El dilema entre seguridad y privacidad es complejo y relevante en las sociedades actuales.
Por un lado, los gobiernos buscan herramientas eficaces para atender la protección de las personas, la propiedad y la información frente a amenazas como el crimen, el terrorismo y los ciberataques.
Por otro lado, las personas defienden con razón su derecho a la privacidad y el control del acceso a su información personal y el derecho a mantener su vida privada sin interferencias externas.
El dilema plantea preguntas complejas, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad en aras de la seguridad?, ¿es posible encontrar un equilibrio que proteja ambos aspectos?
La respuesta varía dependiendo de circunstancias y perspectivas específicas, pero constituye un debate que evoluciona sin duda con el avance de la tecnología y las capacidades de herramientas y soluciones cada vez más complejas.
En nuestro país fueron publicadas la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que busca fortalecer al Estado con una estructura tecnológica y organizativa para generar inteligencia criminal y prevenir y combatir delitos, y la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regula el uso del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios, y contempla la intervención de comunicaciones privadas con autorización judicial para investigaciones, lo cual en opinión del gobierno no implica censura alguna.
La oposición argumenta que, con el sello de la casa, no existieron ni diálogo ni debate en las cámaras, atropellándose una vez más principios básicos del proceso legislativo.
Por su parte, diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado con preocupación acerca de la posibilidad de que el Estado tenga acceso irrestricto a información personal, desde metadatos telefónicos hasta puntos de consumo, configurándose así un sistema de vigilancia masiva que conecte información de bases de datos biométricos, fiscales, médicos y de geolocalización sin que necesariamente medie una orden judicial.
El Gobierno asegura que no se podrá intervenir ni geolocalizar un teléfono sin una orden judicial y que cualquier consulta a la futura Plataforma Central de Inteligencia estará acotada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asegura además que se trata de ordenar un caos de facultades dispersas, ya existentes, regulando el tema de mejor manera limitando con ello facultades ya existentes.
Lo cierto es que en muchos casos los ciudadanos hemos compartido información a lo largo del tiempo con actores públicos y privados, desde Amazon, hasta el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Cierto es también que este fenómeno no es exclusivo del país y que en distintas democracias se tensan discusiones en torno a la necesidad de los gobiernos de contar con mejores herramientas de inteligencia para fines de seguridad sin trastocar la esfera privada del individuo, en respeto de los derechos humanos.
La cuestión es si el afán de contar con mejores herramientas para el Estado justifica ceder un espacio de privacidad.
El reto está en construir confianza desde el Estado y en convertir lo que tradicionalmente ha sido una práctica ilegal de espionaje en la utilización legal de información para fines de inteligencia y combate efectivo al crimen.
Efectivamente, la confianza o la desconfianza en las capacidades del Estado y la existencia o inexistencia de instituciones democráticas maduras y de un Estado de derecho consolidado juegan un papel preponderante en los argumentos a favor de una u otra postura.
El reto no es menor cuando estas leyes se van a poner a prueba con muchas preguntas y dudas ante la reciente designación de jueces federales y locales como resultado de la llamada reforma judicial, la desaparición de órganos como el extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el sometimiento de facto que ha experimentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El nivel de responsabilidad a cargo del Estado en el manejo legal y responsable de estas herramientas es mayúsculo, como lo es su obligación de dar mejores resultados en el tema de seguridad.
Al gobierno se le han ido acabando los argumentos para seguir culpando al pasado de la realidad que nos aqueja.
