir de 3,342 aerogeneradores activos con una inversión acumulada cercana a los 14 mil millones de dólares.
Durante el presente año, la energía eólica ha aportado casi 20 TWh, lo que representa 5.68% de la generación eléctrica total, suficiente para cubrir la necesidad de más de 11 millones de hogares mexicanos, evitando 8 millones de toneladas de CO₂ (lo que equivaldría a sacar de circulación 2.1 millones de automóviles de combustión interna).
El sector de la energía eólica generó 9,780 empleos directos durante el año pasado, superando los 9,482 generados en el año 2023.
La industria tiene una base sólida y un potencial innegable de crecimiento, resultando imperioso contar con las reglas claras en el sector con el propósito de recuperar los años perdidos.
Es necesario un rumbo que logre el crecimiento del sector, mejore la eficiencia energética y modernice la infraestructura de transmisión y distribución (CFE acaba de anunciar inversiones para 6,700 km de líneas de transmisión, 275 proyectos y 524 subestaciones).
En opinión de la AMDEE, de los 30 GW de energía limpia necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y las metas globales suscritas por nuestro país, una tercera parte debe corresponder a proyectos eólicos.
El impacto de la energía eólica trasciende temas económicos o medioambientales y se despliega en el desarrollo regional (en zonas como el Istmo de Tehuantepec, fortaleciendo el tejido social comunitario en comunidades históricamente enfrentadas a situaciones de pobreza extrema y abandono).
El año pasado fueron reformados los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y presentada la Estrategia Nacional del Sector y ya en marzo de este año fue publicada la Ley del Sector Eléctrico.
El texto constitucional y la ley en la materia trazan las grandes directrices del marco aplicable a la industria eléctrica y por primera vez en los últimos años el Gobierno Federal parece sentirse cómodo con un marco que percibe acorde a su visión del sector.
El reglamento que debe publicarse antes del 15 de septiembre detallaría las reglas de participación del sector privado en contratos a largo plazo y esquemas de participación mixta, además del Mercado Eléctrico Mayorista.
El reto ahora es conjugar el concepto de prevalencia de CFE con esquemas de participación que resulten atractivos para el sector privado y que, además, no agraven las preocupaciones y la molestia de nuestro socio comercial principal.
Cabe recordar que transitamos por una tregua de 90 días para la aplicación de aranceles que pasa por el tema de barreras no arancelarias que en opinión del gobierno de presidente Trump no son pocas y deben levantarse en forma inmediata.
La Oficina del Representante Comercial (USTR) ha indicado que las barreras impuestas por México incluyen barreras a la inversión en el sector eléctrico (entre otras, la preferencia a CFE sobre participantes privados en violación del piso parejo que requiere un mercado abierto a la competencia y la libre concurrencia en actividades de generación y comercialización).
Es cierto que los socios comerciales mantienen el derecho a reformar su marco constitucional, verdad de perogrullo inserta en el capítulo 8 del T-MEC a insistencia del equipo de transición nombrado por el Lic. López Obrador en 2018. Pero cierto es también que las reformas que atenten contra las disposiciones del propio tratado tienen consecuencias de derecho al considerarse violatorias de los compromisos asumidos.
El apoyo a los proyectos eólicos es clave para que el país alcance sus metas en materia de reducción de huella de carbono y una matriz energética diversificada.
Habrá que ver cómo resuelve nuestro gobierno la disonancia entre prevalencias ideológicas y la necesidad de contar con inversiones privadas de largo alcance.
