En opinión de Fitch Ratings, el sector bancario de mercados emergentes enfrenta una mayor volatilidad derivado del debilitamiento de perspectivas macroeconómicas globales y de tensiones geopolíticas, entre otros factores.
En el caso específico de México, la agencia ha expresado preocupaciones acerca del sector anticipando un panorama de deterioro que se deriva de factores externos, incluyendo la incertidumbre que genera la guerra comercial arancelaria a cargo de los Estados Unidos, y factores internos que incluyen los efectos de la reforma judicial en el país.
Es probable que dicho reporte no haya considerado aun el riesgo asociado al señalamiento de tres instituciones mexicanas a cargo del Departamento del Tesoro.
Las últimas semanas han sido, sin duda, convulsas para el sector bancario en nuestro país.
Autoridades, entidades reguladas y el gremio en su conjunto han tenido una agenda saturada; el proceso a cargo del Departamento del Tesoro transita por una tregua de 45 días mientras se trabaja en forma intensiva en la reestructura ordenada de la operación a cargo de las instituciones afectadas.
En el plano gremial, la Asociación de Bancos de México indicó hace unos días que la agenda de la banca mexicana se enfocará en cuatro ejes estratégicos: digitalización y bancarización, educación financiera, impulso al crédito y empoderamiento y satisfacción del cliente, en aras de reconfigurar el sistema abordando barreras estructurales.
Destacan el primer eje de digitalización y bancarización y los retos que persisten en materia de inclusión financiera (el 76.5% de la población cuenta con un producto financiero, el 63% con un producto de captación y solo el 37% una cuenta de crédito).
El reemplazo del efectivo sigue siendo un reto mayor en México (el 74% de las operaciones mayores a 500 pesos se realizan con efectivo).
Reemplazar el uso de efectivo es importante no solo por razones de eficiencia transaccional, sino por temas de seguridad (autenticación y encriptación), trazabilidad (rastro digital), inclusión financiera, control y combate a prácticas de lavado de dinero y evasión fiscal.
Los ejes transversales de la agenda 2030 de la banca mexicana tienen que ver con la estabilidad financiera y de los mercados, la normatividad, la agenda internacional y la responsabilidad social.
La normatividad juega, sin duda, un papel preponderante cuando se habla de intermediación bancaria.
Históricamente los países han oscilado entre regulaciones creativas, más laxas y de laissez faire y otras con requisitos estrictos en una actividad como la banca que es considerada, cuando menos, de interés general. Ello hasta que la realidad irremediablemente alcanza a los mercados y nos recuerda la vulnerabilidad del negocio bancario ante situaciones de crisis profundas.
La última de estas crisis, la gran recesión de 2009 obligó a la implementación de reformas a nivel internacional para fortalecer el sistema bancario y prevenir crisis futuras, incluyendo el Acuerdo de Basilea III promovido por el Comité de Supervisión Bancaria. Las autoridades mexicanas actuaron de conformidad y reforzaron las reglas prudenciales de nuestro marco normativo.
Basilea III estableció requisitos más estrictos de capital para los bancos (requisitos mínimos de riesgo ponderado por activos, en capital común de alta calidad, de capital total, capital de conservación, capital contra riesgos sistémicos aplicable a los bancos too big to fail) y un fuerte enfoque en la liquidez de las instituciones (activos líquidos de alta calidad para cubrir salidas de efectivo y financiamiento de activos a largo plazo con fuentes de financiamiento estables).
El derecho está llamado a ser dinámico y evolucionar con la sociedad, adaptándose a nuevas realidades y necesidades. En este sentido, resulta conveniente revisitar en forma permanente la suficiencia, la vigencia y la pertinencia de las reglas.
Ante la coyuntura actual, es posible adelantar una nueva ronda de actualización de la regulación bancaria en nuestro país, en sintonía y apuntalamiento de los principios de Basilea III.
Sería deseable además contar con inversiones en capacidades de supervisión, con acciones de supervisión proactiva y coordinación efectiva entre nuestras autoridades y sus pares en Washington, intercambios eficientes de información, colaboración y mejores prácticas conjuntas, especialmente en cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera, la prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
