Aquí puedes escuchar a Jonathan Ruiz con esta columna Parteaguas. También disponible en Spotify.
Ha sido una semana difícil para el presidente de los Estados Unidos. ¿Eso puede complicarles a ustedes la semana?
No respondan muy rápido, particularmente quienes tienen planeados vuelos a ese país.
Los vientos fueron favorables para el señor Donald Trump hasta octubre, pero quizás el exceso de confianza provocó que tardara en mover sus piezas.
Ahora se suman adversidades sobre asuntos que no puede controlar o no quiere hacerlo para no alejar a la gente que lo apoya.
Dejen de lado por el momento las elecciones en Nueva York o el lío por los aranceles en la Suprema Corte. Ya iremos a eso.
Antes, revisen tres agendas que empujan en contra de sus políticas los líderes de empresas tradicionales: las armadoras de coches, de aviones y máquinas; los supermercados, las cadenas de TV y toda la industria agrupada en la US Chamber of Commerce.
Esta poderosa agrupación es presidida por Suzanne Clark y casualmente su apoyo –o la falta de éste– termina influyendo en el resultado de las elecciones políticas de ese país.
¿Qué enfurece en estos días a esta Cámara de Comercio de los Estados Unidos?
Que Trump no resuelva la urgente inmigración legal de trabajadores que necesitan sus negocios, tampoco la caída en la influencia y poder de su país en mercados que son de su interés y el cierre del gobierno que ayer derivó incluso en la orden de la Casa Blanca de disminuir 10 por ciento el tráfico aéreo en Estados Unidos, justamente cuando se vienen los vuelos por Navidad.
Las reducciones de vuelos comenzarán este viernes.
¿La razón? Los controladores aéreos no están recibiendo sueldo.
Esos agentes aeroportuarios continuamente estresados por las operaciones en las torres de control están obligados a trabajar aún sin salario. Pero muchos de ellos se reportan enfermos en estos días y no asisten a sus funciones, limitando las operaciones.
Estos problemas los advirtió hace 6 días la US Chamber of Commerce con una carta pública titulada: ‘Una economía que funciona bien requiere un gobierno que funcione‘.
Este cierre comenzó el 1 de octubre, cuando el Congreso y la Administración Trump no llegaron a acuerdos para continuar financiando al gobierno federal. Es la sexta vez desde 1995 que el gobierno se paraliza y se convirtió en el cierre gubernamental total más largo de la historia.
Neil Bradley, vicepresidente y director de políticas de la Cámara, dijo que el impacto para las empresas se acumula. Desde trámites de pasaportes y permisos, hasta ensayos clínicos y viajes aéreos fallan, agregó hace una semana.
Otra carta de la US Chamber, del 24 de octubre, reclamó el paulatino abandono de su país de posiciones clave en organismos internacionales.
El firmante fue el vicepresidente de Asuntos Internacionales de ese gremio, John Murphy.
Él escribió que las empresas estadounidenses dependen de los mercados internacionales, exportando bienes y servicios por valor de billones de dólares.
Añadió que ceder liderazgo en organizaciones que establecen “las reglas del juego para los negocios globales” pondría a las empresas estadounidenses en desventaja.
En otra misiva, Neil Bradley también reclamó el 16 de octubre que Trump no abra caminos para inmigrantes, ahora que su país necesita más trabajadores de todos los niveles de cualificación.
Expuso que existe la idea errónea de que los inmigrantes legales compiten con los trabajadores estadounidenses por los escasos puestos de trabajo, pero “la realidad es que contribuyen al crecimiento de la economía y de los salarios”.
Los trabajadores altamente cualificados con visas H-1B contribuyen al crecimiento de las empresas, lo que genera más empleo para todos. Y los trabajadores agrícolas ayudan a que las granjas, obras de construcción y hoteles sigan funcionando, denunció Bradley.
A los reclamos de empresarios sumen los resultados adversos para Trump en elecciones de esta semana que favorecen a los Demócratas que ganaron en Virginia, Nueva York y muy probablemente también en Nueva Jersey.
¿Otro lío gordo? La Corte Suprema se mostró escéptica ayer sobre la legalidad y viabilidad de la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente contra los productos de otros países. La Corte pone a prueba la autoridad del presidente en esa materia, y al mundo en un escenario desconocido de incertidumbre regulatoria comercial.