Hace unos días, el Congreso mexicano, dominado por la mayoría oficialista afín al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobó una reforma que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos, expertos en privacidad digital y ciudadanos preocupados por la creciente vigilancia del Estado. Se trata de una modificación a diversas normas de seguridad, conocida popularmente como la “ley espía” de la 4T, que permite el acceso sin orden judicial a información privada de usuarios de telefonía y servicios digitales.
¿Qué dice la nueva ley?
Bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir delitos como el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, la reforma faculta a instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República a requerir en tiempo real, sin orden judicial, datos personales de los ciudadanos. Esto incluye:
- Localización geográfica en tiempo real.
- Registros de llamadas y mensajes.
- Datos biométricos recolectados por empresas de telecomunicaciones.
- Metadatos de navegación en internet.
Aunque el gobierno nos jura que esta información será usada exclusivamente en investigaciones de alto perfil, el diseño de la ley carece de mecanismos robustos de supervisión, rendición de cuentas y protección de datos, lo que abre la puerta a potenciales abusos de poder. En serio ¿alguien les cree que solo van a espiar a los criminales? Llevan más de seis años dándose abrazos con ellos.
La implementación de esta ley significa que cualquier ciudadano podría estar siendo rastreado, aún sin estar involucrado en una investigación judicial. Activistas, periodistas, opositores políticos, e incluso usuarios comunes podrían convertirse en objetivos del monitoreo estatal. Este tipo de vigilancia tiene un efecto inhibidor en la sociedad: la gente comienza a autocensurarse, a evitar participar en protestas, a reducir su actividad en redes sociales por miedo a represalias. Es un fenómeno conocido como “efecto escalofriante” que ya se ha documentado en países con gobiernos autoritarios.
Además, esta nueva ley forma parte de una estrategia más amplia de control y centralización del poder por parte de la 4T. En un contexto en el que se ha buscado debilitar al Poder Judicial, controlar al INAI (Instituto Nacional de Transparencia) y aumentar la militarización de la vida pública, esta legislación encaja en una visión de Estado que privilegia el control por encima de los derechos.
Diversas organizaciones ya han anunciado acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando la inconstitucionalidad de la reforma. Sin embargo, la efectividad de estos recursos dependerá en gran medida de la independencia del Poder Judicial, una institución que también se encuentra bajo el control gubernamental debido a las recientes reformas promovidas por Morena.
La Ley espía de la 4T constituye una medida propia de regímenes autoritarios, no de una democracia que se dice progresista. Morena nuevamente ha extralimitado su poder más allá de lo razonable para ahora contar con un instrumento de vigilancia masiva, que en términos prácticos, destruye la libertad de expresión, la disidencia política y el ejercicio del periodismo.
El verdadero riesgo no está sólo en el monitoreo, sino en el silenciamiento progresivo de una sociedad que, observada en cada paso, pierde lentamente su libertad.