El Producto Interno Bruto registró un avance marginal de 0.7% en el segundo trimestre del año con cifras ajustadas por estacionalidad, pero las proyecciones parecen seguir siendo a la baja para el segundo semestre con estimaciones que van desde el estancamiento hasta un crecimiento marginal.
La tregua de noventa días concedida por la administración del presidente Trump en el tema arancelario es ciertamente un interludio bien recibido, pero en forma alguna permite advertir que la turbulencia esté próxima a desparecer.
Lo cierto es que la coyuntura actual está marcada por escenarios complejos de volatilidad comercial, tensiones arancelarias y geopolíticas y un proceso de revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuyo desenlace es cada vez menos cierto.
Diversos analistas, incluidos Barclays y Deutsche Bank, coinciden en que el crecimiento económico de México se verá limitado.
En este sentido, la situación plantea no solo un desafío económico sino legal y exige cuestionarnos si nuestro marco jurídico está a la altura de las circunstancias.
Es indudable que para atraer inversiones de calidad y de largo alcance resulta necesario contar con claridad de reglas y con instituciones eficaces que las hagan valer.
La realidad actual obliga a reforzar conceptos de seguridad jurídica en aspectos clave como incentivos a la inversión extranjera, la existencia de reglas claras y coherentes (que idealmente compartan directrices y prácticas probadas de mercado y estándares internacionales), el funcionamiento de instituciones y contrapesos democráticos eficientes, transparentes y confiables (destacadamente un Poder Judicial competente y autónomo) y la eficiencia en la gestión de trámites administrativos y aduanales asequibles y transparentes.
Cuando el dinamismo económico se desacelera, la estabilidad legal se convierte en un activo institucional de relevancia en el sostenimiento de la confianza empresarial.
El reto puede ser mayor en nuestro país ante decisiones que han sido cuestionadas en temas como la desaparición de órganos reguladores autónomos, una política energética que si bien intenta orientar directrices en el rumbo adecuado no esconde un desequilibrio en el tablero a favor de las empresas del Estado, y una reforma judicial cuyos efectos siguen inquietando en extremo a los inversionistas.
Un escenario de estancamiento económico abre también un debate acerca de las implicaciones de política tributaria y la efectividad del federalismo fiscal y los mecanismos de redistribución.
Un marco tributario consistente no debería operar con rigidez cuando los motores tradicionales de crecimiento se ralentizan. Es conveniente buscar una ruta fiscal que permita recaudar bien y gastar mejor, reconocer e incentivar la diversificación productiva y la canalización de recursos hacia sectores que demuestran capacidad de expansión, incluso en entornos adversos.
Resulta asimismo oportuno sugerir políticas públicas que estén en línea con un entendimiento adecuado de las leyes del mercado, la construcción de la riqueza y el papel que se espera de los sectores público y privado y una interacción eficiente entre sí.
En este sentido, es sensato mantener espacios de diálogo acerca del papel que se espera del Estado en la economía, particularmente en escenarios económicos complejos.
Lo anterior pasa por analizar y ponderar con mesura y objetividad si es conveniente mantener y autorizar proyectos sin rentabilidad financiera o social y empresas estatales en sectores no estratégicos.
Los conceptos de prosperidad compartida y humanismo mexicano arropan virtudes y bondades innegables en una realidad como la mexicana, pero la generación de prosperidad parte del crecimiento económico y de una interacción coherente y eficiente del sector público y el capital privado.
En escenarios convulsos, de crecimiento económico débil, la estabilidad de las instituciones y un marco jurídico sólido y coherente con la realidad pueden coadyuvar en forma decisiva a la proyección de confianza y competitividad.
El país requiere de regulación clara, transparente y adaptable para sostener su papel como destino confiable de inversión y un actor relevante en el comercio internacional, incluso en un entorno de desaceleración.
En pocas palabras, ante un panorama de bajo crecimiento, la certeza jurídica no es un accesorio sino un componente central de la estrategia económica.
