Si acaso faltara algo en la tirante relación con el gobierno de los Estados Unidos, este ha señalado recientemente violaciones del gobierno mexicano al acuerdo bilateral de servicios aéreos al adoptar decisiones unilaterales que, en su opinión, han minado condiciones justas de competencia perjudicando intereses de las líneas aéreas estadounidenses.
Las decisiones señaladas por el Departamento de Transporte de EU tienen que ver con la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la cancelación de operaciones de carga dedicada en dicho aeropuerto, ambas en detrimento de las líneas aéreas.
Se ha señalado que estas medidas carecen de sustento técnico y tienen como trasfondo llevar operaciones, por decreto, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto que no termina de despegar como parte de la solución planteada por la administración anterior ante la decisión de cancelar el proyecto en Texcoco.
Las autoridades en Washington señalan que, después de más de tres años de solicitar información al gobierno mexicano sin respuesta alguna, es momento de poner orden en la relación. Mientras no se atiendan las preocupaciones del gobierno de Trump, deberán revisarse y autorizarse previamente solicitudes de nuevos vuelos de operación regular y de fletamento (chárter).
Adicionalmente, se ha puesto nuevamente en la agenda el retiro de la inmunidad antimonopolio que permite la operación de la alianza Aeroméxico-Delta, pieza fundamental en la actividad transfronteriza de dichas empresas.
Esta alianza permite a Aeroméxico la gestión coordinada de tarifas e ingresos, programaciones en red y la administración eficiente de flotas, habiendo transportado a más de 54 millones de pasajeros desde 2017 al amparo del Joint Cooperation Agreement suscrito con Delta, cubriendo más de 610 millones de millas en 420 mil vuelos operados en 77 rutas.
Es necesario escribirlo con todas sus letras, las decisiones que ahora dan sustancia a los reclamos del Departamento de Transporte de EUA tienen como causa directa la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
Esta coyuntura nos permite recordar no solo la relevancia de dicha cancelación, sino su costo económico, reputacional y operacional y las repercusiones que sin duda seguiremos padeciendo en términos de conectividad.
La apuesta del AIFA como solución a la demanda de transporte aéreo en el Valle de México (y en el país entero), ha resultado ser un pesado lastre para la administración de la Dra. Sheinbaum y para el mercado nacional y bilateral.
Es sumamente complicado cuantificar el costo reputacional, de demanda insatisfecha y de fractura a la conectividad aérea que ha traído la decisión que ha sido señalada como el Pecado Original.
En términos económicos, recordemos que en su momento la Auditoría Superior de la Federación calculó (inicialmente) el costo de la cancelación en más de 331 mil millones de pesos (poco menos de 18 mil millones de dólares).
El costo total del proyecto Texcoco fue calculado en 13.3 mil millones de dólares.
Existen cálculos de la industria que señalan que, por cada millón de pasajeros transportados en un aeropuerto, se generan 1,000 empleos directos y 3,000 empleos indirectos. Texcoco transportaría en su segunda fase a 135 millones de pasajeros (superando al aeropuerto con mayor volumen de pasajeros —Atlanta—, con 110 millones de pasajeros).
Lo anterior representaba más de medio millón de empleos generados a partir de un solo proyecto. No existe un solo antecedente con tal capacidad de generación en la región latinoamericana.
Es difícil calcular el valor actual del costo económico de la decisión en comento, máxime cuando este sigue incrementándose en el tiempo.
El cálculo debe incluir no solo el costo de cancelación de contratos en marcha, el costo financiero (que seguiremos pagando hasta el año 2047), el costo del AIFA (construcción y subsidios) y sus obras aledañas y accesorias, los costos generados en la industria y los recursos públicos que han tenido que emplearse (y continúan destinándose) para el mantenimiento de un moribundo AICM.
En su momento habrá un corte de caja que nos permita conocer en su justa dimensión el tamaño del dispendio generado.
Por lo pronto, aprovechemos esta oportunidad para recordar que los proyectos de infraestructura deben quedar fuera de agendas políticas y que la toma de decisiones basadas en cargas ideológicas sin sustento técnico resultan normalmente en problemas de largo alcance.
