Desde sus inicios, el combate al huachicol fiscal, ese entramado de contrabando de combustibles disfrazados como aditivos o lubricantes que evita el pago de IEPS e IVA, se presentó en el discurso oficial como un desafío a la corrupción y la impunidad. Durante su mandato, López Obrador entregó el control de aduanas y puertos a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército y la Marina, prometiendo que quienes custodiaban esas puertas eran la confianza y honestidad personificadas.
Lamentablemente, pudo más la tentación. Y es que el negocio es enorme, en un artículo de Edgar Rivera, publicado en este medio, se dio a conocer que: “Entre 2019 y 2024, el “huachicol fiscal” de gasolinas tuvo un costo aproximado de 554 mil 750 millones de pesos, recursos que el Gobierno dejó de cobrar por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)… “Este monto es el total de impuesto no cobrado por 120 mil 726 millones de litros no declarados en este periodo a su entrada a México, de acuerdo con un cálculo realizado a partir de cifras de la Energy Information Administration y de la Agencia Nacional de Aduanas de México”, indica el reporte del organismo”. Para darse una idea, el presupuesto del IMSS-Bienestar en 2025 fue de 174 mil 623 millones de pesos. En otras palabras, solamente de los impuestos que evadió esta trama, sin contar las posteriores ganancias por la venta, son más de 3 veces de lo que cuesta el IMSS en un año.
Pero todo ese dinero y las utilidades del producto no declarado no es que desaparezcan, sino que van a los bolsillos de funcionarios públicos, crimen organizado y miembros de la Marina de México, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando Farías Laguna, vinculados familiarmente con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, elemento clave del sexenio de AMLO y quien sabía de sus actividades e incluso se curó en salud “denunciándolas” hace dos años, sin que nadie hiciera nada. Paradójicamente, esa misma denuncia hace evidente que AMLO sabía del asunto.
El escándalo es tan grande que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de 4 marinos y 3 funcionarios públicos relacionados con el caso. Por supuesto el gobierno ha tratado de detener los rumores que puedan vincular a la anterior administración pero la cantidad de dinero que se han robado en esta operación es irreal y podrían constituir uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de México. Es un asunto que evidentemente implica a altísimos funcionarios, empresarios, operadores y que requeriría, cuando menos, la venia propio expresidente López Obrador a quién volvemos a citar en esta columna con su famosa frase: “Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso el presidente de México esta informado de todo lo que sucede y de las transas grandes que se llevaban a cabo y que pudiesen realizar... todas esas transas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme”.
Es lógico suponer que apenas se ha visto la punta del iceberg en este caso, por ejemplo, aún no han hecho público cuantos barcos, trenes y empresas han participado en estas operaciones, ni cuantos envíos de gasolina robada o mal declarada han hecho, hasta el momento hay pocos detenidos o perseguidos por el caso.
Lamentablemente, el prestigio de la Marina Mexicana sufre un daño enorme, en una de las pocas instituciones en las que incluso los norteamericanos confían, o confiaban, para darles información en la estrategia bilateral de seguridad. Además de que se hace evidente la impunidad con la que los participantes han vivido hasta ahora.
En otras latitudes digitales…
El paquete económico es un reflejo de que al gobierno ya se le acabó el dinero para los proyectos faraónicos y las dádivas clientelares, nuevamente se las van a cobrar a ciudadanos y empresarios, disfrazándolas de “impuestos saludables”. En cuanto pasen las elecciones del 2027 seguramente se aventarán una reforma fiscal más grande que les ayude a mantenerse en el poder.