Los datos de reconocimiento facial y de huellas dactilares es algo con lo que ya cuentan una larga lista de instituciones públicas y privadas. Ahí tienen los bancos los datos para acceder a cuentas mediante huellas digitales, aplicaciones con reconocimiento facial y de voz, y muchas otras herramientas a las que se les da acceso pleno sin saber cómo se utilizan.
También los datos biométricos los tienen el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lleva Antonio Martínez, e igual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que tiene al frente a Juan Ramón de la Fuente, y sin olvidar la Secretaría del Bienestar que tiene una larga lista de datos de millones de beneficiarios de programas sociales; todos en algún momento, entidades públicas y privadas buscaron crear una gran base de datos biométricos para intercambiar información y disminuir principalmente los fraudes, pero nadie lo logró.
Ahora ya es oficial, en el futuro inmediato la nueva CURP biométrica estará en marcha, al aprobarse la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, lo cual puede ser una buena idea, pero desafortunadamente dado los “ahorros” que desde el sexenio pasado se aplicó en no renovar contratos de seguridad informática, y usar programas gratuitos, ha significado que millones de datos de mexicanos e instituciones públicas estén en venta en la dark web, lo que ha hecho prender las alarmas.
De entrada, implicará una reestructura para el SAT, en el manejo de la información de los datos biométricos de los contribuyentes, anticipa la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, que preside Roberto Colín Mosqueda.
Y es que una vez que entre en vigor esta CURP, el SAT ya no tendrá necesidad de resguardar datos biométricos de los contribuyentes, sino vincular sus sistemas con los servidores de la Secretaría de Gobernación que tiene bajo su mando Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dependencia en donde la nueva CURP biométrica operará y que será la encargada de resguardar y cuidar los millones de datos de los mexicanos.
Ahora toda la información biométrica será obtenida, resguardada y custodiada por la Secretaría de Gobernación, quien tendrá que invertir y licitar sobre el cuidado de esos datos; la duda es si optará por hacer estos procesos o bajo la austeridad, dejará en los funcionarios públicos la labor de diseñar el resguardo de esa información.
Si bien, es positivo que esta nueva Ley tiene como objetivo disminuir la cantidad de requisitos y trámites, que se tienen que realizar ante las dependencias de gobierno y por otro lado, facilitar la transformación digital del país, es un hecho que a veces algo con un buen próposito, mal aplicado como han sido ya varios casos, resulte en un riesgo mayor, y todo indica, el riesgo está a la vista.
Los retos del sector minero
El sector minero está presente en nuestro día a día, son infinidad de artículos y actividades que están relacionadas con esta industria, que son parte importante de nuestras vidas, aunque muchos no lo tengamos en cuenta.
Por lo pronto, el informe anual de la Cámara Minera de México (Camimex) que preside Pedro Rivero ha logrado en este ambiente adverso, de anuncios de aranceles y nuevas reglas, al menos el año pasado tuvieron un crecimiento del 1.3 por ciento, aunque moderado, se sigue reforzando que es parte estratégica de la economía nacional, con una participación del 2.77 por ciento en el PIB total y del 8.70 por ciento en el PIB industrial.
Algo a destacar es la inversión minera que ascendió a 5 mil 063 millones de dólares en 2024, un aumento del 2.1 por ciento frente a 2023, impulsada principalmente por la expansión y mantenimiento de operaciones. Sin embargo, y en donde deben estar los ojos puestos, es en la inversión en exploración que cayó 11.5 por ciento, reflejo de la incertidumbre regulatoria que aún enfrenta el sector y que es un tema que tomará relevancia en los siguientes meses.
Mientras los cinco principales estados mineros —Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Guerrero—, crecieron en promedio 2.5 por ciento, por encima del crecimiento nacional de 1.4 por ciento, este desempeño resulta positivo en un entorno de desaceleración económica. Además, cabe destacar que en materia de empleo, la minería cerró con más de 416 mil puestos directos y salarios 34 por ciento superiores al promedio nacional, consolidándose como uno de los sectores mejor remunerados del país. Pese al momento de incertidumbre mundial que se vive en esta industria con los aranceles que se buscan imponer, es un hecho que México mantiene su liderazgo global como primer productor mundial de plata y figura entre los primeros 10 en diversos minerales estratégicos para la transición energética, por lo que para la Camimex es momento de fortalecer políticas públicas que impulsen la inversión responsable y el aprovechamiento del potencial geológico nacional; ojalá se escuchen a los expertos.
Combatir el despojo, primer paso en Estado de México
Todos recordarán el caso de Doña Carlota, persona de la tercera edad que disparó y asesinó a dos personas que habían invadido su vivienda en Chalco, ya que atrajo la atención al grave problema del delito de despojo en el país y, particularmente, en el Estado de México que gobierna Delfina Gómez.
Y es que esta semana, entraron en vigor las nuevas reformas al Código Penal del Estado de México para endurecer las sanciones por dicho delito, elevando la pena hasta con 25 años de prisión y mil 500 días de multa, lo que esperan frene este delito que sigue presente en todo el país, y particularmente en esa entidad.
Por lo pronto, los abogados que litigan estos asuntos, consideran que las modificaciones legales son un avance significativo en el reconocimiento del derecho a la propiedad y sirven para disuadir nuevas invasiones, pero son insuficientes para resolver los casos actuales de despojo, pues muchas familias siguen sin poder recuperar sus viviendas, incluso cuando ya cuentan con sentencias a su favor.
Los procesos legales pueden durar años para demostrar la titularidad de la propiedad y ejecutar el lanzamiento. A ello se suma la falta de apoyo de las policías locales para ejecutar los desalojos aun con orden judicial.
Es un hecho, que aunque ya se tiene el marco legal, se necesita una estrategia integral que combine reforma penal, eficiencia judicial y coordinación operativa con las policías, para tener procesos judiciales más ágiles y eficaces contra el despojo para lograr recuperaciones rápidas, que es lo que finalmente buscaba Doña Carlota y lo que esperan aquellos que desafortundamente están en esa situación.
Malas noticias para usuarios de Uber
Si ya de por sí el servicio que ofrece cae cada año, autos cada vez en peores condiciones, cobros altos, y una larga lista de deficiencias, ahora Uber México que lleva Juan Pablo Eiroa, incrementará sus precios, lo que atribuyen a la reforma laboral que recién entró en vigor.
En México dominan el mercado, pero con la entrada a la reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales y pese a que ya las tarifas han aumentado considerablemente, anunciaron que por esta reforma tendrán cambios en su estructura de precios de los viajes de hasta un 7 por ciento de incremento, dependiendo del tipo de producto y ciudad, a través de la aplicación de Uber.
Aunque aseguran que no buscan beneficio corporativo alguno; sino que está orientada a proteger las ganancias actuales de conductores y conductoras y asegurar que la plataforma de Uber siga siendo una opción accesible y viable para ellos, es un hecho que el alza se dará y será absorbida por los usuarios, todo mal.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.