Este mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer su pronóstico económico 2025, OECD Economic Outlook - Tackling Uncertainty, Reviving Growth, ajustando su proyección de crecimiento global del 3.3 por ciento en el año 2024 a un modesto 2.9 por ciento en el año 2025, teniendo la reducción del crecimiento y el intercambio comercial un impacto en los ingresos y la generación de empleo alrededor del mundo.
En este contexto, las políticas públicas adquieren un papel fundamental para reducir el clima de incertidumbre y fomentar el crecimiento económico, resultando esencial buscar acuerdos que disminuyan tensiones comerciales, reduzcan aranceles y otras barreras al comercio, reviviendo el crecimiento económico y la inversión.
Fomentar la inversión resulta esencial para reactivar las economías y mejorar las finanzas públicas. En este sentido, el documento destaca que la inversión ha sido muy baja desde la crisis financiera global, lo que ha resultado en menor crecimiento, deterioro de la productividad y del nivel de vida en distintos países.
Los gobiernos deben colaborar en forma conjunta para mitigar los riesgos asociados a la incertidumbre y buscar reformas estructurales que fomenten el crecimiento y la creación de empleos de calidad y de largo plazo. Los acuerdos comerciales deben revisarse para resolver tensiones existentes y reducir o eliminar barreras al comercio, además de buscar de manera decidida la cooperación multilateral.
Los gobiernos deben asimismo impulsar al sector privado y al sector público a colaborar y aumentar niveles de inversión a partir de políticas que impulsen la productividad y mejoren la competitividad de sus economías.
Para el caso de nuestro país, el documento de la OCDE proyecta un crecimiento de 0.4 por ciento en 2025 y de 1.1 por ciento en 2026.
Se estima también que mantener tasas bajas de desempleo y niveles inflacionarios medianamente controlados apoyarían el consumo interno, reconociéndose que las exportaciones del país se verán afectadas por los aranceles y el debilitamiento del crecimiento económico mundial.
La inversión podría verse apoyada en parte por tasas de interés en proceso de reducción, pero únicamente se espera que se vaya recuperando de manera gradual, derivado del alto nivel de incertidumbre prevaleciente por temas internos y externos.
La implementación en nuestro país de un plan fiscal de mediano plazo podría reducir el déficit existente en forma gradual, generando espacio para inversiones que podrían detonar productividad en sectores como el educativo.
Se espera que el déficit pueda reducirse a 3.5 por ciento en el año 2025, fundamentalmente a partir de recortes en el gasto y la inversión pública, y a 3 por ciento para el año 2026.
Debido a la dependencia con el mercado estadounidense, la ralentización en la economía norteamericana durante el periodo 2025-2026 podrá tener un impacto desfavorable en la demanda interna y externa.
Una renegociación exitosa del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá podría apoyar incrementos en inversiones de largo plazo y exportaciones de una manera más optimista a la que se anticipa en la actualidad.
El reporte también indica desde el punto de vista fiscal que es necesario maximizar el cobro eficiente de impuestos, incluyendo acciones tendientes a la digitalización del sistema generando espacio para gasto adicional en áreas de mejora en la productividad.
Por otra parte, la aplicación sistemática de análisis costo-beneficio en los proyectos de inversión mejoraría considerablemente el gasto público. Los proyectos icónicos de la administración anterior siguen sin generar valor y han consumido una cantidad importante de recursos públicos, con dolencias serias en materia de planeación y transparencia.
El relanzamiento de espacios para la participación de la inversión privada en distintos sectores de la economía mediante el establecimiento de reglas claras y una gestión administrativa eficiente resulta un factor esencial para reactivar proyectos de calado profundo.
El sector de energía es un ejemplo claro de lo que podría lograrse a partir de reglamentos y lineamientos claros y una gestión eficiente de permisos, explotando de manera eficiente e inteligente recursos en materia de energías renovables, dándole al país una ventaja competitiva.
Asimismo, es necesario mejorar el manejo del recurso hídrico y fortalecer la capacidad de adaptación del país al cambio climático, reduciendo riesgos operativos.
En resumen, es momento de implementar políticas públicas que atraigan inversiones de calidad y de largo alcance.
