En estas semanas he escrito sobre aplicaciones o empresas que prestan dinero. Algunas son fachadas para cometer fraudes y robar la información de los incautos y extorsionarlos; otras sí otorgan efectivamente los créditos, en su mayoría montos menores a dos mil pesos, pero muchos de los que acceden a ellos desconocen las tasas de interés que pagan al final por el préstamo.
Si bien es cierto que el riesgo es alto al prestar en el llamado segmento popular o sin historial crediticio, al menos en el sector financiero formal las instituciones están obligadas a mostrar el Costo Anual Total (CAT) que cobran en sus productos, y a desglosar ante el público sus tasas de interés y comisiones por pago tardío, pero en muchas de estas empresas y aplicaciones que operan sin control alguno, las tasas de interés que están aplicando superan al crédito más caro del sistema financiero formal.
Y es ahí donde el mismo Consejo Ciudadano no ha quitado el dedo del renglón. Tras la alerta lanzada en semanas pasadas, los casos siguen saliendo y son muchas más las que cobran intereses ‘irreales’, como aquellas que cobran tasas de interés moratorio anual de 720 por ciento; si solicita prórroga para realizar el pago mensual se le cobra 41 por ciento del monto mensual; si presenta 30 días de atraso, le envían correos donde le notifican que el saldo total se incrementa 2.0 por ciento por cada día sin ponerse al corriente de sus pagos. Así que vaya sumando cuánto puede llegar a ser, eso sin contar que llaman y acosan a sus contactos para que paguen.
Muchas de las empresas se han tratado de defender, pero el Consejo Ciudadano les aclara que, aunque algunas pueden ser empresas legalmente constituidas, eso no significa que su operación sea apegada a la legalidad y a las buenas prácticas del mercado, ya que muchas envían documentos a los clientes donde pueden estar cayendo en responsabilidades civiles, penales o administrativas.
Si bien las alertas cada vez se encienden más, parece que por ahora las autoridades financieras de todos los niveles están dejando pasar y crecer el problema, por lo que lo único que queda por el momento es estar pendientes de los anuncios del Consejo Ciudadano que, contrario a lo que digan, sí tiene las facultades en materia de prevención del delito, consulta e integración de reclamos ciudadanos a las autoridades competentes, que están contenidas en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que se consideran un mandato de ley a cargo sin que deban ser –nos dicen–, estimadas de excesivas o inexistentes, porque alertar y evitar que mexicanos sean víctimas de fraudes o sufran abusos descomunales por la razón que sea, es algo que debe evitarse.
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Y en el otro lado de la moneda, en México, BBVA domina el mercado, además se han enfocado en la innovación tecnológica con éxito, y en ese camino seguramente seguirán dando sorpresas como la que dieron en Brasil, en donde el grupo español alcanzó un acuerdo para invertir 300 millones de dólares en Neon, un banco digital fundado en 2016.
En el país sudamericano la competencia entre los neobancos está a la orden. Nubank, por ejemplo, es toda una revolución y a la cabeza, por lo que el grupo español BBVA va con todo a competir.
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Y en algo que no hay que bajar la guardia es en las estafas. En estos días de San Valentín, la empresa Eset asegura que el fraude de las citas es un gran negocio, al ocupar el octavo lugar entre los delitos cibernéticos más reportados en Estados Unidos y en 2021 las estafas románticas ocuparon el segundo lugar en cuanto a pérdidas, permitiendo a los estafadores recaudar más de 600 millones de dólares, cifra que superó los 500 millones de dólares de 2020. No caigan.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
