El tema de los concursos mercantiles en México es algo que sigue siendo poco aprovechado y muy satanizado, pero que de ser conocido de forma adecuada podría convertirse en un camino para sanear de manera adecuada las finanzas de las empresas con problemas.
Mientras en Estados Unidos se utiliza la figura regularmente vía el Chapter 11, ahí tiene la reestructura ordenada que hubo con Aeroméxico, en nuestro país, cuando se habla de concurso mercantil de una empresa, muchos se espantan, por lo que hace falta mayor conocimiento del trabajo que se realiza en esta materia por parte del Ifecom.
Hay ejemplos positivos de que una buena planeación puede revivir una empresa y convertirla a rentable e incluso la envidia del hombre más rico de México, como fue el caso de Altán Redes, que se le inyectó dinero para el rescate, se generó luego un contrato con Walmart para la venta de líneas telefónicas, en donde se usa el espectro de Altán y vimos el éxito que tuvo Bait en Acapulco tras el huracán Otis, el relanzamiento de esa empresa fue generada a través de un concurso mercantil.
Otro caso fue el de Unifin, que al irse a concurso evitó una corrida financiera, y es el caso de insolvencia más grande que ha tenido el país, así como el concurso de los labotarorios Landsteiner Scientific, donde se salvó la unidad productiva.
A estas historias de éxito, hay que sumar la que se hizo con el reciente rescate del Ingenio Puga en el municipio de Tepic, que gobierna Geraldine Ponce, ahí el conciliador y administrador de la empresa, Marco Antonio Campos Maldonado, que ha estado al frente de este y otros concursos, logró poner en marcha por primera vez un ingenio azucarero que estuvo en huelga durante un año, luego de la virtual quiebra técnica a finales de 2022.
En el rescate participó el Grupo Altor con una propuesta que fue no sólo avalada por los acreedores, ya que logró reunir que más del 60 por ciento aceptaran el acuerdo, sino también los trabajadores cañeros respaldaron el plan de trabajo, que hizo que se tuviera el cierre del ciclo de zafra 2024-2025, con una producción de 43 mil 500 toneladas de azúcar y 390 mil toneladas de caña; la meta es que el Ingenio Puga regrese a las producciones históricas de hasta un millón y medio de toneladas de azúcar.
Al final, para los especialistas en concursos mercantiles, estas reestructuras financieras ordenadas deberían ser consideradas también por los bancos, e incluso la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que tomen en cuenta que cuando hay un esquema diseñado para sanear a una empresa, no se tengan que hacer reservas preventivas como si estuvieran en quiebra, ya que eso impide que bancos participen en un proceso que debería ser más utilizado por quienes tienen problemas en el horizonte.
La pelea de Televisa
Un tema interesante que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía un amparo en Revisión 574/2023, fue el que tratará el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentado por Televisa, que tiene al frente a Emilio Azcárraga, para determinar si el sistema normativo impugnado que regula la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es o no constitucional, para que se revise los derechos de seguridad jurídica y libertad de expresión.
Televisa promovió un amparo indirecto en contra de los artículos 3, fracciones VII y XII, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 29, 30, 40, 69 y 73 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por considerar que se violan los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proyecto destaca que los artículos impugnados constituyen un sistema normativo que regula la protección de los derechos patrimoniales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que no es posible entenderlos de manera aislada, pues forman parte del mecanismo establecido para hacer efectivas estas garantías.
La Sala de la Corte analizará este día si el concepto de patrimonio cultural previsto en la norma es acorde al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad —exacta aplicación de la ley— y determinará si es lo suficientemente claro o no como para permitir a las personas destinatarias de la norma conocer sus alcances, por lo que los ministros de la Sala decidirán si el sistema normativo reclamado pretende afectar la libertad de expresión o la libertad de trabajo.
El proyecto público, perteneciente a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone modificar la sentencia; amparar y proteger contra las autoridades y actos precisados, únicamente para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la porción normativa “la interpretación de la ley”.
La locura de las preventas
México se ha convertido en el principal mercado para los artistas de todo el mundo y ha quedado prueba con los récords de conciertos que se han dado, pero también se vienen problemas, dado la alta demanda que se tienen para algunos espectáculos como el de Bad Bunny, donde la fila virtual rebasó más de 400 mil personas, lo que ha generado ya quejas y demandas por la forma en que deja fuera a miles de fans, sin que se sepan los algoritmos. Pero mientras eso sucede, al menos Banamex, que lleva Manuel Romo, así como las empresas de Ticketmaster, más que contentos por el éxito de estas preventas.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.