Capital Jurídico

¿Un nuevo Pemex?

Es necesario apostar por una empresa que comience por alejarse de un símbolo desgastado de soberanía.

La producción de Pemex ha caído sistemáticamente en los últimos años.

Las inversiones de la empresa en actividades de exploración y producción han sido insuficientes y el sistema de refinación opera por debajo del 50% de su capacidad.

La empresa mantiene una nómina de más de 130,000 empleados con pasivos contingentes en el rango de 1.2 billones de pesos por concepto de pensiones y jubilaciones.

La deuda financiera de Pemex es de un perfil de riesgo alto (84% se denomina en moneda extranjera con pagos trimestrales crecientes que presionan la liquidez y un costo financiero superior al promedio del sector).

El nuevo Plan Estratégico de Pemex 2025-2030 destaca conceptos arropados desde la administración anterior en términos de soberanía energética y la recuperación del control exclusivo de actividades estratégicas del sector por parte del Estado mexicano.

El plan incluye la reintegración vertical y la recuperación de la empresa como eje único del desarrollo energético nacional, con la idea de elevar ingresos y reducir costos mejorando su perfil financiero.

Lo anterior transita por ejes rectores que incluyen la consolidación de la producción de crudo, la exportación de excedentes y la reposición de reservas, el freno al declive de yacimientos maduros y la reactivación de campos en producción con potencial de crecimiento.

Las líneas de acción incluyen fortalecer el sistema nacional de refinación, ampliar la producción de gas natural y la red de gasoductos de Oaxaca y Tabasco y comercializar energéticos distintos a los hidrocarburos (incluyendo electricidad a partir de centrales solares, eólicas y geotérmicas).

Elaborar un plan trasversal que busque mejorar la situación de la empresa dado el innegable papel que esta desempeña en el mercado energético nacional es de suyo una buena noticia.

Sin embargo, el desafío no es menor.

El país mantiene compromisos de un mercado abierto a la participación del sector privado y de competencia abierta y libre concurrencia con los que se diseñó la reforma energética de 2013 y 2014, pilares que se encuentran insertos e intactos a esta fecha en tratados comerciales de los que México es parte (destacadamente el T-MEC y el TPP).

El reciente pronunciamiento del presidente Trump en el que confirma una tregua de 90 días para la imposición de aranceles adicionales a nuestro país, refiere de manera expresa y enfática la existencia de barreras comerciales no arancelarias impuestas por el gobierno mexicano que México ha aceptado eliminar de inmediato.

El tema de las barreras comerciales ha sido abordado en forma recurrente por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative - USTR) identificando desafíos que persisten a pesar del marco normativo establecido por el T-MEC. Estos incluyen una política energética regresiva que favorece a Pemex y CFE mediante reformas legales y constitucionales que restringen la participación privada, política que está centrada en fortalecer a las empresas del Estado en detrimento de la inversión privada y de los compromisos asumidos en el T-MEC.

Estamos ante acciones simultáneas que, de cierta manera, persiguen objetivos discrepantes.

Se busca por una parte la rentabilidad y un tratamiento preferente para la empresa pública del Estado posicionándola como el eje único del desarrollo energético nacional. En paralelo, se busca atender las peticiones de la administración Trump —incluyendo la eliminación inmediata de barreras comerciales que precisamente incluyen el trato preferente a las dos empresas públicas, Pemex y CFE, en violación del T-MEC.

Se proyecta por otro lado mantener actividades de refinación cuando estas han intensificado el deterioro financiero de la empresa (que produce combustible a un costo mayor que el precio pagado por combustible importado y enfrenta restricciones técnicas, ambientales y logísticas para colocar el producto).

Es necesario apostar por una empresa que comience por alejarse de un símbolo desgastado de soberanía u orgullo nacional, pero también de quienes la condenan a una carga sin remedio.

El acercarse a un análisis más técnico y de trabajo trasversal de distintas instancias del gobierno es sin duda un avance frente a lo que experimentamos en los últimos años.

Sin embargo, es posible que falte todavía un esfuerzo para liberar cargas ideológicas que transitan por esquemas agotados de verticalización y conceptos redundantes de nacionalismo y control político desmedido.

Juan Carlos Machorro

Juan Carlos Machorro

Líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta

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