El impulso a las empresas mexicanas y extranjeras de todos los tamaños es una de las prioridades del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y en donde, tanto sector público como privado, tienen interés en que se trabaje en varios frentes para que puedan crecer, dar empleo y contribuir al país.
Por un lado, está en marcha el plan de financiamiento de la banca comercial y de desarrollo acordado en la pasada Convención Bancaria, para que se otorguen créditos y apoyos a las empresas. El diseño sigue en proceso y han participado igual la Asociación de Bancos de México que tiene al frente a Emilio Romano, como la Secretaría de Hacienda con Edgar Amador; además también va la Secretaría de Economía (SE) que dirige Marcelo Ebrard para buscar todos tener el mejor proyecto para este segmento. Pero también, en el sector privado se reconoce que eso no es suficiente, y se requieren cambios que fortalezcan la competencia, se simplifiquen trámites y procesos.
Un ejemplo es en el caso de la ahora Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) que estará bajo el mando de Andrea Marván, y en donde esperan que al integrarse a la SE a cargo de Ebrard Casaubón, se puedan impulsar reformas que beneficien a la dependencia y su trabajo sea más ágil, pero también realicen análisis más serios y que no sólo busquen los reflectores.
Y es que materia para que se hagan cambios positivos hay mucha, desde inconsistencias entre leyes que hacen que se apliquen multas sólo porque así lo indica la ley, hasta las investigaciones diversas que tardan años en realizarse y se pierde el momento para sentar precedentes coyunturales importantes o también, investigaciones que sólo buscan protagonismo, ahí está la pesquisa sobre los meses sin intereses de la banca.
Uno de los temas importantes, en el cual la CNA podría contribuir de manera positiva y proponer con la SE cambios, es en el caso de las empresas que se van a concursos mercantiles y logran ser “regresadas” a la vida al ser adquiridas por un tercero, la CNA pueda actuar de manera mucho más rápida, ya que la etapa de conciliación tiene una duración de 185 días a partir de la publicación de la sentencia de concurso mercantil y, en algunos casos, prorrogables hasta 90 días adicionales.
Antes, la Cofece exigía que se le notifique este tipo de operaciones con anticipación a estas; sin embargo, el proceso de autorización consume tiempo crítico para el rescate de la unidad de negocio en problemas, al no contemplar excepciones en este tipo de operaciones de activos en riesgo de quiebra.
A decir de expertos se debe buscar conciliar la ley de concursos mercantiles con la de la Competencia Económica como sucede en el vecino país, ya que en Estados Unidos sí se reconoce la situación particular de operaciones que se encuentran sujetos a un concurso mercantil.
Conforme a la Ley Hart-Scott-Rodino (HSR Act), en la que grandes operaciones de adquisición deben ser notificadas tanto a la Comisión Federal de Comercio (FTC) como a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ), existen plazos reducidos en estos supuestos. Allá, los tiempos de resolución entre la notificación y el dictamen es de 15 días junto con, bajo algunos supuestos, una prórroga de 10 días. Es decir, en un plazo máximo de 1 mes aproximadamente, el caso tiene una resolución, mientras que en México, pueden pasar casi ¡dos años! para tener una respuesta.
Ahí está el caso del Ingenio Puga que fue adquirido por Altor, todo en el marco de la ley de Concursos Mercantiles, y que notificó a la Cofece luego de la compra, quien tardó más de 18 meses en responder, y además propuso multas por no haberle avisado antes.
Notificar después de la compra por parte de Altor fue precisamente por la urgencia de recuperar los empleos de más de 800 familias y una empresa que tiene un amplio arraigo en todo Tepic; de haberse esperado a la respuesta antes de concluir la operación, simplemente no hubiera habido ningún activo que rescatar, y es ahí en donde se debe empezar a simplificar y modernizar las leyes para que la iniciativa privada siga encontrando oportunidades. Hay pendiente para la Secretaría de Economía.
Derecho Humano la salud menstrual
Aunque anoche, ya circuló el dictamen que se aprobará de la Ley de Ingresos con lo cual se ve difícil hagan cambios, es un hecho que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que preside Carol Antonio Altamirano, deben echarle un ojo al tema de la salud menstrual en el Paquete Económico del próximo año.
Y es que hablar de salud menstrual es hablar de derechos humanos fundamentales, no es un tema de higiene, ni sólo de mujeres, es una conversación sobre el pleno ejercicio de derechos universales como salud, igualdad, educación, trabajo, todos ellos vulnerados cuando una niña, mujer o persona menstruante no tienen acceso a las condiciones mínimas necesarias para tener un proceso de gestión menstrual digno, y ahí los productos libres de IVA son fundamentales, dado el alto consumo que se realiza en esos productos.
Cuando las niñas, mujeres o personas menstruantes no pueden acceder a estos productos de gestión menstrual, se ven forzadas a recurrir a métodos inseguros e insalubres, poco dignos y a ausentarse de sus centros de estudio o trabajo. En dos palabras: pobreza menstrual.
La discusión tiene tiempo, pero nadie en el Legislativo ha centrado su atención en el tema, y debe ser la salud menstrual una prioridad de Estado, ya que no hay olvidar como bien ha dicho Amnistía Internacional: “Los derechos humanos de mujeres y niñas se ven vulnerados en demasiadas ocasiones por el simple hecho de menstruar”, sin carga fiscal y con equidad sería lo ideal, ojalá algún día escuchen.
El enigma laboral de Puebla
Una aparente contradicción es la que se vive en Puebla en materia laboral. Mientras que entre enero y septiembre de este año desaparecieron más de 3 mil 500 empleos formales de acuerdo con el IMSS, en sectores fundamentales como la industria manufacturera, los servicios empresariales y la agricultura; durante el tercer trimestre del año Puebla se colocó entre los estados con más vacantes de empleo en el país, reportándose 7 mil 500 oportunidades laborales, según OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Puebla, encabezada por Juan Pablo Cisneros Madrid, advierte sobre la necesidad de políticas públicas que conecten la oferta educativa con las demandas del mercado laboral, pues hay trabajo disponible, pero muchos poblanos no logran acceder a él debido a la falta de coincidencia entre las habilidades que exigen las empresas y la capacitación que ofrecen las escuelas y centros de formación. El reto no es crear empleos, sino que los poblanos tengan la habilidad para ocuparlos.
Aseguradoras listas para ayudar
La buena noticia es que las aseguradoras integrantes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que preside Pedro Pacheco están listas para atender a los clientes afectados por las lluvias en Veracruz y en otros municipios del país; la mala noticia es que las zonas afectadas tienen el índice más bajo de contratos de seguros del país, incluso por debajo del promedio, ojalá la cultura de tener esta protección crezca y los que sí tienen un seguro contratado les resuelvan de inmediato.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.