La semana pasada, la ciudad de Hagen, en Alemania, parecía una población de Tabasco en época de lluvias.
Recibió en un solo día 158 milímetros, el doble de agua que cae normalmente durante los 31 días de julio. Ese número supera el récord previo de lluvia en la región, que fue de 95 milímetros. Decenas murieron.
Uno de los lugareños es experto en cambio climático global y trabaja para el Instituto Postdam para el Impacto Climático. Se llama Dieter Gerten y fue citado por The Guardian en un artículo:
“Estoy sorprendido de lo mucho que está por encima del récord anterior”.
“Parece que no solo estamos por encima de lo normal, sino también en dominios que no esperábamos en términos de extensión espacial y la velocidad a la que se desarrolló”.
¿Cómo esta lejana situación puede conectar con la oficina de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional? Mucho y rápidamente, por eso urge que el nuevo secretario Rogelio Ramírez de la O se involucre en el ambiente de estándares ESG (environmental, social and governance), exigidos aceleradamente para empresas y gobiernos del mundo. En español le llaman ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Son muchas sus ramas de impacto. Una grande está en la Comisión Europea que redactaba justamente la semana pasada el reglamento del Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono (CBAM, en inglés).
¿Qué pretende? Detener el calentamiento global que afecta la vida en el planeta, claro, pero ahora parece haber más incentivos porque el golpe ya llegó a la economía.
Por un lado, los grupos financieros tienen que pagar más siniestros a dueños de inmuebles asegurados e impactados por fenómenos meteorológicos, además, los activos que los bancos tienen en garantía de pago por un crédito, pierden valor por las mismas causas.
Por el otro, las empresas de naciones avanzadas mueven sus fábricas y empleos a países en donde las autoridades ambientales son permisivas. Carbon leakage o ‘fuga de carbono’ llaman allá a la salida de esas inversiones que detienen el crecimiento europeo.
El CBAM pretende imponer un candado que impida esas afectaciones.
Con éste, los importadores europeos deberán pagar certificados de carbono correspondientes a lo que habrían pagado si los bienes se produjeran localmente conforme a normas de carbono previas de la Unión Europea.
“El CBAM ayudará a reducir el riesgo de fuga de carbono al alentar a los productores de países no pertenecientes a la UE a ecologizar sus procesos de producción”, expuso la Comisión Europea.
La semana pasada, el director de la Asociación de Alemana de Seguros, Jöerg Asmussen demandó cambios a las políticas ambientales de Europa que hasta ahora hacen poco por detener la amenaza:
“Tenemos que cambiar de rumbo aquí, de lo contrario se pondrá en marcha una espiral de más catástrofes y daños crecientes, que primero se volverán costosos y luego en algún momento inasequibles”, dijo a medios alemanes.
En junio, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió del próximo impacto al sector financiero global por el efecto del ‘cisne verde’, una prevista serie de catástrofes motivadas por el cambio climático.
Hasta ahora, el gobierno de México parece inamovible ante los efectos de eventos ambientales imprevistos que parecen aproximarse. Pero Ramírez de la O es famoso por algunas de sus predicciones, entre ellas, el colapso financiero de México de 1994.
Educado en el Reino Unido, seguramente mantiene conexiones en Europa que lo ponen al tanto de la necesidad de involucrar a la economía mexicana en la fijación y seguimiento de estándares de ESG.
No hacerlo acerca a los mexicanos al encarecimiento de seguros, el debilitamiento de los bancos y el estancamiento económico de un sector manufacturero que depende de empresas muy contaminantes para obtener electricidad y gasolina.
Eso van a cobrarlo muy pronto en Europa y Estados Unidos... vía exportaciones.
El autor es director general de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero.