El pasado 1 de junio se llevó a cabo la elección por voto popular de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 286 titulares de Juzgados de Distrito, además de miles de cargos en el Poder Judicial local en 19 estados.
Es este un proceso altamente cuestionado desde sus orígenes, dentro y fuera del país. Lo que atestiguamos el pasado 1 de junio confirma que estamos en presencia de un ejercicio viciado de origen y plagado de irregularidades, cuyo objetivo parece distar de contar con un Poder Judicial eficiente.
La Organización de los Estados Americanos manifestó su preocupación y una clara recomendación a los demás países latinoamericanos de no seguir en forma alguna el ejemplo mexicano.
Pero ¿qué significa esto para las empresas?, ¿está en riesgo la independencia del Poder Judicial y por qué es esto importante? y, sobre todo, ¿qué hacer ante este panorama de incertidumbre?
Distingamos en primer lugar a las empresas que ya desarrollan actividades en nuestro país de aquellas empresas e inversionistas que se encuentran analizando invertir en México.
En el primer caso, la conclusión inmediata es que hay que estar atentos a la evolución de la impartición de justicia a partir de esta nueva realidad y tomar algunas acciones concretas.
En el caso de empresas con planes de invertir en el país, no cabe duda de que los riesgos cualitativos de hacer negocios en México se han incrementado con esta reforma y que aquellas que deciden ir adelante con sus proyectos están revisitando las tasas de retorno a partir de una realidad mexicana que se aleja de la práctica internacional y de garantías a priori de juzgadores independientes.
En no pocos casos, el tema de la reforma judicial (y otras del régimen actual) y la zozobra que traen consigo –más allá del discurso oficial, junto con la realidad compleja y cambiante del concierto comercial internacional, han puesto en pausa o cancelado definitivamente proyectos de inversión en México.
Invertir en países con poderes judiciales independientes es crucial para las empresas por temas de predictibilidad –reducción de riesgos de arbitrariedad y corrupción en protección de inversiones, de respeto a los derechos de propiedad y garantías de que las disputas se resolverán de manera justa y con piso parejo.
Las empresas con actividades en México pueden en primer lugar realizar un inventario de las distintas relaciones jurídicas de las que son parte, distinguiendo aquellas en las que la empresa se relaciona contractualmente con otros particulares de relaciones jurídicas con el gobierno (en este último caso derivado de la titularidad de concesiones, permisos, licencias, como contratistas del gobierno en alguno de sus tres niveles o como contribuyentes).
En el caso de relaciones entre particulares, resulta prudente clasificar el grado de riesgo o vulnerabilidad de los contratos existentes en la empresa, en razón del monto involucrado, el objeto del contrato, de temas reputacionales o la relevancia que reviste determinado contrato como parte de un todo en la cadena productiva o en las distintas etapas de un proyecto.
Para aquellas relaciones contractuales clave que pudieran colocar en una situación de vulnerabilidad a la empresa ante una situación de incumplimiento, vale la pena revisar alternativas al procedimiento judicial tradicional ante tribunales mexicanos, que pueden incluir cláusulas de solución de controversias escalonadas, arbitraje comercial, conciliación, mediación y otros medios alternativos de solución de controversias.
En relaciones transfronterizas contractuales de importancia, vale la pena también revisar la pertinencia de contar con cláusulas arbitrales regidas por organismos internacionales e incluso analizar la pertinencia de someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros.
No existe una solución única para todas las empresas siendo necesario hacer un análisis cuidadoso caso por caso, con una estrategia integral que puede incluir las acciones aquí planteadas, de la mano de un asesor legal especializado.
Pero sin duda el tema más delicado que ha generado más preocupación es aquel que se refiere a la solución de controversias cuando la parte actora o demandada es el Gobierno Federal.
Mucho se ha cuestionado si un juez capturado en este brete electoral será capaz de emitir resoluciones en contra de quienes promovieron su candidatura y definieron su elección.
Es importante que las empresas se ocupen del tema actuando en forma preventiva ante esta nueva realidad.
