Los niveles de inversión extranjera nueva hacia el país registran niveles preocupantes a la baja.
Aun cuando se han reportado miles de millones de inversión extranjera al cierre de los últimos años, un análisis más minucioso demuestra que la inversión nueva ha sido más bien escasa.
La inversión extranjera directa es aquella que viene al país a generar empleos, a montar plantas, oficinas, sucursales, a adquirir el uso o la propiedad de inmuebles y a poner a trabajar activos fijos para la producción de bienes o la prestación de servicios.
En otras palabras, la inversión directa se compromete con el país y el mercado y genera riqueza, empleo y desarrollo, cuando percibe oportunidades de negocio, pero también recursos e infraestructura suficientes y reglas claras que se hagan cumplir con transparencia y eficiencia.
La coyuntura que vive actualmente el mundo poniendo en jaque estructuras tradicionales en las cadenas de valor y las reglas escritas en materia de comercio internacional, aunado a factores internos, pueden explicar en gran parte la ausencia de inversiones nuevas.
En efecto, la disrupción de las cadenas productivas y la puesta en duda de las reglas escritas en el ámbito externo han suspendido lo que parecía ser un claro apetito por nuestro país en temas de nearshoring (cercanía y eficiencias logísticas y geográficas en el suministro) y el friendshoring (cercanía y empatía en la existencia y el respeto de reglas medianamente homogéneas de mercado).
Si bien pocos imaginábamos una administración Trump 2.0 arrancando como lo ha hecho, lo cierto es que, hay que decirlo con todas sus letras, muchas de las decisiones adoptadas internamente poco o nada abonan a generar un ambiente de certeza para invertir en el país.
Históricamente el primer año de cada administración genera zozobra en los mercados. 2024 no fue la excepción y han venido generándose expectativas acerca del segundo piso de la llamada cuarta transformación, particularmente a partir de la configuración del Congreso y la posibilidad de aprobar reformas constitucionales.
Es un hecho que los mercados y los inversionistas no ven con buenos ojos la reforma judicial por más que se insista en una narrativa de méritos democráticos no puestos a prueba en ningún país del planeta, y tampoco han sido bien recibidas las reformas que desaparecen órganos reguladores constitucionalmente autónomos (particularmente en materia de competencia, transparencia y energía), ni la inserción de cuotas de mercado a favor de empresas del gobierno en sectores tan relevantes como el energético.
Como cada año, líderes de empresa encuestados por Kearney emiten su opinión acerca de los mercados que representan mayor atractivo para realizar inversiones transfronterizas (Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa -Kearney 2025 FDI Confidence Index).
El reporte refleja que las economías desarrolladas ocupan 19 de los 25 sitios de preferencia para invertir, liderados por los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, destacándose fortalezas en innovación tecnológica y calidad de infraestructura.
El Reino Unido y Alemania son los líderes en Europa, ocupando la tercera y la quinta posición respectivamente, con una clara percepción de innovación tecnológica y buen desempeño económico.
México ha descendido cuatro lugares y ocupa el último lugar de los 25 países rankeados este año. A este paso seguramente dejaremos de figurar en la siguiente entrega del reporte.
Este año adquieren mayor importancia en la mente de los inversionistas la eficiencia de los procesos legales y regulatorios y el desempeño económico de cada país como factores que miden la capacidad para navegar en tiempos globales convulsos.
Ninguno de dichos factores es destacable en nuestro país, cuando menos no en este momento.
No es la primera ni será la última vez que las inversiones se ajusten a un ambiente global turbulento buscando espacios de oportunidad, monitoreando condiciones macroeconómicas e interpretando cambios geopolíticos y regionales, siendo urgente hacer la tarea en el ámbito interno y recuperar la confianza y la reputación de nuestro país como un receptor confiable de inversiones de calidad y de largo plazo.
Muchas de las iniciativas vertidas en el Plan México se orientan hacia objetivos claros de crecimiento.
Para hacerlas transitables es menester acompañarlas de una restauración urgente de nuestras instituciones democráticas y del respeto irrestricto al Estado de derecho.
