La libertad de expresión, dicen las democracias, es un derecho inalienable. Pero en Campeche, esa afirmación parece estar bajo ataque sistemático, como lo mostró recientemente el caso del veterano periodista Jorge Luis González Valdéz. Su detención —tras documentar un presunto abuso policial— no solo encendió alarmas por el uso excesivo de la fuerza, sino que evidenció cómo el aparato estatal puede activarse para intimidar voces críticas, especialmente bajo gobiernos que se proclaman del pueblo, pero actúan como si fueran dueños de él.
El arresto de González Valdéz fue violento. A sus 71 años y con problemas de salud, fue sometido físicamente por policías estatales, acusado después por la Fiscalía de “incitar al odio” contra autoridades. El mensaje no fue sutil: hay consecuencias por señalar los excesos del poder. Aunque fue liberado sin cargos formales, las secuelas no son solo personales. Son políticas. Son sociales.
Este caso se suma a una serie de controversias que giran en torno a la figura de Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Su gestión ha estado marcada por un discurso confrontativo desde su programa semanal Martes del Jaguar, en donde ha difundido audios, insultado a opositores y, en más de una ocasión, señalado directamente a periodistas. Irónicamente, también ha presidido ceremonias donde celebra a la prensa, pero solo a la que no le incomoda.
Mientras tanto, organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han acusado a Sansores de incurrir en una campaña de hostigamiento contra medios y comunicadores críticos. Su gestión se encuentra bajo lupa por acciones que podrían ser interpretadas como intentos de censura disfrazados de legalidad. Y es aquí donde el caso González Valdéz toma un cariz aún más preocupante: el contexto nacional. En medio de un debate sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno federal y respaldada por Morena —el partido de Sansores—, la ciudadanía observa con creciente inquietud cómo se proyecta un rediseño institucional que busca subordinar el Poder Judicial al mandato popular… o más precisamente, al mandato presidencial.
La narrativa morenista es clara: “el pueblo elige, los jueces obedecen”. Pero ¿qué pasa cuando los jueces y fiscales ya se alinean, incluso sin reforma, a los intereses de un gobierno local? ¿Qué nos espera cuando esas fiscalías sean dirigidas por magistrados electos por voto popular, en estados donde el clientelismo, la coacción o el miedo condicionan el sufragio?
El caso de Campeche podría ser un anticipo de lo que ocurrirá en todo el país si no se establecen contrapesos efectivos. Si hoy se detiene a un periodista con pretextos administrativos, si se acusa penalmente por emitir críticas en redes sociales, si se manipula el sistema de justicia para proteger la imagen de los gobernantes, ¿qué garantías habrá mañana?
La libertad de expresión no es negociable ni puede estar sujeta a simpatías ideológicas. Tampoco es patrimonio exclusivo de medios afines o de quien diga lo que el poder quiere oír. Es, ante todo, un escudo para que los débiles enfrenten a los fuertes, para que la crítica tenga sentido, para que el periodismo exista sin miedo.
Jorge González Valdéz no representa solo a un periodista agredido. Representa un punto de inflexión: el momento en que una democracia debe decidir si va a tolerar que el poder use a las fuerzas del orden y a la Fiscalía como instrumentos de censura y castigo, o si defenderá los principios que dice encarnar.
La libertad de expresión no muere de golpe. Muere a golpes. A veces, literalmente.
En otras latitudes digitales…
Ya pasó un mes del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada y aún no saben, o nos dicen, ni quién fue ni porqué lo hicieron.