Es uno de los organismos en donde la iniciativa privada y los trabajadores hacen el mayor aporte para su operación, con el fin de que cumpla con su objetivo social de dotar vivienda digna a quienes cotizan durante años para este fin.
Hasta ahora, los cambios que se habían hecho en los últimos años al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que tiene actualmente a Octavio Romero al frente, han sido algunos muy importantes, como el cambiar las deudas de Udis a pesos, para saldar las deudas impagables que miles aún tenían en sus registros. Esa fue una medida positiva, ya que les dio seguridad a los trabajadores; otra fue el ampliar el monto del crédito para comprar una vivienda en ciudades en donde el costo de vida es mayor, también permitió que más trabajadores tuvieran acceso a un hogar, así como el promover que padres e hijos “juntaran” sus créditos.
Sin embargo, en esta administración otros cambios empezaron a llegar y levantaron las señales de alerta entre los trabajadores, sector financiero y empresarios, con la creación de la nueva “constructora” del Infonavit, en donde se destinarán recursos de los trabajadores que cotizan, y hasta ahora no se tiene la certeza de cómo se recuperará ese dinero, que se supone debe estar bien invertido para dar rendimiento y vivienda a sus afiliados.
Pero ahora, la nueva propuesta del Infonavit no encendió la alerta roja, sino que puso en llamas a la industria de la vivienda, sector financiero y trabajadores, ya que el anuncio de regularizar las viviendas ocupadas de forma irregular se ve de inmediato como un gravísimo error de política pública y financiera.
Primero, muchas de esas viviendas fueron compradas por un trabajador, que por diversas circunstancias las dejó de pagar y abandonó; en primera, ellos deberían ser los primeros en ser contactados para ayudarlos a recuperarla, o bien, ayudarlos a dejar de ser deudores, de tener una mala calificación en las sociedades de información crediticia por no haber pagado la deuda, ya que en algún momento tenían toda la intención de tener su hogar en esa vivienda, que luego fue ocupada de manera ilegal.
Y es que no desalojar a quienes se apropiaron ilegalmente de una vivienda y, en cambio, ofrecerles un esquema de renta con opción a compra, no solo contradice el principio básico del derecho de propiedad, sino que sienta un precedente peligroso: en México, ocupar ilegalmente puede ser la vía más rápida para convertirse en propietario, y ahí voltee a ver a todos los trabajadores que tienen en destinos de playa o en otros estados, una vivienda como inversión que puede ser, con esta medida, objeto de despojo.
La precisión de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto a que el programa no aplicará para las propiedades con denuncia de despojo no es suficiente. Al respecto, cabe señalar que el delito de despojo requiere denuncia del propietario. El programa de Infonavit contemplaría las viviendas de quienes dejaron de pagar sus créditos y las abandonaron, sin interés en recuperarlas. Como ahora, ni Infonavit ni Fovissste reclaman la propiedad, no hay acción legal alguna contra los “habitantes irregulares”.
Lo que se les olvida a las autoridades de vivienda, es que muchas de estas no están habitadas por familias vulnerables, sino por organizaciones sociales y redes criminales que lucran con la invasión, el despojo y la renta ilegal de propiedades. Imaginen ahora a esos grupos de delincuentes convertirse en “gestores” para legalizar la invasión de propiedades.
El anuncio de este programa es totalmente irreal y perverso, que puede detonar una nueva ola de invasiones en todo el país, tanto de particulares, como de estos grupos clientelares y delictivos que sumarán a su modus operandi lo que haya que hacer para legalizar el despojo y todo, con la gran ayuda del Infonavit.
CAME, el viacrusis inició
A diferencia de la regulación bancaria, que cuando se interviene e inicia el proceso de revocación, el IPAB ya tiene la lista de ahorradores que recibirán sus recursos de manera rápida, como por ejemplo, en la última quiebra de banco, en menos de 48 horas se estaba distribuyendo los cheques de pago a los ahorradores, en el caso de la Sofipo Came el proceso es simplemente tortuoso y tendrán que esperar todavía más para saber cómo y cuándo les devolverán sus ahorros.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Jesús de la Fuente, simplemente no ha salido a decir nada más, ni un mensaje de calma a los ahorradores, y lo más importante, no ha dicho cuántos son los afectados realmente, ya que las cifras dadas no cuadran, y lo peor, ha pasado la “bolita” del tema a la Condusef, tratando de lavarse las manos y no asumir ni tan siquiera el dar el dato de cuántos ahorradores tenían activos y vigentes en CAME, así de supervisados estaban.
La compra frustrada de BBVA
Aunque en México, de llegar a darse la compra de Sabadell por parte de BBVA en España ya está, incluso, autorizada por la Cofece, esto está aún muy lejos de concretarse.
En España, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, aplaudió que el Consejo de Administración rechazara las dos ofertas planteadas por BBVA, tanto la realizada en noviembre de 2020 como la de abril de 2024, que posteriormente se convirtió en una OPA hostil y eso ha generado que Sabadell generará en solitario mucho más valor de lo que lo hubiera hecho junto a BBVA, tanto por su evolución bursátil como por su rentabilidad por dividendo, la más alta de la banca española en 2024 y, previsiblemente, en 2025, según el consenso de los analistas.
En un encuentro frente a 300 accionistas de la entidad celebrado en la sede corporativa del Grupo, en Sant Cugat del Vallés, y con más de mil 500 conectados virtualmente, se ha dicho que sigue teniendo Sabadell una acción que evoluciona al alza por sus fundamentales, siendo el único banco sin recomendación de venta, y según sus datos, si se concretara el proceso, se tendría una pérdida de valor de más de mil 200 millones de euros, sin duda, esta historia sigue sin tener fin.
Crece demanda industrial en Saltillo
En el primer trimestre del año, el sector automotriz y logístico fueron los principales impulsores de la demanda industrial de Saltillo, que tiene como presidente municipal a Javier Díaz González, y todo indica que seguirá así.
Y es que los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mostraron que Coahuila acumuló tres mil 802 nuevos puestos de trabajo formales creados al cierre de febrero, en donde el 82 por ciento de éstos se generaron en el área metropolitana de Saltillo.
La construcción de parques y naves industriales fue una de las fortalezas, ya que hay una gran cantidad de construcciones en arranques de obra en Saltillo, pero que ya está permeando también a Ramos Arizpe, municipios que hay que seguir porque pueden convertirse en una competencia interesante para otros estados que hasta ahora eran los favoritos de los inversionistas.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.