Ojalá y el secretario Ebrard, o al menos el subsecretario Gutiérrez, hubiera escuchado la presentación de Robert Lighthizer la semana pasada en la ciudad de México, en particular cuando habló del Trade Promotion Authority (TPA), el proceso legislativo por medio del cual el Congreso de Estados Unidos otorga al presidente la capacidad de negociar acuerdos comerciales apegados a tiempos y objetivos establecidos previamente de manera conjunta, asegurando que el Ejecutivo consulte durante el proceso a los comités legislativos responsables, a cambio de la ratificación expedita del tratado. A diferencia de México y Canadá, en Estados Unidos el Congreso es responsable del comercio internacional.
Lighthizer encabezó la negociación del T-MEC por parte de Estados Unidos y en la actualidad no ocupa ningún puesto en el Gobierno Federal, aunque participó activamente en la campaña y es una de las referencias que han configurado la política proteccionista de Trump. Desde antes de la negociación del TLCAN, y hasta su designación como Representante Comercial (USTR) durante el primer periodo de gobierno de Trump, fungió como representante legal de la industria acerera de su país.
Cuando le preguntaron si el Ejecutivo de la Unión Americana solicitaría al Congreso el TPA, Lighthizer no dudó en responder que este “no vale el papel en el que está impreso”. Su respuesta fue congruente con la postura del gobierno de Trump, que ha evitado hasta ahora la participación del Congreso en la política comercial, en base a la aplicación de aranceles e invocando diversas emergencias para modificarlos, las cuales ya han sido impugnadas con éxito, por lo que el Departamento de Justicia solicitó en agosto a la Suprema Corte emitir un fallo definitivo de manera expedita, lo que sucederá antes de que termine el año.
La última versión del TPA, que venció el 1º de julio de 2021, se diseñó para forzar al gobierno de Obama a mantener una estrecha relación con el Congreso durante la negociación del acuerdo Trans-Pacífico y con la Unión Europea, cuando este no era muy afecto de cabildear al Legislativo. Por ello, las pocas negociaciones comerciales internacionales que llevó a cabo el gobierno de Biden se hicieron buscando no tener que renovar el TPA, como el caso del acuerdo sobre minerales con Japón o el Acuerdo Marco para la Prosperidad con los países de la cuenca del Pacífico, que eventualmente fracasó. Con una ligera mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, podemos esperar que si el TPA fuera renovado hoy le daría un mayor margen de acción al Ejecutivo.
Sin embargo, hay quienes consideran que el acuerdo sobre minerales con Japón y que cualquier acuerdo que resulte de las negociaciones que actualmente realiza Trump con el Reino Unido y la Unión Europea son impugnables sin la ratificación del Congreso. El gobierno de Trump argumenta que lo único que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa en estos casos han sido aranceles, por lo que el Congreso no tiene que intervenir al no requerir modificar ninguna ley. Los demócratas han generado varias quejas en comités que no han prosperado por ser minoría.
Pero el caso del T-MEC es diferente al implicar —como lo dijo Lighthizer— una renegociación, lo que conlleva a abordar diversos temas además de los aranceles, que a su vez pueden necesitar la modificación de varias leyes vigentes, lo que garantiza la participación de ambas cámaras del Congreso para diseñar y aprobar la ley que permita su implementación. Si Trump busca renegociar el T-MEC sin TPA, sentaría un nuevo precedente, ya que los 14 TLCs con que cuenta Estados Unidos han sido negociados bajo este procedimiento.
Si Trump no quiere solicitar el TPA, podría renegociar el T-MEC como un tratado internacional, según las atribuciones que le otorga el artículo dos de su constitución y presentarlo para su aprobación solamente ante el Senado, quien tendría que aprobarlo al menos con 67 votos. Hay quien sugiere que los cambios se podrían aprobar, uno a uno, como enmiendas al actual tratado.
Sin TPA no habría objetivos tan definidos como fueron en la negociación del T-MEC, Trump podría cambiar de parecer en cualquier momento, alterando la negociación, el proceso sería mucho más largo y el costo político aumentaría desproporcionadamente para México y Canadá. El nuevo tratado sería aprobado al menos por la siguiente legislatura, que inicia en enero del 2027 y que no sabemos su composición. Con todo esto, no podemos descartar que Trump proponga usar el TPA como moneda de cambio.