En pocos días hemos visto como la, cada vez más posicionada, narrativa del “narcogobierno” mexicano ha recibido nuevos impulsos de credibilidad que la presidencia no ha podido o sabido rebatir. Primero fue el retiro de la VISA americana a diferentes personajes ligados a los gobiernos morenistas, incluyendo la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila. Después vino la sanción a tres bancos mexicanos por parte del gobierno norteamericano, acusándolos de lavado de dinero para el crimen organizado, donde se incluyó al de Alfonso Romo exjefe de oficina de AMLO. Hace unos días, Jeffrey Lichtman, abogado de los “Chapitos”, llamó a nuestra presidenta “publirrelacionista del narcotráfico”. Y finalmente ayer, fue el propio presidente Trump quién afirmó que “los cárteles tienen un tremendo control sobre México” y que este control se extiende “sobre los políticos y las personas electas”.
Todos estos hechos en su conjunto no solo generan alarma, sino que plantean un escenario en el que la percepción de un país dominado por el narcotráfico se refuerza, afectando directamente la gestión de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, quién ojalá sea tan buena publirrelacionista como dice Lichtman.
La declaración de Trump no es un simple comentario en campaña electoral, sino un mensaje que refuerza una narrativa ya arraigada en la política exterior de EE. UU., donde el crimen organizado trasnacional se ha convertido en un tema de política interior. La afirmación de que los cárteles, recientemente catalogados como terroristas, tienen una influencia tan profunda en México toca una fibra sensible en la percepción pública, tanto en Estados Unidos como en México, sobre la fragilidad del Estado mexicano para hacer frente a estos grupos.
Para el gobierno de Sheinbaum, estas declaraciones representan un reto mediático y político de gran envergadura. Su principal preocupación radica en cómo estas afirmaciones ligan directamente al gobierno de su predecesor y padrino político López Obrador, con la actual situación de inseguridad y desconfianza en su gobierno.
Por supuesto, este juego mediático permite a Trump justificar políticas más duras en la frontera, nuevos impuestos en la parte comercial y una ventaja en la renegociación del TMEC, e incluso, podría abrir la puerta a intervenciones militares en nuestro país, sobre todo en zonas claramente dominadas por el narco, como sea lo deja en una posición muy cómoda para negociar prácticamente cualquier cosa.
La respuesta de Sheinbaum y su equipo debe centrarse en aclarar que las instituciones mexicanas están comprometidas en combatir estos retos, mientras rechaza el estereotipo de país dominado por el crimen. Aunque, para que exista un cambio de fondo, implicarían que ocurra una dolorosa separación entre la actual presidenta y AMLO a quien cada día se la percibe más como el artífice de esta “alianza intolerable” como la describió Trump, entre el gobierno y el crimen organizado.
Las palabras de Trump deberían reforzar la necesidad de que México fortalezca su Estado de Derecho y combata al narcotráfico. La gestión de Sheinbaum, en este escenario, tendría que demostrar que es una presidenta fuerte e independiente a las presiones de los presuntos aliados de su predecesor. Aunque esto se antoja difícil sobre todo cuando los norteamericanos han demostrado sus sospechas de la existencia de varios narcogobernadores en las filas morenistas.
En otras latitudes digitales…
La diputada oficialista Diana Karina Barrera, esposa del impresentable político Sergio Gutiérrez Luna, hizo uso de todo su poder para humillar a la ciudadana Karla Estrada Murrieta y obligarla a pedirle disculpas públicas durante 30 días en su cuenta de X. Es aberrante como estas sanguijuelas del dinero de nuestros impuestos, que se hacen llamar servidores públicos, se atreven a censurar la opinión pública de la ciudadanía y peor aún con el aval del TEPJF.